Alcalde de Aguachica (Cesar) será arrestado por el caso del Cementerio de Los Pobres

De acuerdo con la JEP, Cesar Robinson Manosalva incumplió la orden de traslado y protección de cuerpos correspondientes a posibles víctimas del conflicto

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El tribunal especial de paz
El tribunal especial de paz ordenó el arresto por cinco días del mandatario municipal. Archivo.

Durante la audiencia de seguimiento de medidas cautelares sobre el cementerio San Martín Los Pobres de Aguachica (Cesar), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el arresto “inconmutable” del alcalde de ese municipio, Cesar Robinson Manosalva, por incumplimientos en la atención de este caso.

De acuerdo con la Sección de Ausencia de Reconocimiento del tribunal, los motivos de la orden de detención se basaron en un incumplimiento del mandatario en el traslado y protección de cuerpos recuperados de ese lugar.

En ese sentido, el escrito de reconsideración y los documentos adjuntos a ese recurso dieron cuenta de una falta a su compromiso para acatar la orden emitida por la jurisdicción. De igual manera, la JEP estableció que la medida “busca proteger y ayudar en la identificación de cuerpos que se presume podrían ser víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado”.

La Sección del tribunal especial también ordenó que el arresto contra Manosalva será por cinco días y lo tendrá que cumplir en las instalaciones de la estación de Policía del municipio o en cualquier otra del departamento.

Dentro de la audiencia, el magistrado Raúl Sánchez, de la Sala de Ausencia de Reconocimiento, llamó la atención tanto del Gobierno local como nacional por la desatención en el caso del cementerio de Aguachica y el incumplimiento de las medidas cautelares.

“En el desarrollo de la audiencia, la SAR (Sección de Ausencia de Reconocimiento) ha podido confirmar una serie de órdenes incumplidas en los diversos requerimientos, tal como se ha expresado en el estrado”, manifestó el togado.

Además, señaló una falta de coordinación entre las instituciones correspondientes de atender el caso de Los Pobres, así como la inexistencia de políticas públicas para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y víctimas de desaparición forzada durante el conflicto interno.

Para la JEP, también hubo una ausencia presupuestal que fue entendida como una “situación grave” que afecta los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna de cuerpos de personas desaparecidas a sus familiares.

Bajo ese contexto, la Sección de la jurisdicción especial resolvió, además de la orden de captura contra el alcalde Manosalva, pidió ampliar a un año la medida cautelar determinada en 2020. En ese orden, la prórroga irá desde el 1 de junio de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024.

Además, instó al Ministerio del Interior a instalar una mesa interinstitucional junto con las carteras de Hacienda, Salud, Justicia, Defensa; la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –Ubpd– , Planeación Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP –UIA– que tenga como primer objetivo el diseño de una política pública de intervención de cementerios que abarcan la medida.

“El Ministerio del Interior deberá presentar a la SAR esta política pública en un término de 90 días”, añadió la magistratura.

¿Qué es el Cementerio de Los Pobres?

En Aguachica, personas de bajos recursos del municipio utilizaron por varios años un predio privado como cementerio. Este terreno, denominado antes como Los mangos, pasó a ser el cementerio de Los Pobres en el barrio San Martín de este municipio.

Tras una tutela, los cuerpos fueron trasladados de lugar por parte de personal poco idóneo para esas labores. Por ello, la JEP advirtió una posible existencia de cuerpos sin identificar.

Sumado a eso, en ese predio habría más cuerpos inhumados de personas reportadas como desaparecidas durante el conflicto armado. El tribunal especial también halló que fueron intervenidos 28 cuerpos no identificados de forma “antitécnica”, motivo por el cual había decretado en abril de 2020 medidas cautelares por dos años para la suspensión de exhumaciones.

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