Denunciaron a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por extralimitación de funciones

Desde la oposición al presidente Gustavo Petro insisten en que sus declaraciones como jefe del fiscal general de la Nación deben ser investigadas. Un ciudadano, militante del Centro Democrático, denunció al mandatario ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por presuntamente haber incurrido en dos delitos en medio de su pelea con Francisco Barbosa.

La denuncia fue interpuesta por Carlos Flórez, abogado y exedil de Usaquén, quien sostiene que el presidente Petro podría haber cometido prevaricato al “intentar interferir en investigaciones judiciales en curso. Además, porque habría infringido la constitución y atentado contra la independencia de la Rama Judicial, al asegurar que era el jefe del fiscal General, Francisco Barbosa”.

La razón radica en los mensajes del presidente Petro a través de su cuenta de Twitter, en las que difundió una denuncia de La Nueva Prensa en la que se señalaba a la Fiscalía y al delegado Daniel Hernández de no haber evitado 200 homicidios que, supuestamente, conocía de antemano, al no haber expedido órdenes de captura contra 14 cabecillas del Clan del Golfo que los habían ordenado.

“El Estado no puede cruzarse de brazos ante las denuncias tan graves que viene haciendo el periodista Guillén sobre centenares de homicidios y desaparición de ciudadanos por el Clan del Golfo. De ello informó con antelación un funcionario del CTI a altos miembros de la Fiscalía y estos se negaron a actuar, permitiendo las muertes”, escribió el jefe de Estado.

El abogado Flórez señala que esta situación llevaría a una presunta extralimitación de funciones, debido a que la investigación se encuentra en curso y no hay una decisión en firme al respecto. El caso se reasignó al fiscal Hernández en 2020 y él ordenó una reescucha de las interceptaciones para verificar si hubo corrupción dentro de la investigación por homicidios que habrían podido evitarse.

Esas solicitudes generaron la respuesta del fiscal general Barbosa, quien rechazó que el presidente exigiera empujar investigaciones, por encima de los canales institucionales. “Él no es el fiscal general de la Nación y nadie lo eligió para ser fiscal. El fiscal soy yo”, aseguró desde un foro de justicia restaurativa.

El presidente, en respuesta, señaló que él era el jefe de Estado y por tanto, en su concepto, también de la Fiscalía. Esa interpretación errada de los poderes públicos generó un rechazo desde la Corte Suprema de Justicia y la Rama Judicial por desconocer la independencia, que llevaron al mandatario a retractarse unas horas después por medio de un comunicado público.

Esas exigencias, según el abogado Flórez, no se dan por medio de “la vía de colaboración armónica de los poderes, sino en código de jerarquía, al creerse superior jerárquico del fiscal general, cuando no lo es”, lo que constituiría un posible prevaricato. Así lo incluyó en su denuncia contra el mandatario frente el ente encargado de investigar sus posibles faltas, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

“El presidente públicamente ha lanzado acusaciones temerarias en contra del fiscal que lleva el caso y, más grave aún, ha dicho que por ser jefe del Estado es jefe del fiscal general de la Nación, con lo que rompe el principio de separación de poderes y la autonomía e independencia de la rama judicial. Esperamos que la Comisión de Acusación siente un precedente que permita proteger el orden constitucional y la autonomía e independencia de la justicia”, aseguró Flórez al presentar la denuncia.

Esta es la segunda denuncia puesta contra el presidente en la Comisión de Acusación. La primera fue radicada por el fiscal Hernández, quien acusó al mandatario de violación de datos personales porque en la información compartida se encontraba una imagen de un chat de WhatsApp dirigido a él en la que se veía la foto de su hijo menor.