La empresa Triple A, que recientemente volvió a ser propiedad del Distrito de Barranquilla, adelantó un trabajo en colaboración con la Gobernación del Atlántico, el Acueducto Regional Costero y las alcaldías de Piojó, Usiacurí, Tubará y Juan de Acosta, para combatir el robo de agua potable en la región.
Por medio de un comité se establecieron algunas medidas para que esta problemática sea solucionada y no afecte la calidad de vida de otras familias en el departamento de Atlántico.
“Para que tengan una idea, con el agua que se roban podríamos llenar 150 piscinas olímpicas o incluso suministrar servicio a una población de un promedio de 100 mil habitantes como el municipio de Sabanalarga”, manifestó el gerente general de la compañía, Jairo De Castro.
Además, señaló que los operativos han sido intensificados y que el sistema costero estará más protegido.
La extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión, pero la falta de información y de medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad.
El gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla mencionó que las derivaciones ilegales generan problemas en el sistema en general, ya que ocasionan la disminución del volumen de agua, bajas presiones y fugas, situaciones que terminan perjudicando a otros ciudadanos y otras poblaciones.
El comité integrado por las autoridades en mención y la gerencia de la compañía, determinó que esta situación está generando un alto impacto a lo largo de los 90 kilómetros de línea de conducción y distribución de este sistema.
La Estación Delicias (ubicada en el norte de Barranquilla) es una de las más afectadas debido a que es una de las principales del acueducto regional, esta envía más de 750 mil metros cúbicos de agua potable.
El agua que es desviada con conexiones ilegales llega a predios privados, entre ellos, empresas y fincas privadas que en un alto porcentaje se dedican a la agroindustria, sector que requiere de un alto consumo del líquido.
“Hay que denunciar los predios formales e informales que perforan las tuberías y roban el agua de las poblaciones costeras, desconectarlos, hacerles seguimiento y judicializarlos con ayuda de las autoridades”, aseveró De Castro.
Sobre la Triple A
La empresa que hizo parte del Distrito de Barranquilla, luego fue vendida —en su gran mayoría de acciones— a una empresa extranjera y posterior a ello quedó en propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por problemas judiciales, finalmente fue recuperada por la Alcaldía de la capital atlanticense tras la intervención del Ministerio Público.
Después de sancionar a Daniel Rojas y luego devolverle el cargo como director de la SAE, la Procuraduría instauró una mesa de trabajo con el propósito de darle solución definitiva a la venta del paquete accionario de la Triple A el cual estaba avaluado en más de 500.000 millones de pesos.
Al término de la reunión que se llevó a cabo el 16 de febrero, la Procuraduría le ordenó a la SAE, entregar las acciones de la empresa de aseo, acueducto y alcantarillado, al Distrito de Barranquilla, las cuales correspondían al 82,16% del valor total de la compañía.
“Como uno de los grandes puntos de conclusión, los negociadores acordaron que la entrega de las acciones sea inmediata y que la gran mayoría del paquete accionario quede en manos de entidades públicas, que podría ser EPM”, indicó la Procuraduría en un comunicado oficial.
Esta transacción no se realizó únicamente por orden de la Procuraduría. Para llegar a este acuerdo, primero se aclaró que el Distrito ya había pagado una cifra cercana a los 300.000 millones de pesos para adquirir estas acciones, y en segunda instancia, la administración de la ciudad se comprometió a buscar un nuevo socio público.
Lo último debido a que las acciones quedaron en poder de K-yena S.A.S, que es una compañía de condición mixta, es decir, cuenta con un porcentaje de acciones del Estado y otras, hacen parte de accionistas privados.
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