
Durante el miércoles 22 de febrero, el alto comisionado para la Paz Danilo Rueda aseguró que los sistemas de monitoreo del cese al fuego pactado con cuatro estructuras criminales. Dicho pronunciamiento fue emitido debido a los reiterados ataques de disidencias de las extintas Farc contra la fuerza pública y la población en diferentes zonas del país.
Sobre esto, el funcionario manifestó que ese mecanismo ha acudido “a diversos puntos para aclarar y precisar diferentes puntos y hechos de orden públicos. Nada de lo que suceda en el país, cualquier hecho lo estamos atendiendo de manera inmediata”. Sin embargo, uno de los recientes ataques de estos grupos residuales probaría que dichos reductos no están acatando el cese de hostilidades.
Justamente el miércoles 22 se registró un atentado con explosivos por parte del Estado Mayor Central de las Farc, uno de los grupos residuales más grandes del país. El hecho ocurrió en la vereda Los Kioskos, ubicada al occidente del departamento del Huila. Allí un soldado murió y otro resultó herido cuando una patrulla motorizada recibió el impacto de un artefacto que detonó cuando estaba pasando.
Al respecto, el Ejército Nacional aseguró que esta acción “infringe los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario” e informó que el suboficial que resultó herido fue trasladado a un centro asistencial cercano. Esta fue considerada como una de las mayores violaciones al cese al fuego bilateral desde que fue pactado mediante el decreto 2656 del 31 de diciembre de 2022 y firmado por el presidente Gustavo Petro.
Dicha reglamentación establece, en el artículo cinco, que se debe configurar un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional. Esta medida, integrada por el Ministerio de Defensa, la oficina del alto comisionado para la paz, la estructura armada, la iglesia Católica y las organizaciones sociales de los territorios donde está presente dicho actor ilegal.
“Serán parte igualmente del (mecanismo), si así los deciden, el Consejo Mundial de Iglesias, y un componente internacional conformado por la II Misión de Verificación (paz) de la ONU en Colombia y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA”, precisa también el decreto.
Ahora, con respecto al atentado perpetrado en Huila, horas después el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que están evaluando la muerte de un soldado en un atentado con explosivos perpetrado por disidencias de las Farc, en el suroeste del país, para valorar si se considera una violación del cese el fuego bilateral.
Por el asesinato del soldado Wilmer Vargas, el ministro afirmó que estructuras de las disidencias de las Farc como la ‘Dagoberto Ramos’ o ‘Jaime Martínez’ actúan en contravía al cese al fuego. “El Estado Mayor Central debe definir instrucciones impartidas a sus estructuras”, puntualizó el funcionario.
También agregó, respecto al cese bilateral, que existen mecanismos de veeduría monitoreo y verificación y que espera que se hagan de manera ágil para esclarecer incidentes como el ataque de las disidencias Farc en Huila que dejó al soldado muerto.
De igual manera, le envió un mensaje al alto comisionado y enfatizó en que, por los hechos que han presentado contra la fuerza pública y civiles, “particularmente de estructuras que operan en el occidente del país, parece que no existiera una unidad real y que estuvieran actuando por su cuenta sin acatar un mando central”.
Cabe mencionar que el 8 de febrero el Gobierno anunció un protocolo de medidas contempladas dentro del cese al fuego con esa estructura. Concretamente, este mecanismo incluye medidas de “para su implementación, incluido el establecimiento de un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que emitirá conceptos técnicos” y, a su vez, redactará recomendaciones para la prevención y atención de posibles incumplimientos a lo acordado, de acuerdo con el comunicado.
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