Colombia no podía votar en algunos organismos mutilaterales por no haber pagado sus cuentas: el país debía 115 mil millones de pesos

La Cancillería informó que Colombia pagó una deuda que tenía con organismos internacionales desde 2017 que llegó a ser de unos $115.000 millones, es decir, unos 23 millones de dólares al cambio de hoy.

En el programa radial de la Presidencia, ‘Colombia Hoy’, la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, aseguró que el país era uno de los “grandes morosos del sistema internacional”. “El Gobierno anterior (del entonces presidente Iván Duque) llegó a tener 115.000 millones de pesos en deudas de las cuotas obligatorias que uno paga a los organismos internacionales”, manifestó la funcionaria.

Según lo explicado por la viceministra, estas cuotas corresponden a las que cada Estado debe pagar a los organismos internacionales “conforme a su población, a su economía y con una fórmula muy complicada”.

“Nosotros éramos morosos al punto -y esto es lo que es indignante y una vergüenza para Colombia- de que nuestros diplomáticos en algunos organismos internacionales cuando llegaba el momento de la votación se tenían que levantar e irse”, dijo la funcionaria de la Cancillería.

Agregó además que “hemos reparado eso, me complace compartir con el país que hoy Colombia está al día. El Gobierno del cambio se puso al día y nuestra intención es que seamos buena paga”.

Colombia solicitará retirar la hoja de coca de la lista de sustancias prohibidas a la Comisión de Estupefacientes de la ONU

Otro de los anuncios hechos por la viceministra es que Colombia acompañará a Bolivia en la petición ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas para que la hoja de coca deje de hacer parte de hacer parte de la lista de sustancias prohibidas. Esta solicitud no incluiría a la cocaína, el alcaloide derivado de la planta que es central para el narcotráfico nacional.

La funcionaria dijo que “vamos a reivindicar el uso lícito de la hoja de coca, lo haremos al lado de Bolivia”, como parte de la presentación ante la Comisión de la ONU del nuevo enfoque de la política de drogas que plantea adelantar el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La sesión número 66 se desarrollará entre el 13 y el 17 de marzo en Viena, (Austria), donde según Gil, se presentarán las bases de la nueva política de drogas que se construye entre los ministerios de Justicia y de Defensa, que busca abordar el problema desde una nueva perspectiva.

La viceministra explicó que expondrán una desproporción de las penas en los diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico, en la que proponen castigar a los más poderosos y proteger a los más vulnerables, como los campesinos, que reciben castigos desproporcionados.

Bolivia abanderó la solicitud del uso lícito de la hoja de coca desde hace más de una década, cuando renunció a la Comisión de Estupefacientes. En 2012 se volvió a adherir, pero presentó una reserva sobre la masticación de la planta, que hace parte de su cultura.

Solo 15 países se opusieron a la reserva de Bolivia y varios se adhirieron, por lo que el país pudo volver a ser parte de esa Comisión. Ahora, ambos países “consideran que es el momento de volver a poner el tema sobre el tapete” y están discutiendo cómo hacer para que la hoja de coca sea sacada del listado de prohibición.

La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes controla el arbusto de hoja de coca y considera la hoja como un estupefaciente, así como el alcaloide que contiene que es utilizado para la producción de cocaína. Lo que buscan ambos países es que la planta pueda ser cultivada y utilizada principalmente en los usos tradicionales como el ‘mambe’ que es común en algunas comunidades indígenas.