Las versiones del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, del 6 de febrero en las que denunció que dos funcionarios de la Dirección Seccional Antioquia y una funcionaria judicial fueron secuestrados e interrogados por hombres del Clan del Golfo el 3 del mismo mes, fueron desmentidas por el grupo armado ilegal
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el secuestro se presentó cuando los funcionarios del municipio de Tarazá se movilizaban en un vehículo particular por la vía que conduce de Cáceres a Medellín. A la altura de Valdivia, casi a la mitad del trayecto, fueron interceptados por 12 sujetos fuertemente armados.
Los funcionarios habrían sido movilizados por las vías del departamento e incluso manifestaron que en ese recorrido pasaron por tres puestos de control del Ejército y la Policía, que según el fiscal Barbosa, “no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”.
Pero la versión del Clan del Golfo es otra. “Nuestros hombres reciben la información por parte de la comunidad, sobre la presencia de unas personas que se encontraban realizando estafa como venta de oro falsificado y se obtienen las características del vehículo en el que se movilizaban los presuntos estafadores”.
En su relato, el grupo armado afirmó que detuvo el carro en el cual se transportaban los funcionarios del ente investigador por tener “características similares”.
A lo que el Clan del Golfo agregó:
Durante su intervención, el fiscal general expresó que designó un equipo de investigadores que recolectaron evidencia técnica de la presencia del Clan del Golfo en la zona. “Además, cuentan con pruebas de que una de las personas que tuvo secuestrados a los funcionarios fue Gonzalo Sánchez Sánchez alias Gonzalito”, dijo Francisco Barbosa ante los medios de comunicación.
Estas afirmaciones también fueron rechazadas por el Clan del Golfo:
Por el secuestro de los funcionarios, Barbosa decidió cerrar la sede del municipio de Tarazá y trasladar la atención a Medellín, debido a que consideran que no se cuentan con las condiciones de seguridad para que los funcionarios puedan administrar justicia en ese territorio.
El comunicado del Clan del Golfo finalizó anunciando que después de conocer la identidad de las personas retenidas, “se les pidió disculpas y se les facilitó su marcha”, se lee en el comunicado con fecha de 8 de febrero, pero que fue conocido el viernes 10.
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