Paz total: reacciones a narcos posiblemente colados en programa del Gobierno

El sábado 28 de enero, algunos influenciadores y políticos —incluido el presidente de la República, Gustavo Petro— han dado su opinión frente a una serie de denuncias de personas vinculadas con el narcotráfico y condenadas —algunas de ellas con pedido de extradición a los Estados Unidos— que habrían pagado millonarias sumas para ser incluidas en la política de Gobierno de la Paz Total.

En su más reciente publicación impresa, la revista Semana publicó casos como el de José Omar Henao Acevedo, señalado de haber comandando Los Pachelly, grupo armado organizado que habría mostrado su voluntad de participar en la iniciativa. Según la publicación, que a la vez referencia a una fuente anónima del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Henao habría pagado hasta 120 millones de pesos para ser trasladado a Itagüí, pero habría perdido el dinero porque ya estaba decidido su envío a La Picota de Bogotá.

El medio de comunicación también hace referencia a un extraditado, a quien denominan como alias Álex: supuestamente, este sindicado hizo un pago de un millón de dólares a una ONG —que tampoco se determina— para que se le garantizara la no extradición y la libertad, inclusive, bajo esta política.

En la publicación, además, se mencionó varias veces el nombre de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, quien había sido visto en reuniones en el pabellón de extraditables de La Picota en abril, en plena campaña presidencial. Aunque en su momento él sostuvo que fue en calidad de misionero de la Comisión Intereclesiástica de Justicia, Paz y Reconciliación, un sector de la sociedad aún conserva la idea de que Juan Fernando estuvo allí para negociar amnistías a cambio del voto por su hermano.

El primero en reaccionar ante este escándalo fue, precisamente, el jefe de Estado. “Las expectativas de paz que hemos generado son negocio también para avivatos. Nadie puede negociar paz que no sea nuestro comisionado Danilo Rueda. Ni militantes, ni abogados, ni funcionarios, ni familiares míos en cualquier nivel están facultados para negociar la paz”, dijo Petro a través de su cuenta de Twitter.

Por supuesto, esta declaración no satisfizo a varios de sus críticos, porque de todas maneras opinaron sobre esta denuncia. El primero de ellos fue el excandidato presidencial por el Movimiento de Salvación Nacional y acérrimo opositor del Gobierno de Petro, Enrique Gómez Martínez: “Esto lo advertimos una y otra vez desde hace un año: la impunidad de Petro es la venta de beneficios para narcoguerrilleros y narcos puros”, manifestó.

El hijo de Gómez y militante del mismo partido, Nicolás Gómez Arenas, también opinó al respecto: “el cambio= mayor lavado de penas y activos= La Paz total”. Luego, cuando Petro respondió, añadió: “¿O sea que sí hay perlas del cambio negociando los cupos de impunidad? No es paz total, es el negocio total”.

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante el mandato de Iván Duque, Víctor Muñoz, sentenció: “no se sabe qué es peor: narcos que quieren colarse en el proceso como gestores de paz, primera línea que cometió delitos, como lo han dicho fiscalía y jueces, pero que ahora quieren hacer parecer como angelitos, o las masacres que crecen día a día en zonas inundadas de narcotráfico”.

El exalto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, dijo que, “Esto ya va pasando de castaño a oscuro”. El senador por el partido Alianza Verde, Jota Pe Hernández, exclamó “¡ESTO ES GRAVÍSIMO!”, mientras que el influenciador y abogado Daniel Briceño aseguró que “El proceso de paz de Gustavo Petro es una completa farsa”. Su homóloga, Ana Abello, añadió que esto es “igual que en el acuerdo de paz de Santos. Se repite la historia, los victimarios buscan impunidad y la víctimas al olvido”.