
La crisis de Venezuela ha dado un giro sombrío en los días pasados.
Los disturbios y los saqueos han estallado en el estado rural de Barinas, y dejaron ocho muertos más docenas de heridos. El sábado, en una de las plazas principales de Caracas, una muchedumbre de "justicieros" bañó a un joven con gasolina y le prendió fuego. Y en varios barrios de la capital los manifestantes encapuchados instalaron barricadas, llamadas "guarimbas", para exigirles pagos a los autos que pasan.
Después de siete semanas de protestas casi diarias, un estado de anarquía se dispersa por todo Venezuela. Tanto el gobierno como los líderes de la oposición —quienes insisten en la no-violencia— parecen perder el control.
Las fuerzas de seguridad venezolanas y las pandillas motorizadas pro-gobierno, conocidos como "colectivos", han enfrentado los disturbios con cada vez mayor fuerza, y en algunos casos con disparos letales, lo cual empeoró las cosas. Al menos 50 personas han muerto en las últimas siete semanas.
"El peligro es que una espiral de violencia supere la capacidad de ambos lados para controlarla", dijo Phil Gunson, un analista del Grupo Internacional de Crisis con sede en Caracas, y agregó que el caos de los últimos días parece haber "cruzado otro límite".

"Mientas más gente muere, más crece la ira, y más dispuesto está el gobierno a responder con mucho más violencia", dijo Gunson.
Pero mucha más violencia aun podría estar en camino tras el anuncio de una votación a finales de julio para elegir una Asamblea Constituyente con el poder de reescribir la Constitución de Venezuela. Los oponentes de Maduro boicotean la asamblea, a la que ven como un golpe final a la democracia, e instaron a los manifestantes a regresar a las calles.
En una entrevista, el líder opositor Henrique Capriles dijo que el gobierno, y no los manifestantes, es el culpable de la revuelta mortal. Acusó a Nicolás Maduro de orquestar la violencia y los saqueos crecientes.
La oposición venezolana ha organizado marchas multitudinarias con cientos de miles de manifestantes, que en su mayoría protestan de manera pacífica, pero algunos grupos pequeños —en general hombres jóvenes, encapuchados y con máscaras de gas— han lanzado cócteles molotov contra la policía, para bombardearla con excrementos, o han incendiado vehículos oficiales.
O peor, según el gobierno, han prendido fuego a personas. En una escena terrible que documentaron los fotógrafos, unos enmascarados golpearon y apuñalaron a Orlando José Figueroa, de 21 años, lo rociaron con gasolina y lo encendieron.
Se sospechaba que era un espía oficialista, según varias versiones. Otros alegaron que era un ladrón.
El joven sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el 80% de su cuerpo, pero sobrevivió.

Maduro afirmó que Figueroa y otros han sido blanco simplemente por expresar su apoyo por el fallecido Hugo Chávez, el presidente que inició el camino socialista en Venezuela y que el gobierno actual continúa. Maduro llamó al intento de linchamiento "un crimen contra la humanidad", y dijo que él y otros miembros del gobierno eran "los nuevos judíos", en alusión a las persecuciones del nazismo.
En la capital de Barinas, el estado natal de Chávez llamado cuna de su revolución bolivariana, el supuesto asesinato de un manifestante provocó la furia de una multitud, que atacó edificios del gobierno y saqueó tiendas. Al menos ocho personas murieron y más de 50 resultaron heridas.
Rafael Uzcátegui, director del grupo de derechos Provea, dijo que la violencia creciente parece ser el resultado de la frustración de los manifestantes con el estancamiento político entre el gobierno y la oposición, así como una respuesta emocional a la creciente fuerza de la policía y las tropas de la seguridad nacional.
Gunson, del Grupo Internacional de Crisis, dijo que no cree que los líderes de la oposición de Venezuela puedan controlar la agitación de las masas. "Solo una decisión del gobierno de reducir la intensidad lo conseguiría, y no hay ninguna señal de eso", dijo. "Todo lo contrario".
Las autoridades también fijaron el 10 de diciembre como la fecha para las elecciones regionales, que se debían de haber celebrado en el 2016.
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