La ONG venezolana Somos denunció que a Johana Trujillo, una mujer transgénero que compitió en una carrera y ganó en la categoría femenina, no le fue entregado el premio y le prohibieron subirse al podio debido, según los organizadores de la competición, a reclamos de otras participantes.
La atleta “resultó ganadora de la caminata de cinco kilómetros de la Universidad de los Andes (ULA) en el estado Táchira (oeste). No obstante, el comité organizador del evento se negó a otorgar el premio e impidieron subirse al podio aduciendo reclamos de otras participantes”, indicó la ONG a través de Twitter.
“Repudiamos estos actos abiertamente transfóbicos y advertimos que la ULA aprobó en Consejo Universitario un acuerdo que declara a la universidad territorio libre de LGBTIQfobia”, prosigue la denuncia de la organización no gubernamental que pide a la casa de estudios “reconocer a las personas trans en todos sus espacios”.
Asimismo, Somos rechaza la propuesta de abrir una categoría trans en espacios deportivos “pues carece de basamento científico y representa acto de segregación”. Algunos medios locales aseguran que, tras los reclamos de otras participantes, a Trujillo la “reconocieron” en esa categoría.
“Advertimos la peligrosidad de reproducir discursos de odio que amenazan (la) seguridad y dignidad de las personas trans en la ULA”, añadió la ONG.
Las personas abiertamente LGBTI en Venezuela sufren varias formas de discriminación. Por ejemplo, la Ley de Registro Civil indica que toda persona podrá cambiar su nombre propio “cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”.
Pese a esta ley aprobada en 2009, las personas trans no han podido obtener documentos de identidad acorde con su género.
Las cifras de la discriminación
“A partir de abril (y) hasta septiembre de 2022 el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ ha documentado un total de 37 casos de violencia que se centran en violencia física, discursos de odio y agresiones discriminatorias en lugares públicos y privados”, indicó su primer informe, que comenzó sus observaciones en abril, seis meses antes de hacer su presentación pública.
Destacó que, de estos hechos, el 29,73 % fueron ejecutados por dirigentes políticos y funcionarios del Estado, quienes “abarcan la promoción de leyes discriminatorios, discursos de odio, comentarios lgbtiqfobicos y ataques directos a activistas”.
Asimismo, apuntó que el 27,03 % de los casos computados fueron actos de discriminación y homofobia en espacios públicos que incluyen “acoso, amedrentamiento, persecución y prohibición de permanecer en los espacios”.
Otro 16,22 % de casos fue por abuso policial, el 13,51 % tuvo lugar en manifestaciones de organizaciones civiles de “carácter religioso” que buscaron obstaculizar iniciativas legales, y el 5,40 % fueron hechos de violencia en entornos familiares, mientras que no especifica a qué hechos se refiere el 8,11 % restante.
El observatorio detalló que el 41,6 % de los casos afectó a la comunidad LGBTI en general, como los ataques públicos de políticos, entre otros, mientras que, individualmente, “el 25 % de las víctimas fueron hombres homosexuales, el 25 % fueron mujeres trans y el 8,4 % fueron víctimas mixtas”.
El pasado 6 de octubre, un grupo de jóvenes presentó el Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, cuyo propósito es recolectar, documentar, sistematizar y visibilizar datos e información de hechos discriminatorios”, explicó Jeffrey Rodríguez, uno de los fundadores.
(con información de EFE)
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