La Corte Penal Internacional investiga a Nicolás Maduro: qué pasó con los otros dictadores juzgados en La Haya

El dictador Nicolás Maduro y la cúpula del régimen chavista están en la mira de la justicia internacional. A fines de 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció una investigación formal por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

La Haya y su fiscal Karim Khan trabajan hace meses en la causa formal contra el régimen de Venezuela por la brutal represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017.

La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió la investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la represión de protestas contra el gobierno de Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas. La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, ya había dejado sentado que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigarlos. Pero la decisión de Khan deja atrás el término “preliminar” y vuelve real y dramáticamente preocupante el proceso para el régimen y sus jerarcas.

Maduro hizo todo lo que pudo para dilatar el proceso en la CPI. Sabe, como también lo sabe su aliado Vladimir Putin que por estos días enfrenta el mismo temor por sus crímenes de guerra en Ucrania, que una vez que comienza el proceso muy probablemente termine engrosando la lista negra de tiranos condenados que incluye también a Slobodan Milosevic (Yugoslavia), Muammar Gaddafi (Libia), Omar al-Bashir (Sudán), Laurent Gbagbo (Costa de Marfil), y Jean Kambanda (Ruanda).

La CPI es un tribunal de última instancia que sólo interviene cuando los Estados no llevan a cabo investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados. La sentencia máxima es de 30 años de prisión -el órgano cuenta con una instalación propia en La Haya, donde también se ubica el tribunal- pero en circunstancias excepcionales puede dictar cadena perpetua.

A la fecha, un total de 34 personas han sido procesadas por la Corte Penal Internacional desde su concepción en 1998 mediante el Estatuto de Roma. No obstante, no todos han terminado tras las rejas. 12 criminales se encuentran prófugos, y 2 de ellos murieron antes de ser atrapados.

La pena se puede cumplir en la sede de La Haya, en los Países Bajos, o en otra nación, de acuerdo a los convenios que puedan rubricar la Corte y otros países.

Hasta el momento, la condena más alta emitida por la CPI fue la impuesta al ex jefe guerrillero congoleño Bosco Ntaganda, quien en noviembre de 2019 fue sentenciado a 30 años de cárcel por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la República Democrática del Congo.

La mayoría de los procesados, condenados y detenidos por la CPI han sido líderes rebeldes o militares, en gran medida de países africanos. El caso más reciente es el de Dominic Ongwen, un niño soldado convertido en comandante de la brutal rebelión del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), que opera en el norte de Uganda, que en mayo de este año fue condenado a 25 años de cárcel tras ser declarado culpable de 61 cargos.

Más corta es la lista de jefes de Estado o presidentes investigados. De esta manera, tras la decisión del fiscal Karim Khan, Maduro se suma a esa lista negra que incluye también a Slobodan Milosevic (Yugoslavia), Muammar Gaddafi (Libia), Omar al-Bashir (Sudán), Laurent Gbagbo (Costa de Marfil), y Jean Kambanda (Ruanda). Todos ellos han sido procesados por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio.

A continuación, el caso de cada uno de ellos.

Slobodan Milosevic

Nacido en la localidad serbia de Požarevac, Milosevic fue elegido presidente de la República Socialista de Serbia en mayo de 1989. Con su llegada al poder, y tras la caída de regímenes comunistas en Europa del Este, potenció un fuerte discurso nacionalista. Después de 13 años de un gobierno en el que alimentó el conflicto étnico y los asesinatos en masa en la antigua Yugoslavia, que gobernó de 1997 a 2000, el líder fue derrocado por un levantamiento popular ese último 2000.

En 2001, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia solicitó la detención de Milosevic, que fue concedida por las nuevas autoridades serbias. El 1 de abril de ese año, y luego de dos días de violenta resistencia en su casa, el dictador acordó su entrega en Belgrado y fue trasladado a La Haya.

En la ciudad holandesa se le inició un proceso legal por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio, durante la guerra de Yugoslavia. Más específicamente estaba acusado por su papel en los conflictos de Bosnia (1992-1995), Croacia (1991-1995) y Kosovo (1998-1999). Según la acusación de la CPI, el objetivo de Milosevic en esos conflictos era crear una “Gran Serbia” que congregara en un solo Estado a todos los serbios de la antigua Yugoslavia.

Se convirtió así en el primer ex jefe de Estado que comparecía ante un tribunal internacional en el proceso más importante por crímenes de guerra en Europa después del de Nüremberg (1945-1946). El 11 de marzo de 2006, fue hallado muerto en su celda, en el centro de detención del tribunal penal en Scheveningen, en La Haya.

Por su parte, este año jueces internacionales presentaron su veredicto sobre la apelación del ex jefe militar serbiobosnio Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Bosnia, entre 1992 y 1995.

Fue encontrado culpable de diez de los 11 cargos que había en su contra y solo fue absuelto del crimen de genocidio en unos pocos municipios bosnios. Toda su apelación fue rechazada. Ya pasó una década en la cárcel de La Haya y ahora le queda el resto de su vida encerrado, después de que el tribunal haya confirmado el fallo en apelación.

Apodado el “Carnicero de los Balcanes”, el ex general fue sentenciado en primera instancia en 2017 por su papel en la masacre de Srebrenica, la peor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que la justicia internacional catalogó como un acto de genocidio.

Mladic fue detenido en 2011 después de 16 años en fuga y permanece bajo custodia en La Haya.

Muammar Gaddafi

El dictador libio condujo su país durante cuatro décadas, desde 1969 hasta 2011. En febrero de 2011 se desató una ola de manifestaciones populares demandando al gobernante reformas políticas y económicas. La respuesta fue una dura represión, que dejó varios muertos y heridos.

La Corte Penal Internacional ordenó la captura de Gaddafi; de su hijo, Saif el Islam; y de Abdulá Senusi, jefe del espionaje interior, por crímenes de lesa humanidad. Sanji Monageng, presidente de la sala que pidió la detención del dictador libio, indicó que los acusados controlaban “el aparato estatal y a las fuerzas armadas que atacaron a la población durante las revueltas”.

El conflicto llevó a una rebelión a gran escala y a un conflicto armado, que contó con el apoyo de la OTAN y otros países aliados a los opositores. Cuando las tropas opositoras lograron el control de la capital, Gaddafi huyó a Sirte.

El dictador no llegó a ser trasladado a La Haya, ya que en septiembre de 2011 fue capturado por las milicias de Misrata y ejecutado.

Omar al-Bashir

El teniente general gobernó Sudán por 30 años, entre 1993 y 2019. En marzo de 2009, la Corte Penal ordenó su captura por crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Darfur, donde al menos 300.000 personas fueron asesinadas en 2003. Fue el primer jefe de Estado en ser acusado por la CPI. En 2010, el tribunal lo volvió a acusar de genocidio.

El ex dictador, conocido como “el carnicero de Darfur”, fue derrocado en abril de 2019 luego de las masivas protestas que comenzaron en diciembre de 2018, a raíz de la profunda crisis económica que todavía sufre el país.

Ante el descontento popular, el Ejército sudanés derrocó a Al-Bashir, de 76 años, quien actualmente se encuentra encarcelado en Jartum.

El pasado mes de agosto el Gobierno de Sudán confirmó al fiscal de la CPI, Karim Khan, su intención de entregar a a los ex dirigentes a los que acusa de crímenes de guerra en Darfur, entre ellos el ex dictador Omar Al Bashir, según informó el Ministerio de Exteriores local.

Jean Kambanda

Fue el primer ministro durante el gobierno interino de Ruanda desde el comienzo del genocidio en 1994.

El 18 de julio de 1997 fue arrestado en Nairobi, capital de Kenia, y trasladado al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que fue creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en noviembre de 1994 para arrestar, juzgar y condenar a los autores o promotores del genocidio que provocó el asesinato de entre quinientos mil y un millón de personas de la población tutsi.

El 4 de septiembre de 1998, el Tribunal condenó a Kambanda a cadena perpetua por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Laurent Gbagbo

Presidente de Costa de Marfil entre 2000 y 2011, fue el primer ex jefe de Estado bajo custodia de la CPI en 2011.

Tras las elecciones de 2010 se desató un escenario de violencia, luego de que Gbagbo se declarara vencedor en las presidenciales, cuando la comisión electoral independiente lo había dado el triunfo al opositor Alassane Ouattara. La comunidad internacional reconoció al opositor como ganador, e impuso sanciones económicas a Gbagbo.

En el marco de la guerra civil, también hubo intervención militar, sobre todo tropas francesas. El 11 de abril de 2011, Gbagbo fue detenido en el búnker en el que se había recluido durante varios días por las fuerzas que respondían al electo Ouattara.

En noviembre de ese año fue extraditado a La Haya para ser juzgado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad durante la violencia postelectoral que dejó cientos de muertos.

Nicolás Maduro

El dictador venezolano cuenta con decenas de denuncias por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de parte de diferentes organismos como la OEA y la ONU. En su informe, la CPI apunta directamente contra los cuerpos de seguridad que responden a Maduro: la Policía Nacional Bolivariana; (“PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“SEBIN”), la Dirección General; de Contrainteligencia Militar (“DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”)”.

El documento también hace referencia a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como “colectivos”, e indica que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. “En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.

La persecución política también está incluida en el reporte elaborado por la ex fiscal Bensouda, quien indicó que “la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.

El reporte aclara a su vez que la información recabada no excluye otros potenciales crímenes cometidos en el país caribeño, sino que su rol es de establacer “si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones”.

Con la investigación formal, la fiscalía pasó a la siguiente etapa del proceso legal, donde recaba nueva evidencia para luego identificar a los sujetos acusados formalmente por la Corte. Luego, tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares confirman la identidad de el o los sospechosos y se aseguran de que entiendan los cargos contra ellos. En una audiencia posterior determinarán, después de escuchar a las partes, si hay evidencia suficiente para iniciar el juicio, donde podrán condenar o no a los acusados.

El año pasado, cuando se anunció el proceso formal, el presidente de Colombia Iván Duque consideró a Maduro como el “equivalente” latinoamericano del autoritario ex mandatario serbio Slobodan Milosevic.

El informe preliminar presentado por la CPI en 2020 sobre Venezuela

El miedo de Vladimir Putin

El jueves pasado el presidente norteamericano Joe Bien fue directo: “(Putin es) un dictador asesino, un puro matón que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania”

El mandatario estadounidense utilizó esas palabras un día después de tachar al presidente ruso de “criminal de guerra” por las tácticas en su invasión de Ucrania. Es que las investigaciones sobre las acciones de Putin ya han comenzado. Estados Unidos y 44 países han respaldado el comienzo de una averiguación por parte de la Corte Penal Internacional.

“Estamos al comienzo del comienzo”, declaró Crane, que ahora encabeza la Red Global de Rendición de Cuentas, la cual trabaja con la corte internacional y la ONU, entre otros organismos. El día de la invasión, su grupo estableció un equipo especial para compilar información penal relacionada con crímenes de guerra. Crane también está elaborando un prototipo de acusación formal contra Putin. Pronosticó que un encausamiento contra el mandatario ruso podría concretarse dentro de un año. Pero este tipo de delitos no prescriben.

Infografías: Marcelo Regalado

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