
La Fiscalía General de la dictadura venezolana informó este lunes que fueron condenados dos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) -cuya disolución ha pedido la ONU- por el asesinato de los periodistas de un canal de televisión del noroccidental estado Zulia, Víctor Manuel Torres y Andrés Eloy Nieves.
“Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados a 21 años, ocho meses y 21 días de prisión Néstor Luis Olano y José Rafael Contreras, funcionarios adscritos a las FAES, por su responsabilidad en la muerte de Víctor Manuel Torres y Andrés Eloy Nieves, trabajadores de la Guacamaya TV”, explicó la Fiscalía en una nota de prensa publicada en su página web.
Asimismo, señaló que también fue condenado a 18 años, dos meses y 26 días de prisión Andrés José Moreno por su participación en el hecho. “Tal situación ocurrió el 21 de agosto de 2020 dentro de la vivienda de una de las víctimas en el municipio Cabimas del estado Zulia”, indicó el Ministerio Público chavista.
Agregó que, de acuerdo con la investigación, al llegar los funcionarios a dicho lugar, les abrió la puerta una adolescente que fue sacada del lugar y, posteriormente, “asesinaron a Nieves y Torres, trasladaron sus cuerpos en una camioneta de las FAES al hospital de Cabimas donde sus muertes fueron certificadas”.
La Fiscalía denunció que los victimarios regresaron al lugar de los hechos y se llevaron varios equipos de La Guacamaya TV y otros bienes que había en el interior de la vivienda.

“Investigaciones realizadas bajo supervisión del Ministerio Público determinaron que Torres recibió dos disparos y Guerra uno. En tal sentido, los protocolos de necropsia confirmaron que ambos fallecidos se encontraban sentados o arrodillados al momento de perder su vida”, añadió.
El organismo sostuvo que, en el juicio, la Fiscalía 45 del estado de Zulia ratificó la acusación en contra de Olano y Contreras como coautores de homicidio calificado, violación de domicilio por parte de funcionario público, simulación de hecho punible y uso indebido de arma orgánica.
También se reafirmó la acusación en contra de Moreno como coautor de homicidio calificado, violación de domicilio por parte de funcionario público y simulación de hecho punible.
Días después de la muerte de los periodistas, la Justicia venezolana ordenó la detención de seis policías de las FAES.
“Respaldamos la medida de orden de aprehensión emitida (...) contra los funcionarios José Salas, Néstor Olano, Nerio Álvarez, Andrés Díaz, José Moreno y José Contreras”, detalló en un comunicado el entonces ministro de Interior Néstor Reverol.
En agosto de 2020, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato de los periodistas y urgió al régimen venezolano a esclarecer de manera urgente el incidente.

El hecho provocó un fuerte repudio en las redes sociales, donde los usuarios denunciaron una vez más la brutalidad de las FAES, de la que no se salvan ni los propios chavistas. Nieves Zacarías, además de comunicador, era parte del oficialista Frente Francisco de Miranda, y militaba para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Zulia.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, fustigó en su informe sobre la crisis venezolana del año pasado el accionar de las fuerzas de seguridad chavista, y en especial el de las FAES.
En julio de 2019, Bachelet recomendó en un informe sobre la situación venezolana disolver las FAES por la presunta vinculación de sus efectivos en ejecuciones extrajudiciales.
En septiembre de ese mismo año, la alta comisionada afirmó en su actualización del informe que su oficina “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”, al tiempo que lamentaba que no se hubiera seguido su recomendación de disolver esa fuerza policial.

La ex presidenta chilena no fue la primera en apuntar a las FAES por presuntas violaciones a los derechos humanos, ya que son numerosas las organizaciones nacionales e internacionales que señalaron del mismo modo al cuerpo policial, pero sí la figura de mayor peso en hacerlo.
Ante el informe de la ONU, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, no solo esquivó las críticas, sino que salió en defensa de las cuestionadas fuerzas especiales, que definió como “una necesidad para la paz” del país.
“Tienen todo mi apoyo, todo el apoyo institucional, legal (y) constitucional para que desarrollen sus funciones”, aseveró Maduro en un acto de graduación de policías en diciembre de 2019, mientras denunciaba la presunta existencia de “una campaña mundial” para eliminar ese cuerpo policial.
(Con información de EFE y AFP)
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