Venezolanos que no pudieron ir a la frontera protestaron en Caracas porque Maduro no dejó ingresar a la misión de la CIDH

(Desde Caracas) — Mientras los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reúnen este jueves en la frontera colombo-venezolana con víctimas y representantes de organizaciones no gubernamentales, Caracas registró distintas protestas y reclamos al régimen de Maduro por no permitir el ingreso de la delegación de la entidad multinacional al país, lo que hubiera representado su primera visita en 17 años.

Voceros de grupos sociales y sectores vulnerables de la población organizaron manifestaciones de repudio al régimen bolivariano en varios puntos de la nación. “Los que no tenemos dinero para movernos de Caracas a Cúcuta en Colombia queremos que la Comisión nos oiga y que el mundo sepa que en Venezuela no hay estado de derecho y justicia. Somos madres de venezolanos asesinados por funcionarios de organismos de seguridad del Estado, por eso tomamos las calles”, expresó a Infobae Carmen Arroyo, integrante de la Organización de Familiares de Víctimas de Violación de Derechos Humanos (Orfavideh), una organización de defensa de los DDHH.

“Tenemos documentos, fotos y testimonios que entregar a la CIDH y la prohibición de entrada a Venezuela a los señores de la delegación impide que podamos visibilizar los casos a los que nadie presta atención en esta nación en donde la impunidad es la más alta del mundo. De cada 100 casos de este tipo solo tres tienen solución. Hay muy pocos asesinos presos”, agregó.

El hijo de Carmen, Christian Charrys, fue asesinado el año pasado por funcionarios de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (Faes). Lo describió como “un grupo de exterminio que Maduro manda a los barrios pobres para liquidar a nuestros muchachos”. "La mayoría de los muertos nunca tuvo prontuario policial. Le recuerdo a Maduro que la Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, recomendó eliminar al Faes ¿Y qué hizo? Dar más armas y más poder para matar”, expresó al respecto.

En su informe de junio de 2019, Bachelet expresó que “la proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada". E indicó que en 2018 el régimen de Maduro registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio chavismo. Sin embargo, señala el documento, “otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”. El informe fue actualizado en dos ocasiones, la última en diciembre, y afirmó que siguió documentando presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el grupo.

Otra manifestante, Rosa Chacón, dijo a Infobae que ante la imposibilidad de ir a la frontera, el grupo decidió acudir a la sede de la OEA en Caracas a expresar su "repudio y dolor”. "Quisimos entregar una carta al secretario general Luis Almagro en donde exigimos justicia para los 127 muchachos muertos a manos de la policía pero nadie nos atendió. Maduro se salió de la OEA en junio de 2019 y ordenó el desalojo de la misión. Pedimos que alguien nos reciba, esto no es justo”, agregó.

Rosa explicó que su hijo Genyill Chacón -de 31 años y comerciante- “fue ajusticiado por el Faes". Y describió como se desarrolló el hecho: "Dos funcionarios ingresaron su negocio y le dispararon. Nuestra vida quedó destruida desde hace ocho meses. En los tribunales me dicen que me espere que un día de estos meterán presos a los funcionarios del Faes que lo mataron. Ya están identificados”, dijo entre lágrimas.

La señora Mirtha Martínez, por su parte, intervino para denunciar que su hijo, Carlos Luis Betancourt, de 28 años, “fue ajusticiado por la policía judicial hace un año y tres meses". En su caso, indicó, “le armaron un expediente con datos falsos y lo acusaron de querer matar a un policía”. "Mi hijo jamás portó un arma de fuego. Su único delito fue caminar cerca de un lugar en donde había una persecución de varios malandros. Yo no me cansaré de denunciar y de pedir que haya una intervención del sistema policial y judicial de Venezuela, el más injusto del mundo”, aseguró.

En tanto, Jennifer Rotundo, cuyo hijo fue asesinado por la misma fuerza, pidió que sus casos “sean visibilizados” pese a no poder acercarse a la frontera. “Queremos hablar con propiedad, somos víctimas. Queremos reunirnos y ver de que manera podemos acercarles nuestros casos”, dijo a Infobae.

Varias integrantes de este grupo estuvieron reunidas con la alta comisionada Bachelet. Expresaron que “en ese momento tuvimos esperanza en que las cosas cambiarían", pero indicaron que “ahora todo es peor”. "Nos están intimidando y persiguiendo. Siguen matando a los más pobres”, expresó Aracelis Sánchez, directora de Orfavideh.

Sánchez dijo que desde que los miembros de la organización se enteraron que Maduro no dejaría entrar al país a la CIDH, comenzaron a buscar la forma de viajar a la frontera, la cual se encuentra a “12 o 14 horas en bus más el paso de la línea y el ingreso a Colombia”. No obstante, indicó que muchas no tienen pasaporte, algo que les impide salir de Venezuela. Ante esa situación, elevó un pedido a Almagro: “Sin papeles y sin dinero todo es mucho más difícil. Pedimos al señor secretario Almagro que busque la forma de que nos oigan en la OEA o en la Comisión”, dijo.

Otros grupos sociales también protestaron en las calles ante la imposibilidad de recibir a la misión de la CIDH en Caracas. Las madres de los pacientes del hospital de niños de Caracas se manifestaron el miércoles y para este viernes está previsto el pronunciamiento de familiares de presos políticos, civiles y militares.

La delegación del organismo, por su parte, llevó a cabo en Colombia distintas actividades con el objetivo de abordar la crisis venezolana pese al impedimento de entrar al país. Mantuvieron en Bogotá reuniones con el presidente Iván Duque, ciudadanos venezolanos que sufrieron violaciones a sus derechos humanos y periodistas y organizaciones sociales, así como con ex diputados, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y miembros de la Fiscalía venezolana en el exilio.

Por la tarde se dirigieron a la frontera, donde recabaron testimonios de venezolanos que se acercaron hasta la zona para realizar más denuncias al respecto.

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