Las fuerzas chavistas bloquean el acceso al Parlamento, a horas de la votación para elegir nuevas autoridades

A horas de que comience la sesión para la renovación de autoridades parlamentarias, prevista para las 10 am, las fuerzas chavistas bloquean los ingresos al edificio. Por el momento, no llegaron los diputados pero la prensa no puede acreditarse.

La práctica, usual los días martes -jornadas en que funciona el plenario-, busca demorar la apertura de sesiones y así dificultar la reelección de Guaidó, como jefe Parlamentario. La renovación de apoyos le permite permanecer como presidente interino del país, figura legal que reconocen más de 50 países del mundo.

El bloqueo del ingreso se suma a las maniobras de anoche, cuando miembros de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro hostigaron en la a diputados de la Asamblea Nacional que se encontraban hospedados en el hotel Paseo Las Mercedes en Caracas.

Claves de la situación parlamentaria venezolana.

1.- EL DESAFÍO DE LOS VOTOS

La última pugna desatada entre Gobierno y AN, de contundente mayoría opositora, gira en torno a los votos de los diputados. Mientras la oposición denuncia una persecución contra sus diputados, tanto judicial como de compra de voluntades, que ponía en riesgo alcanzar un quórum para poder reelegir a Guaidó, el oficialismo pugnaba por desacreditar las alternativas.

Finalmente, la AN aprobó una reforma del reglamento parlamentario que permite a los diputados que estén en el exterior "por motivos de persecución política u otra de fuerza mayor" votar de forma remota, lo que abrió la última pelea jurídica con el Gobierno.

El Parlamento necesita la presencia de la mitad más uno del total de los 167 diputados para que se lleven a cabo las sesiones: 84 parlamentarios imprescindibles para que se llegue al quórum que se requiere para seguir funcionando.

2.- LA PELEA POR LA LEGIMITIDAD

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró "la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos" de la norma que iba a permitir votar a esos diputados en el exterior. Inmediatamente después, la AN rechazó la decisión de la alta corte y abrió la -por ahora- última pelea por la legitimidad entre chavismo y oposición.

Como parte de esa pugna, el Parlamento no reconoce los dictámenes del Supremo al alegar que está integrado por magistrados abiertamente oficialistas, algunos de los cuales fueron designados en un procedimiento exprés días antes de que la oposición tomará el control de la cámara.

Sin embargo, el TSJ considera que la AN está “en desacato” y por tanto las decisiones que toma no las considera legales

A partir de ese no reconocimiento mutuo ha ido creciendo una suerte de institucionalidad paralela que ha llevado a que haya un TSJ "en el exilio", así como una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) compuesta solo por chavistas y que ha asumido buena parte de las labores propias de la AN.

3.- EL DESENCUENTRO ESCALA HASTA LA PRESIDENCIA

El último y hasta la fecha mayor pulso de institucionalidades llegó el pasado 23 de enero. Fue entonces cuando Guaidó anunciaba que asumía la Presidencia interina basado en el artículo 233 de la Constitución.

Dicho artículo recoge qué debe suceder si el presidente de Venezuela abandona el cargo y este es declarado por la Asamblea Nacional, algo que consideran sucedió al haber sido elegido Maduro en unas elecciones cuestionadas por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.

Ahora y para mantenerse bajo esa premisa de presidente interino que desafía a Maduro con el apoyo de la comunidad internacional que le reconoce como tal, Guaidó debe ser reelegido.

4.- LA OPERACIÓN ALACRÁN

Bajo ese nombre denomina la oposición venezolana un táctica bajo la que acusan a Maduro de intentar minar la reelección. Dicho plan incluye también la presunta compra de diputados, algo que podría hacer tambalearse el quórum.

Tan es así, que en Bogotá ya han anunciado que se reunirán parte de los diputados que se encuentran en el exterior para seguir la sesión de la AN. Muestra de que podrían apelar finalmente al voto remoto.

De ser así, se abriría una nueva disputa legal que ahonde más las brechas jurídicas entre oposición y gobierno mientras Guaidó, con una imagen cada vez más negativa entre sus simpatizantes, pugna por mantener un oxígeno cada vez más exiguo.

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