Frente a la caída de la producción petrolera y la asfixiante presión financieta internacional, el régimen de Nicolás Maduro se apoya cada vez más en el negocio del narcotráfico, que pasó a usar el territorio venezolano como zona de producción, según denunció Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes.
Venezuela, más conocida como una zona puente para la exportación de cocaína, está ahora cultivando, produciendo y procesando la droga "en cantidades incipientes pero importantes", según indicó el activista, en declaraciones al portal español ABC.
Son varias las bandas que operan en el país. FundaRedes, que releva la presencia de actores armados en Venezuela, reportó recientemente que el ELN opera en 17 estados, mientras que la disidencia de las FARC han sido cobijadas por Nicolás Maduro. Sin embargo, el propio régimen está envuelto en los narconegocios: Tarazona subrayó el vínculo entre estas guerrillas y el Cartel de los Soles, "integrada por la cúpula militar de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB)".
Por ello, el titular de la ONG advirtió: "Lo peor es que los líderes de las FARC como Iván Márquez y Jesús Santrich, entre otros, operan desde el palacio de Miraflores, la cúpula del poder en Caracas, que los protege y financia, y los trata como ministros con escoltas". El propio Maduro ha expresado en varias ocasiones su respaldo a estos guerrilleros, tensando más las relaciones con el gobierno de Iván Duque.
El investigador señaló que estas organizaciones criminales han confiscado terrenos rurales y aprovechan la mano de obra barata de la crisis venezolana. "Tienen un mercado laboral cautivo para sus operación ilícitas", afirmó.
Entre las herramientas con las que cuenta la narcoguerrilla, el docente destacó que poseen "más de 200 mil armas" que desaparecieron de los registros del Ejército venezolano. En cuanto al área social, afirmó que controlan al menos cinco estaciones de radio en su zona de influencia y manejan parte de la entrega del CLAP, programa del chavismo de entrega de alimentos a familias necesitadas.
Tarazona manifestó también su preocupación por la "indiferencia de las instituciones, tanto en Venezuela como Colombia" para combatir al narcotráfico. "Estos grupos armados son sanguinarios y decapitan a los que los delatan o roban materiales", advirtió. Números no le faltan: la ONG ha registrado 1.200 desapariciones solo el año pasado, una cifra menor a la reportada en lo que va del 2019.
En Venezuela no solo está el ELN, también tienen presencia, menos estable, varios de los llamados GAO (Grupos Armados Organizados) residuales. Es decir, bandas criminales como el Clan del Golfo o Los Rastrojos, que viene de una herencia paramilitar y cuyos principales intereses se centran alrededor del narcotráfico y otras actividades criminales.
"Los grupos residuales, grupos terroristas, mantienen vínculos con las autoridades venezolanas de tipo local y regional (…) ejecutan actividades económicas, logísticas y de control social, entrenan milicias y controlan también algunos pasos fronterizos", afirmó recientemente el canciller colombiano, Carlos Holmes, ante la OEA.
Para el gobierno colombiano, la sinergia de las autoridades venezolanas y sus fuerzas militares con los grupos guerrilleros y narcotraficantes colombianos no solo representa una amenaza para la seguridad nacional de la propia Colombia, sino también para la de todo el continente latinoamericano.
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