Pocos días antes de que se conociera el lapidario informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Naciones Unidas que denuncia "graves violaciones a los derechos humanos" y "ejecuciones extrajudiciales" , el organismo le corrió vista a los representantes del régimen de Nicolás Maduro para que hicieran sus comentarios.
La devolución, que se conoció hoy junto al informe, muestra la sorpresa y la molestia del gobierno con la Comisión presidida por la ex presidente chilena Michelle Bachelet, a la que el régimen consideraba una aliada hasta hace poco.
"El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena", señala la réplica oficial.
En una larga carta titulada "Comentarios sobre errores de hecho del informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela", el régimen de Maduro parece indignado porque la misión encabezada por Bachelet se entrevistó con víctimas del régimen de Maduro dentro y fuera de Venezuela y no se quedó con la versión oficial de los hechos.
"En el documento se privilegian exclusivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado", expresan.
"No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas", sostiene la carta, que luego hace una larga enumeración en la que intenta desmentir las conclusiones alcanzadas por la ONU sobre las persecuciones y asesinatos de opositores, las atrocidades que ocurren en las prisiones venezolanas, la existencia de centenares de presos políticos o los abusos contra pueblos originarios.
Cerca del final, la réplica del régimen afirma: "El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas 'por motivos políticos'. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición". La afirmación choca de frente con la realidad conocida de centenares de dirigentes opositores o gente de a pie que fue detenida por participar de manifestaciones contra el gobierno. De acuerdo al Foro Penal Venezolano, la organización que lleva el cálculo más certero sobre estas detenciones, al 1° de julio existen 630 presos políticos en Venezuela.
La ex Presidente socialista chilena era considera como una aliada del régimen. El silencio durante mucho tiempo de la Comisión de Derechos Humanos que preside era vivido con satisfacción por Maduro y con preocupación por el resto de la comunidad internacional. Hasta este jueves, en que el "informe Bachelet" puso en negro las atrocidades que viven los venezolanos bajo el yugo del régimen chavista.
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