El Tribunal Supremo de Venezuela, brazo judicial del régimen de Maduro, ordenó quitarle la inmunidad al diputado por Miranda, Rafael Guzmán. Su inclusión en la lista negra, amplía a 15 la nómina de legisladores desaforados por la corte chavista luego del anuncio de la fase final de la Operación Libertad liderada por Juan Guaidó el 30 de abril pasado. En esa jornada, el presidente interino ordenó la liberación de Leopoldo López y un grupo de militares se alzó contra el régimen.
Guzmán aún no se pronunció ni se conoce su paradero. Su suplente, Gilber Caro, está actualmente desaparecido, aunque sus abogados asumen que fue apresado de manera ilegal por la dictadura y se encuentra preso en la sede de la policía política de El Helicoide. Con el allanamiento de la inmunidad de Guzmán, y sin suplente, el escaño quedaría vacío.
Además del caso Guzmán, y luego del alzamiento militar del 30 de abril, el régimen ha allanado la inmunidad de al menos 14 legisladores.
Ocho están resguardados en la clandestinidad: Henry Ramos Allup, Juan Andrés Mejía, Simón Calzadilla, Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, Winston Flores, Sergio Vergara y Freddy Superlano.
Otros cuatro se encuentran bajo protección de gobiernos extranjeros: Mariela Magallanes y Américo De Grazia, en la embajada de Italia; Richard Blanco, en la de Argentina; y Franco Casella, en la de México.
El diputado Luis Florido está exiliado en Colombia y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, fue secuestrado el 8 de mayo por agentes de inteligencia y apresado en el Fuerte Tiuna.
La escalada de la Justicia chavista ya dejó seis escaños vacíos y hay 15 en peligro. El quórum mínimo de funcionamiento de la Asamblea Nacional es de 84 miembros y para romperlo bastaría con anular 29 curules de la bancada opositora que es la única que asiste a las sesiones porque el chavismo desconoce al Poder Legislativo.
La Asamblea Nacional presentó días atrás un informe en el que se recopilan caso por caso el "acoso o agresión" que han sufrido más 100 legisladores por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. De acuerdo con el reporte enviado a la Unión Interparlamentaria, los casos están relacionados con "tortura, malos tratos, amenazas, intimidación, arresto arbitrario, detención, incumplimiento de las garantías procesales, violación de la libertad de opinión y expresión, violación a la inmunidad parlamentaria y acoso por parte de colectivos paramilitares", entre otros.
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