Amnistía Internacional (AI) condenó el uso intencional de la fuerza letal en operaciones de mantenimiento del orden público por parte del Gobierno venezolano, y exigió una investigación imparcial sobre el operativo en que murió el policía sublevado Óscar Pérez.
La organización indicó que el operativo de las fuerzas de seguridad que tenía como objetivo detener a Pérez, ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), y a otras personas alzadas contra el Gobierno "parece ser ilegal y levanta múltiples alarmas de violaciones graves a derechos humanos, e incluso de crímenes bajo el derecho internacional".
En un boletín emitido en Ciudad de México, refirió que de acuerdo con información oficial el pasado 15 de enero, en la comunidad de El Junquito del estado Miranda, una operación de seguridad resultó en la muerte de al menos nueve personas y otras cinco que resultaron heridas.
"Este es solo el último ejemplo del uso letal de la fuerza en operación del control de orden público, resultando hasta ahora en miles de víctimas en todo el país", señaló Amnistía en un comunicado.
Destacó que en el operativo, los agentes utilizaron un arma militar que no solo está diseñada para matar, sino que brinda pocas probabilidades de supervivencia. Además, el uso de esta arma puso en peligro la vida de las personas en los alrededores, sostuvo.
"Es impostergable que el Gobierno venezolano se asegure de que las autoridades civiles realicen una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva sobre el uso intencionalmente letal de la fuerza en esta operación, y demuestre que este no fue un caso de ejecución extrajudicial", dijo Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas.
La organización añadió que también ha recibido serias denuncias de que las personas fallecidas serán cremadas sin autorización de sus familiares y sin las diligencias de investigación pertinentes.
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