"La Dicom está inactiva desde hace cinco semanas aproximadamente", dijo en una entrevista al canal Globovisión el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, en referencia a ese sistema, que vende divisas estadounidenses a 3.345 bolívares por dólar.
Según la cuenta en la red social Twitter del Dicom, las subastas no se celebran desde el pasado mes de agosto, de lo que culpan a las sanciones financieras contra el Estado venezolano dictadas por el Gobierno de los Estados Unidos para castigar la supuesta deriva totalitaria de Caracas.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció poco después de conocerse las sanciones que incluiría monedas como el yuan, el yen, la rupia o el rublo en el sistema de adjudicación de subastas y abandonaría el dólar como divisa de pago y referencia en las transacciones del Estado.
Sin embargo, el Banco Central de Venezuela aún no ha realizado ninguna adjudicación de divisas desde el anuncio de Maduro el 7 de septiembre.
El Estado venezolano tiene el monopolio en la venta de divisas, que otorga a empresas y personas naturales a una tasa fijada al margen del mercado libre.
El dólar se vende en el mercado negro a una tasa diez veces superior a la del Dicom, que no ha dejado de crecer en los últimos meses.
"No hay importación de productos a una tasa de cambio legal, y la tasa de cambio que no se puede nombrar va por el espacio celestial, creciendo y afectando a toda la economía", afirmó Larrazábal sobre el aumento casi diario de los costos de los empresarios y de los precios debido a la caída continuada del bolívar en el mercado paralelo.
El empresario recordó, además, que Venezuela debe pagar "unos compromisos importantes de casi cuatro mil millones de dólares, entre capital e intereses, entre octubre y noviembre".
Según expertos, el Gobierno ha sacrificado las asignaciones de divisas al sector privado para destinar el dinero a pagar la deuda, un compromiso capital para que el Estado pueda seguir financiándose.
El país caribeño tiene una de las mayores inflaciones del mundo y sufre la escasez de algunos alimentos, medicamentos y productos básicos. Larrazábal responsabilizó de la situación a las políticas gubernamentales de control de la economía, y recriminó al Gobierno que prime la ideología sobre el pragmatismo al tomar decisiones.
Según Fedecámaras, más de la mitad de las 12.000 empresas que había en el país han cerrado en los últimos años.
Fedecámaras culpa de "la destrucción del aparato productivo" a las expropiaciones y nacionalizaciones y a los controles de precios aplicados desde el establecimiento en 1999 de la llamada revolución bolivariana.
(Con información de EFE)
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