El gobernador mexicano acusado por EE. UU. de ayudar al Cártel de Sinaloa regresa a su cargo

Rubén Rocha Moya ha dicho que es inocente y víctima de un ataque político. Días después de que la acusación formal se hiciera pública en abril, dijo que pediría una "licencia temporal".

El gobernador mexicano acusado por fiscales estadounidenses de ayudar a un cártel a traficar drogas anunció el viernes que estaba de regreso en su cargo, desafiando las acusaciones que desataron un escándalo en México y avivaron las tensiones con Estados Unidos.

El gobernador, Rubén Rocha Moya, ha dicho que es inocente y víctima de un ataque político. Días después de que la acusación formal se hiciera pública en abril, dijo que pediría una "licencia temporal" para enfocarse en su defensa.

Tres meses después, declaró que estaba de regreso en la oficina del gobernador del estado de Sinaloa.

"Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como Gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado", dijo en una extensa publicación en redes sociales el viernes.

Pero su regreso fue recibido con críticas, y un político influyente de su partido, Ricardo Monreal, pidió que Rocha volviera a tomar licencia mientras continuaban las investigaciones.

En la acusación formal, fiscales de Manhattan acusaron a Rocha y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, incluido un senador nacional en funciones, de una amplia conspiración para ayudar al poderoso Cártel de Sinaloa a importar drogas a Estados Unidos. Los fiscales dijeron que Rocha había aceptado sobornos y ayuda para ser elegido a cambio de proteger al cártel, que ha aterrorizado a su estado y a México durante años.

Rocha, de 77 años, es el miembro de más alto rango del partido político de izquierda dominante en México, Morena, en ser acusado formalmente por Estados Unidos. El caso en su contra es la medida pública más significativa del gobierno de Donald Trump en su enérgica campaña contra la corrupción que, según afirma, está en el centro del problema de los cárteles en México.

La medida provocó una crisis política para la presidenta Claudia Sheinbaum, también de Morena. Y abrió una brecha entre los gobiernos de Estados Unidos y México justo cuando estaban profundizando la cooperación en materia de seguridad para combatir a los cárteles, los cuales han matado a miles de mexicanos y amasado fortunas al traficar drogas a Estados Unidos.

En mayo, The New York Times reportó que los fiscales federales estadounidenses habían recibido instrucciones de usar los estatutos de terrorismo para actuar contra funcionarios mexicanos que se creía que eran cómplices en el narcotráfico.

Rocha ha sido por mucho tiempo perseguido por acusaciones de proteger al Cártel de Sinaloa, un prolífico proveedor de fentanilo y un despiadado generador de violencia.

Sheinbaum, quien no ofreció su conferencia de prensa diaria el viernes porque dijo tener gripe, no hizo comentarios de inmediato sobre el regreso de Rocha. Pero ha dicho repetidamente que su gobierno no estaba protegiendo al gobernador, ha exigido más pruebas a los funcionarios estadounidenses sobre su caso y ha respaldado a las autoridades mexicanos que llevan a cabo su propia investigación.

Los funcionarios mexicanos respondieron a la solicitud de extradición del gobierno estadounidense en abril diciendo que carecía de pruebas suficientes.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que presentó la acusación formal, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios realizadas el viernes.

El viernes, la Secretaría de Gobernación de México calificó el regreso de Rocha como "una decisión personal" y dijo que una investigación de la Fiscalía General sobre el caso seguía abierta.

El partido Morena dijo el viernes que no tenía conocimiento previo de su regreso y que "se deslinda de esta decisión". Afirmó estar comprometido con el debido proceso, la investigación en curso y la defensa de la rendición de cuentas.

Al menos dos exfuncionarios de Sinaloa han sido detenidos tras las acusaciones formales de Estados Unidos: Gerardo Mérida Sánchez, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó a las autoridades en Arizona en mayo; y Enrique Díaz, un exfuncionario de finanzas del estado, fue arrestado en Europa.

Al regresar a su cargo, Rocha recuperó la inmunidad constitucional otorgada por su cargo electo, dijeron los expertos. Afirmó el viernes que había pedido la licencia porque quería participar en la investigación del gobierno mexicano como un "ciudadano llano" y sin la inmunidad.

Dijo que había comparecido ante la Fiscalía General de México y respondido preguntas "con atingencia y veracidad". Señaló un anuncio de la Fiscalía que declaraba que aún no había pruebas suficientes para respaldar las afirmaciones de los fiscales estadounidenses.

Se refirió a las acusaciones en su contra como "falsas", atribuyéndolas a lo que llamó las "motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera".

Añadió: "no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país".

Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial y actual líder del partido de centroizquierda Movimiento Ciudadano, denunció el regreso de Rocha como un día de "VERGÜENZA nacional" para México. Agregó en redes sociales: "Es una burla para nuestro país el cinismo y la impunidad que este mensaje representa".

Carlos Pérez Ricart, un comentarista político de tendencia izquierdista y experto en crimen organizado del Centro de Investigación y Docencia Económicas, un grupo de investigación mexicano, calificó el regreso de Rocha como un "grave error político".

"Una cosa es rechazar que Washington dicte culpabilidades y otra suponer que Rocha conserva condiciones para gobernar Sinaloa", escribió Pérez Ricart en redes sociales. "Gobernar no exige solo inocencia penal. Exige autoridad política".

Rocha pareció no inmutarse por tales críticas. En su publicación del viernes, dijo que no solo regresaría al cargo, sino que también tenía la intención de cumplir su mandato electo, el cual termina el 31 de octubre de 2027.

James Wagner cubre noticias y cultura en América Latina para el Times. Radica en Ciudad de México.