¿Los abogados del gobierno están por encima de los cuerpos disciplinarios de la profesión? Una demanda en EE. UU. lo analiza

El Departamento de Justicia de EE. UU. impulsa una propuesta para intentar paralizar o retrasar que los colegios de abogados sancionen la ética de los profesionales que trabajan para el gobierno de Trump.

El Departamento de Justicia presentó el miércoles una demanda contra el Colegio de Abogados del Distrito de Columbia por sus esfuerzos para disciplinar a los abogados del gobierno de Donald Trump, lo que intensifica la disputa del departamento con las autoridades de ética legal.

La demanda defiende a Jeffrey Clark, un abogado del primer gobierno de Trump que trató de deshacer los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, y a Ed Martin, un alto funcionario actual del Departamento de Justicia. La demanda fue presentada por Todd Blanche, fiscal general en funciones, y Stanley Woodward Jr., el funcionario número 3 del Departamento de Justicia.

En declaraciones adjuntas, Blanche acusó al Colegio de Abogados de D. C. de actuar como un "brazo descaradamente partidista de causas políticas de izquierda". Woodward dijo que al Colegio de Abogados "ya no se le permitiría sondear deliberaciones delicadas del poder ejecutivo", y añadió que los abogados del gobierno federal deben "ser libres de compartir su asesoramiento jurídico sincero con sus jefes y colegas".

Es probable que esta postura --que los abogados del Departamento de Justicia o de otros organismos federales están por encima del escrutinio de los funcionarios de ética jurídica-- sea cuestionada por una serie de entidades de la profesión jurídica.

La demanda se enfoca en la larga batalla sobre el intento del Colegio de Abogados de Washington D. C. de inhabilitar a Clark, un abogado medioambientalista que no tenía ningún papel formal en la investigación de las elecciones, por su presión para promover las afirmaciones infundadas de Trump sobre fraude en la victoria electoral de Joe Biden en 2020.

Aunque la demanda se enfoca en Clark, los responsables del Departamento de Justicia en la demanda también argumentaron en defensa de Martin. Hace dos meses, el Colegio de Abogados de D. C. presentó cargos disciplinarios contra Martin por lo que consideró su conducta indebida al tratar de castigar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown.

Martin ha encabezado los esfuerzos del presidente Trump por utilizar el Departamento de Justicia para perseguir a aquellos que el presidente considera sus enemigos; lo que el gobierno afirma que son medidas correctivas destinadas a poner fin a la "instrumentalización" de las fuerzas del orden por parte de los demócratas.

Cada vez más, el gobierno de Trump ha entrado en conflicto con los colegios de abogados estatales y locales, ya que los grupos de interés y algunos abogados sostienen que la conducta poco ética de los abogados que actúan en nombre del gobierno de Trump debe ser investigada y potencialmente castigada.

El Departamento de Justicia impulsa una propuesta para intentar paralizar o retrasar que los colegios de abogados estatales y municipales lleven a cabo investigaciones éticas de sus abogados, y la nueva demanda sostiene que el Colegio de Abogados de Washington D. C. se encuentra entre las entidades que han mostrado parcialidad partidista.

Para respaldar esa afirmación, la demanda señala el modo en que el Colegio de Abogados de D. C. trató el caso de Kevin Clinesmith, exabogado del FBI que se declaró culpable de hacer una declaración falsa cuando alteró un correo electrónico para intentar justificar la vigilancia ordenada por un tribunal de un exasesor de la campaña de Trump de 2016. Tras declararse culpable, a Clinesmith se le suspendió la licencia de abogado durante un año.

La demanda califica el castigo de Clinesmith de "tirón de orejas" por encubrir la vigilancia ilegal en violación de la Cuarta Enmienda, y lo compara con el intento de inhabilitar a Clark por "intentar decir una mentira" sobre las elecciones de 2020.

La demanda también invoca la decisión de la Corte Suprema de 2024 que concede inmunidad parcial a los presidentes, y sugiere que si un presidente tiene inmunidad, los abogados que trabajan para él en el gobierno también están protegidos de la disciplina ética.

"La inmunidad del presidente, exigida constitucionalmente, ofrecería poca protección si los abogados del poder ejecutivo pudieran ser objeto de deliberaciones internas del poder ejecutivo", argumenta la demanda.

Devlin Barrett cubre el Departamento de Justicia y el FBI para el Times.