España abre una ruta de regularización migratoria, en contraste con el mundo

La medida, aprobada inesperadamente, llega en un momento en que otros países toman medidas enérgicas contra la inmigración.

El gobierno de España promulgó el martes, de manera inesperada, un decreto que ofrece a cientos de miles de migrantes indocumentados una vía para salir del limbo legal; la medida posiciona al país en un contraste con muchos países que en todo el mundo han endurecido cada vez más su postura frente a la migración ilegal.

La decisión permitirá que las personas que ya viven en España de manera indocumentada soliciten permisos de residencia temporal. El gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez calificó la medida de crucial para España, un país donde la mano de obra migrante desempeña un papel clave en la agricultura, el turismo y otros sectores.

Elma Saiz Delgado, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dijo en una conferencia de prensa el martes que la medida tendría un impacto "en nuestra convivencia, en el bienestar y también en la economía".

Los partidos de la oposición criticaron de inmediato el decreto, y una formación de extrema derecha prometió impugnar ante los tribunales.

La medida, anunciada el martes, va a contracorriente de muchos gobiernos en Norteamérica y Europa, que --a menudo presionados por partidos populistas de extrema derecha-- han tomado medidas enérgicas contra la inmigración ilegal en los últimos años.

En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump está llevando a cabo una amplia y agresiva campaña para detener y deportar a millones de personas. El Reino Unido ha puesto en marcha normas más estrictas para los refugiados; Grecia impone ahora penas de prisión a los migrantes que se queden en el país tras ser rechazadas sus solicitudes de asilo; e Italia quiere retener a los solicitantes de asilo en Albania mientras se tramitan sus casos, incluso a pesar de la dura oposición legal.

España, en cambio, ha acogido a los inmigrantes, especialmente a los latinoamericanos que hablan el mismo idioma, comparten su religión y comprenden su cultura; activistas afirman que esa cálida acogida no siempre se ha extendido a muchos africanos.

Y el gobierno español ha externalizado el control migratorio, brindando equipos policiales, tecnología y capacitación a países como Marruecos y Mauritania para que sus autoridades devuelvan a los inmigrantes procedentes de África.

Aun así, el decreto se fundamenta en los intentos de España de presentarse como un referente para los inmigrantes.

"En el contexto internacional actual, donde los discursos antimigratorios han ido ganando fuerza, la decisión del gobierno en España abre la línea del contrapeso a esta tendencia", dijo Cecilia Estrada Villaseñor, investigadora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.

España no publica cifras oficiales sobre el número de personas migrantes que viven en el país indocumentadas, pero estimaciones de instituciones como Funcas, un centro de estudios económicos, sugieren que la cifra podría oscilar entre medio millón y un millón. La población total de España es de casi 50 millones de personas.

La medida en pos de la legalización fue impulsada por la política interna.

El Consejo de Ministros, el poder ejecutivo del gobierno, la aprobó mediante un real decreto, después de que el gobierno de Sánchez llegó a un acuerdo de última hora el lunes con un partido de izquierdas más pequeño, Unidos Podemos, a cambio de su apoyo parlamentario. Una medida similar estaba bloqueada en el Parlamento desde abril de 2024.

En virtud del decreto, los inmigrantes indocumentados podrán obtener permisos temporales de residencia si pueden demostrar que llegaron a España antes de diciembre de 2025 y que han vivido en el país al menos cinco meses.

Quedarán excluidas las personas con antecedentes penales; solo se aceptarán solicitudes entre abril y junio. Los permisos de residencia, que permiten trabajar en España, durarán un año y serán renovables.

"Me acerca a mi sueño y al sueño de muchos como yo: vivir en paz y trabajar dignamente para ayudar a nuestras familias", dijo Sady Traoré, de 28 años, que trabaja en plantaciones de cítricos en Alzira, en el este de España. Traoré, un músico que dijo haber huido de su Mali natal tras un golpe militar en 2022, llegó a las Islas Canarias de España en 2024, pero desde entonces no ha podido conseguir una cita para solicitar asilo.

El impulso para dar a los inmigrantes indocumentados una vía de residencia cobró fuerza durante la pandemia de COVID-19, cuando muchos de ellos siguieron trabajando en condiciones precarias durante los encierros de España.

Los trabajadores extranjeros han aliviado la escasez de mano de obra en España y han contribuido a impulsar el crecimiento económico, según un estudio realizado por economistas del Banco Central Europeo.

Ismael Gálvez, catedrático de Economía de la Universidad de las Islas Baleares, quien ha estudiado el impacto de la migración en la economía española, dijo que era difícil predecir cómo se llevaría a cabo la medida del gobierno y que no era probable que ejerciera mucha presión sobre el mercado de la vivienda o laboral para los españoles nacidos en el país, ya que se aplica solo a quienes ya viven en el territorio nacional.

"Los migrantes entran en competencia con los trabajadores que son similares a ellos, es decir, otros inmigrantes", dijo Gálvez.

Más de 700.000 españoles habían firmado una iniciativa legislativa popular emprendida en 2021 --liderada por grupos de migrantes y apoyada por asociaciones de izquierda y la Iglesia católica-- en la que se pedía un debate parlamentario sobre la concesión de una vía para que las personas sin documentos pudieran obtener la residencia.

Los líderes de la oposición se apresuraron a criticar la medida. Alberto Núñez Feijóo, jefe del conservador Partido Popular, acusó al gobierno de utilizar la medida para distraer la atención pública de un accidente ferroviario mortal en el que murieron 45 personas este mes. Vox, partido de extrema derecha, dijo que recurriría el decreto ante la Corte Suprema de España, acusando a Sánchez de "acelerar la invasión".

España ha llevado a cabo ocho campañas a gran escala para legalizar a personas indocumentadas desde mediados de la década de 1980, tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas, mismas que han comprendido al menos a un millón de migrantes.