Un tribunal permite temporalmente que el ICE use gas pimienta

El Octavo Circuito accedió a la petición del gobierno de Trump de bloquear, por el momento, el mandato judicial de un tribunal inferior que limitaba la forma en que los agentes federales interactúan con los manifestantes en Minnesota.

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó el miércoles un mandato judicial que había impuesto restricciones a la forma en que los agentes de migración interactúan con los manifestantes en Minnesota.

La orden del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos constaba de una sola oración y no incluía explicación alguna. Accedió a la petición del gobierno de Donald Trump de que se suspendiera administrativamente el mandato preliminar del tribunal de distrito, dictado el viernes.

La jueza de distrito, Kate M. Menendez, había ordenado a los agentes que no tomaran represalias contra las personas que "participaran en actividades de protesta pacíficas y no obstructivas" y que no utilizaran aerosoles de gas pimienta ni otros "medios de dispersión de multitudes" como represalia por un discurso protegido. La jueza también dijo que los agentes no podían parar o detener a manifestantes en vehículos que no estuvieran "obstruyendo o interfiriendo por la fuerza" con los agentes.

Los abogados del gobierno de Trump argumentaron ante el tribunal de apelaciones que el mandato judicial preliminar "transforma un puñado de supuestas violaciones constitucionales en un mandato judicial de amplio rango que regula las operaciones de los agentes del DHS", usando la sigla en inglés del Departamento de Seguridad Nacional. Dijeron en un escrito judicial que el "mandato judicial perjudica la capacidad de los agentes del DHS para protegerse a sí mismos y al público en circunstancias muy peligrosas".

El caso se originó con un grupo de manifestantes que acusaron a los agentes federales de violar sus derechos constitucionales cuando intentaron observar las acciones de aplicación de la ley o expresar su oposición a la oleada de agentes de inmigración del gobierno de Trump a Minnesota.

La demanda de los manifestantes, respaldada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Minnesota, describía una "campaña federal para asediar ciudades de todo Estados Unidos en un ataque sin precedentes contra las libertades civiles". Decía que el propósito de la demanda era "garantizar que los habitantes de Minnesota puedan reunirse, observar, documentar y criticar las actividades de los acusados, de forma segura y sin el temor a represalias".

Kyle Wislocky, abogado de los demandantes, señaló en una declaración que la suspensión administrativa no es una decisión sobre el fondo del recurso. Dijo que los demandantes tenían previsto responder pronto a la apelación y solicitar una resolución rápida "para que los manifestantes y observadores puedan volver a estar protegidos por el mandato judicial del tribunal de distrito".

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, calificó la suspensión proveniente del tribunal de apelación de "victoria para la seguridad del público y de todos los agentes del orden". Añadió que "el DHS no utiliza la fuerza contra manifestantes pacíficos ni detiene coches sin sospecha razonable de delito".

El caso es una de las varias demandas presentadas en las últimas semanas en relación con el envío por parte del gobierno de unos 3000 agentes federales a Minnesota.

La oleada ha provocado al menos 3000 arrestos, así como repetidos enfrentamientos con manifestantes y dos tiroteos, entre ellos el incidente mortal de Renee Good, ciudadana estadounidense que murió a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Mineápolis el 7 de enero. En otro incidente ocurrido en Mineápolis la semana pasada, un agente federal disparó e hirió a un hombre que, según las autoridades, se encontraba de manera ilegal en el país y había agredido a un agente al resistirse a ser arrestado.

Menendez, que fue propuesta para el cargo por el presidente Joe Biden, también está analizando otra demanda presentada por el estado y las ciudades de Mineápolis y St. Paul. En esa demanda se alega que la oleada de agentes de inmigración es inconstitucional y se solicita una orden que impida la continuación de la operación. El estado pidió a la jueza Menendez que dictara una resolución inmediata en ese caso, pero ella se negó a hacerlo la semana pasada.

Mitch Smith es corresponsal nacional del Times en Chicago y cubre el Medio Oeste y las Grandes Llanuras.