Trump no necesitaba autorización para enviar tropas a Venezuela, según un memorando del Departamento de Justicia

El documento ofrece un panorama detallado de la justificación legal del gobierno de Estados Unidos para la incursión militar en territorio venezolano a principios de enero.

Un memorando del Departamento de Justicia que fue hecho público el martes concluía que el presidente Donald Trump tenía autoridad constitucional para enviar fuerzas militares a Venezuela para ayudar a detener a su presidente, Nicolás Maduro, sin autorización del Congreso.

"Es poco probable que incluso la pérdida total de la fuerza de ataque suponga el tipo de bajas sostenidas que equivaldrían a una guerra constitucional" que debe ser aprobada por los legisladores, escribió T. Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del departamento.

El memorando de 22 páginas estaba fechado el 23 de diciembre --unos 11 días antes de la operación-- y ofrece un panorama detallado de la justificación legal del gobierno para la incursión militar en territorio venezolano y lo que Gaiser denominó "la extracción de Maduro".

Al menos 80 personas murieron durante la captura de Maduro, incluidos militares y civiles venezolanos y los guardaespaldas cubanos de Maduro. Varios estadounidenses resultaron heridos, pero ninguno mortalmente.

La operación planteó una serie de cuestiones jurídicas sobre el derecho internacional y el poder presidencial. Los juristas afirman que parece haber violado el derecho internacional. Según la Carta de las Naciones Unidas, un tratado ratificado por el Senado estadounidense, una nación no puede usar la fuerza dentro de otro país sin su consentimiento, una justificación de defensa propia o el permiso del Consejo de Seguridad de la ONU.

Gaiser abordó el derecho internacional, incluso citando la Carta, pero se abstuvo de pronunciarse sobre si la operación lo violaría porque, dijo, eso no tenía relevancia. Citó opiniones anteriores de abogados del poder ejecutivo que afirmaban que, como cuestión de derecho interno, el presidente podía dejar sin efecto o violar la Carta, aunque se tratara de un tratado ratificado por el Senado.

"Incluso si alguien argumentara posteriormente que la operación violó el derecho internacional, ese argumento no invalida la autoridad del presidente para ordenarla conforme a precedentes de larga data", escribió.

Las oficinas de prensa del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El memorando analizaba detenidamente si sería legal utilizar fuerzas militares estadounidenses para ayudar al FBI a llevar a cabo detenciones en territorio extranjero. Al llegar a la conclusión de que las fuerzas armadas podían utilizarse con ese fin, Gaiser citó varios precedentes, incluyendo la detención de un miembro de Al Qaeda sospechoso de participar en los atentados contra la embajada en África de 1998 y de un militante libio acusado de ayudar a planear el atentado contra el consulado en Bengasi de 2012.

El memorando ocultaba en gran medida los detalles operativos, pero quedaban suficientes indicios para demostrar que Gaiser comprendía que se le estaba pidiendo que diera el visto bueno a una propuesta arriesgada. Señala que los planificadores esperaban una "resistencia significativa", incluyendo hasta 75 emplazamientos de baterías antiaéreas que podrían derribar helicópteros.

"Se nos indicó asumir que había hasta 200 guardias armados en una fortaleza literal, enviados y armados por otro país con el único fin de garantizar la seguridad de Maduro", añade el memorando. "Este nivel de resistencia armada prevista respalda la necesidad de que fuerzas militares brinden protección al personal de las fuerzas del orden que lleve a cabo la captura".

Al concluir que Trump no necesitaba autorización del Congreso para enviar fuerzas terrestres estadounidenses a Venezuela, Gaiser citó precedentes de abogados del poder ejecutivo de ambos partidos que han argumentado que, como comandante en jefe, un presidente tiene poder constitucional para ordenar una operación militar sin autorización del Congreso si el despliegue responde al interés nacional y su naturaleza, alcance y duración previstos no llegan a ser una "guerra" en el sentido constitucional.

Muchos de esos precedentes tenían que ver con ataques aéreos o fuerzas de mantenimiento de la paz. Gaiser reconoció que "la operación propuesta implica el tipo de fuerzas que más probablemente requieran la aprobación del Congreso: fuerzas sobre el terreno" y anticipó combates que, dijo, se considerarían un "conflicto armado", tal como lo define el derecho internacional.

También reconoció que en memorandos anteriores de la Oficina de Asesoría Jurídica, en los que se aprobaban intervenciones unilaterales previas, se subrayaba como razón de que no se llegara a la "guerra" que los presidentes "no intentan efectuar un cambio de régimen, que es una consecuencia inevitable del éxito de una operación en este caso".

Pero incluso cuando señaló la posibilidad de que la operación se convirtiera en una guerra en toda regla, dijo que la Casa Blanca le había comunicado que no existía ningún plan de contingencia para emprender una operación u ocupación sustancial y sostenida de Venezuela y que la operación prevista se limitaría a un nivel inferior al que requeriría acudir al Congreso.

Gaiser también escribió que sería razonable que Trump determinara que capturar a Maduro serviría a los intereses nacionales, citando su imputación en 2020 por cargos de narcotráfico. El memorando señalaba que la acusación decía que él lidera el "Cártel de los Soles" y que hizo que este llenara Estados Unidos de narcóticos.

El gobierno de Trump amplió esta afirmación el año pasado, cuando los Departamentos del Tesoro y de Estado designaron al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera y nombraron a Maduro su líder.

Sin embargo, esta caracterización como un grupo real es discutida. Los expertos en delincuencia y narcotráfico de Latinoamérica afirman que se trata de un término de uso popular inventado por los medios de comunicación venezolanos en la década de 1990 para referirse a los funcionarios corrompidos por el dinero de la droga, y no de un cártel literal.

Poco después de que Maduro fuera capturado para ser trasladado a Nueva York para su comparecencia, un tribunal hizo pública una acusación sustitutiva de los fiscales del Departamento de Justicia que eliminó esa afirmación. En su lugar, denomina Cártel de los Soles a un "sistema clientelar" y una "cultura de la corrupción" avivados por el dinero del narcotráfico en Venezuela.

El memorando es la segunda interpretación jurídica importante que la Oficina de Asesoría Jurídica ha ofrecido sobre la campaña de presión militar de Trump contra Venezuela. Un memorando del 5 de septiembre, que no se ha hecho público pero ha sido descrito por personas que lo leyeron, avalaba los ataques letales del gobierno contra personas sospechosas de contrabando de drogas que iban a bordo de embarcaciones en aguas internacionales.

La legalidad de esos asesinatos ha sido ampliamente cuestionada porque no se permite que los militares ataquen civiles que no representen una amenaza inminente, aunque sean sospechosos de delitos. Se dice que el memorando de septiembre se basa en gran medida en la afirmación de Trump de que existe un conflicto armado con una lista secreta de 24 cárteles de la droga y bandas criminales que él ha considerado terroristas.

En concreto, se dice que el memorando argumenta que los supuestos cargamentos de cocaína a bordo de embarcaciones son objetivos lícitos, basándose en la teoría de que su venta generaría ingresos que los cárteles utilizarían para financiar y mantener sus supuestos esfuerzos bélicos contra Estados Unidos.

En el nuevo memorando, Gaiser hizo interrumpió la refutación de lo que describió como "acusaciones públicas generalizadas" de que el gobierno de Trump "está violando el derecho internacional al atacar indebidamente a civiles". Dijo que "semejante crítica refleja una falta de comprensión".

El derecho de los conflictos armados, afirmó, "permite la muerte de personas consideradas miembros de grupos armados no estatales por su conducta, de civiles que participen directamente en las hostilidades, por ejemplo ayudando en actividades de mantenimiento de la guerra, o de civiles que estén presentes en objetivos legítimos, siempre que el daño no sea excesivo en relación con la ventaja militar obtenida".

Charlie Savage escribe sobre la seguridad nacional estadounidense y las políticas legales para el Times.