El FBI catea el domicilio de una periodista del Washington Post

La medida, parte de una investigación sobre revelaciones de información clasificada, es extremadamente inusual.

Agentes del FBI llevaron a cabo un cateo en la casa de una periodista del Washington Post el miércoles, en el marco de una indagatoria sobre filtraciones, lo que supone una importante escalada en las tácticas del gobierno de Donald Trump para obtener información de los medios de comunicación.

Es extremadamente inusual, incluso en investigaciones sobre revelaciones de información clasificada, que los agentes federales registren el domicilio de un periodista. Una ley de 1980, denominada Ley de Protección de la Intimidad, prohíbe en general las órdenes de cateo al material de trabajo de los periodistas, a menos que los propios reporteros sean sospechosos de haber cometido un delito relacionado con él.

La reportera, Hannah Natanson, ha pasado el último año cubriendo los esfuerzos del gobierno de Trump al despedir a trabajadores federales y reorientar a gran parte de la fuerza laboral del sector público para hacer cumplir su agenda. Muchos de esos empleados compartieron con Natanson su enfado, frustración y miedo ante los cambios del gobierno.

Una persona vocera del Washington Post dijo el miércoles que la empresa estaba revisando y monitoreando la situación. Un artículo del Post decía que los investigadores habían dicho a Natanson que ella no era el objeto de la investigación. Las fuerzas de seguridad incautaron ordenadores portátiles, un teléfono y un reloj inteligente durante el cateo.

El diario informó que la orden de cateo y la declaración jurada del FBI correspondiente indicaban que las fuerzas del orden estaban investigando a Aurelio Perez-Lugones, un administrador de sistemas de Maryland que dispone de autorización de seguridad de alto secreto y a quien se ha acusado de acceder y llevar a su casa informes de inteligencia clasificados que se encontraron en su lonchera y en su sótano.

No está claro si el FBI buscó otros medios para obtener la información que requería del Post.

Según la declaración jurada, el trabajo de Perez-Lugones le daba acceso a información delicada. Decía que imprimió documentos confidenciales que no estaba autorizado a buscar y que a principios de este año tomó notas sobre un informe clasificado relacionado con la actividad del gobierno.

Los documentos judiciales muestran que, en los últimos meses, los investigadores sospechaban que Perez-Lugones había manipulado ilegalmente información clasificada sobre un país extranjero no identificado.

En un comunicado publicado en las redes sociales, la fiscala general Pam Bondi dijo que el cateo se llevó a cabo a petición del Pentágono, para buscar pruebas en el domicilio de una periodista "que estaba obteniendo y reportando información clasificada y filtrada ilegalmente por un contratista del Pentágono".

Expertos en libertad de expresión condenaron la medida como una escalada agresiva que podría menoscabar la libertad de prensa.

Jameel Jaffer, director del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, señaló el efecto escalofriante que podría tener "sobre la labor periodística legítima".

"Existen límites importantes a la autoridad del gobierno para llevar a cabo registros que afectan las actividades amparadas por la Primera Enmienda", dijo Jaffer.

Bruce Brown, presidente del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, calificó el cateo como una de las medidas más invasivas que pueden adoptar las fuerzas del orden. Señaló las leyes y políticas federales que limitan los cateos a los casos más extremos, no sea que una medida de este tipo ponga en jaque el interés público en el libre flujo de información a los medios de comunicación más allá del caso en cuestión.

"Aunque no conoceremos los argumentos del gobierno para superar estos obstáculos hasta que se haga pública la declaración jurada, se trata de una tremenda escalada en las intrusiones del gobierno en la independencia de la prensa", dijo.

En un relato en primera persona de su experiencia al hablar con empleados federales, Natanson citó algunos de los mensajes que recibió de ellos.

"Comprendo los riesgos", le dijo un trabajador del Departamento de Defensa. "Pero difundir la verdad y los hechos es mucho más importante".

Natanson también apuntó que alguien a quien describió como miembro del personal del Departamento de Justicia escribió: "Nunca pensé que filtraría información de esta manera".

El uso por parte del Departamento de Justicia de una orden de cateo para obtener el material de un periodista fue considerado por todos los partidos como un escándalo en 2013, cuando se reveló que los investigadores de un caso de filtración habían presentado a un periodista de Fox News como un delincuente en una solicitud de orden judicial para obtener el contenido de la cuenta de correo electrónico del periodista.

Dado que el fiscal general Eric Holder Jr. había declarado recientemente ante el Congreso que no tenía conocimiento de que se hubiera intentado procesar a los reporteros en las investigaciones sobre filtraciones, los republicanos lo acusaron de perjurio. En respuesta, el Departamento de Justicia explicó que nunca había tenido intención de acusar al periodista de Fox y que lo había presentado como un delincuente para eludir la ley de 1980.

Como parte de las consecuencias de aquel episodio, Holder emitió una política que prohibía al Departamento de Justicia presentar a los periodistas como delincuentes para obtener órdenes de registro de sus notas y materiales de trabajo, a menos que realmente tuviera intención de procesarlos.

En 2021, el fiscal general Merrick Garland reforzó esa política después de que se supo que, a finales del primer mandato de Trump, el Departamento de Justicia buscó los registros telefónicos y de correo electrónico de periodistas del Washington Post, The New York Times y CNN como parte de investigaciones sobre filtraciones. Prohibió rotundamente el uso de órdenes de cateo y requerimentos para incautar material periodístico o exigir a los periodistas que declararan sobre sus fuentes.

El año pasado, no obstante, Bondi dio marcha atrás en la política de Garland, restableciendo la facultad de los investigadores de utilizar órdenes de cateo y requerimientos para obtener información de los periodistas. Restableció en gran medida la política de la era Holder, incluido el requisito de agotar primero otros medios de obtener pruebas antes de dirigirse a la información de los periodistas.

Pero Bondi introdujo un cambio crucial: eliminó la restricción que Holder añadió en respuesta al revuelo causado por la orden de registro de Fox News, que prohibía eludir la ley de 1980 presentando de mala fe a un periodista como sospechoso de un delito.

Aunque Holder insistió en que nunca permitiría que el Departamento de Justicia procesara a un reportero por hacer su trabajo, no está claro si el Departamento de Justicia de Bondi tiene la misma opinión.

Una ley de la Primera Guerra Mundial llamada Ley de Espionaje establece que es delito difundir información delicada sobre la defensa nacional sin autorización, y a primera vista parecería aplicable a los periodistas que escriben sobre asuntos que el gobierno ha considerado clasificados. Pero en general se ha considerado una violación de la Primera Enmienda intentar aplicar esa ley a los periodistas, y durante generaciones el Departamento de Justicia no intentó hacerlo.

Sin embargo, durante el primer gobierno de Trump, el Departamento traspasó esa barrera al presentar cargos en virtud de la Ley de Espionaje contra Julian Assange, fundador de WikiLeaks, por publicar documentos clasificados filtrados a la organización por Chelsea Manning, ex analista de inteligencia del ejército.

Aunque Assange no es un periodista en el sentido tradicional, los cargos consideraban la realización de actividades de tipo periodístico --recibir y difundir información clasificada-- como algo que podría considerarse un delito. En 2024, el gobierno de Joe Biden llegó a un acuerdo con Assange sobre esa acusación para resolver el caso, por lo que su constitucionalidad nunca se puso a prueba en apelación.

El propio Trump fue acusado en 2023 en virtud de la Ley de Espionaje por conservar documentos clasificados sin autorización después de dejar el cargo y obstruir los esfuerzos del gobierno por recuperarlos. Los fiscales tuvieron que abandonar ese caso, junto con otra acusación por sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020, después de que fuee reelegido presidente en 2024.

Seamus Hughes y Kirsten Noyes colaboraron con la reportería.

Benjamin Mullin reporta para el Times sobre las grandes empresas que están detrás de las noticias y el entretenimiento. Ponte en contacto con él de forma segura en Signal en el +1 530-961-3223 o en benjamin.mullin@nytimes.com.

Devlin Barrett cubre el Departamento de Justicia y el FBI para el Times.

Charlie Savage escribe sobre la seguridad nacional y las políticas legales para el Times.

Seamus Hughes y Kirsten Noyes colaboraron con la reportería.