Ante la presión para investigar a la viuda de la víctima del ICE, 6 fiscales renunciaron

El fiscal federal Joseph Thompson fue uno de los que renunciaron mientras el departamento de Justicia trataba de examinar los supuestos vínculos de la mujer con grupos activistas.

Seis fiscales federales de Minnesota renunciaron el martes ante la presión del departamento de Justicia para que investigaran a la viuda de una mujer asesinada por un agente del ICE y la negativa del departamento a indagar sobre el autor del disparo, según personas conocedoras de su decisión.

Joseph Thompson, que era el segundo al mando de la fiscalía y supervisaba una amplia investigación sobre fraude que ha convulsionado el panorama político de Minnesota, fue uno de los que renunciaron el martes, según tres personas con conocimiento de la decisión.

La salida de Thompson se produjo luego de que altos funcionarios del departamento de Justicia presionaran para que se abriera una investigación penal sobre las acciones de la viuda de Renee Nicole Good, la mujer de Mineápolis asesinada el miércoles por un agente del ICE.

Thompson, de 47 años y fiscal de carrera, se opuso a ese planteamiento, así como a la negativa del departamento de Justicia a incluir a funcionarios estatales en la investigación sobre si el propio tiroteo fue legal, dijeron las personas familiarizadas con su decisión.

El jefe de policía de Mineápolis, Brian O'Hara, dijo en una entrevista que la dimisión de Thompson representaba un duro golpe para los esfuerzos por erradicar el robo rampante en los organismos estatales. Los casos de fraude, que incluyen tramas para engañar a los programas de seguridad social, fueron la principal razón citada por el gobierno de Donald Trump para su ofensiva contra la inmigración en el estado. La gran mayoría de los acusados en estos casos son ciudadanos estadounidenses de origen somalí.

"Cuando pierdes al jefe responsable de los casos de fraude, te das cuenta de que no se trata realmente de perseguir el fraude", dijo O'Hara.

Entre los otros fiscales superiores de carrera que dimitieron se encuentran Harry Jacobs, Melinda Williams y Thomas Calhoun-Lopez. Jacobs había sido adjunto de Thompson en la supervisión de la investigación del fraude, que comenzó en 2022. Calhoun-Lopez era el jefe de la unidad de delitos violentos y graves.

Thompson, Jacobs, Williams y Calhoun-Lopez declinaron hablar de los motivos de su renuncia. El departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las renuncias del martes se produjeron después de unos días turbulentos en la fiscalía de Minnesota, mientras los fiscales de allí y de Washington trataban de manejar la indignación suscitada por el asesinato de Good, que desencadenó airadas protestas en el estado y en todo el país.

Después de que dispararan a Good, Harmeet Dhillon, jefa de la División de Derechos Civiles del departamento de Justicia, dijo a su personal que no consideraría la posibilidad de abrir una investigación sobre si el agente había violado la ley federal, según tres funcionarios y exfuncionarios del departamento que pidieron el anonimato por no estar autorizados a hablar de la situación. Al menos cuatro fiscales que ya tenían intención de renunciar o jubilarse indicaron que acelerarían sus salidas, dijeron esos funcionarios.

Todd Blanche, fiscal general adjunto, dijo en un comunicado que "actualmente no hay fundamento para una investigación penal de derechos civiles" sobre el agente del ICE.

En cambio, el departamento de Justicia inició una investigación para examinar los vínculos entre Good y su esposa, Becca, y varios grupos que han estado vigilando y protestando contra la conducta de los agentes de migración en semanas recientes. Poco después del tiroteo mortal del miércoles, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, se refirió a Good como una "terrorista nacional".

Becca Good dijo en un comunicado la semana pasada que ella y su esposa se habían "detenido para apoyar a nuestros vecinos" cuando se enzarzaron en un tenso enfrentamiento con agentes del ICE que desembocó en el tiroteo. "Nosotras teníamos silbatos", escribió Becca Good. "Ellos tenían pistolas".

Thompson se opuso enérgicamente a la decisión de no investigar el tiroteo como una cuestión de derechos civiles, y se indignó ante la exigencia de iniciar una investigación penal sobre Becca Good, según las personas familiarizadas con los acontecimientos, que no estaban autorizadas a discutirlos públicamente.

En un principio, Thompson se había propuesto investigar el tiroteo en colaboración con la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, un organismo estatal que examina los tiroteos policiales. Altos funcionarios del departamento de Justicia anularon la decisión de cooperar con este organismo.

Drew Evans, superintendente de la oficina, calificó la salida de Thompson como un gran revés en el esfuerzo por erradicar el fraude en el estado y para la seguridad pública.

"Perdemos a un auténtico servidor público", dijo Evans. "Realmente necesitamos fiscales profesionales".

La ausencia de una investigación creíble y exhaustiva sobre el asesinato de Good "socava la confianza en nuestros organismos de seguridad pública", añadió Evans.

La salida de Thompson se produjo durante la caótica represión de la migración en Minnesota, que ha enfurecido a muchos residentes y ha dejado a las autoridades preparadas para una escalada de violencia.

Iniciada en diciembre con el despliegue de alrededor de 100 agentes federales de fuera del estado, la operación se ha ampliado hasta incluir a unos 2000 agentes federales. En comparación, el departamento de policía de Mineápolis cuenta con alrededor de 600 agentes.

Dirigentes locales y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes han denunciado la conducta de los agentes, afirmando que han estado deteniendo a personas solo por su aspecto y su acento. A menudo, estas detenciones han conducido a los arrestos violentos tanto de migrantes como de ciudadanos estadounidenses, según funcionarios locales y observadores que han grabado el caos con teléfonos celulares.

El lunes, el fiscal general de Minnesota y los alcaldes de Mineápolis y Saint Paul presentaron una demanda ante un tribunal federal exigiendo el fin de la represión, afirmando que había dado lugar a numerosos abusos y violaciones de los derechos civiles.

El jefe de policía de Mineápolis, O'Hara, declaró en una entrevista a The New York Times que la operación podría provocar más muertes y el tipo de disturbios civiles generalizados que se dieron tras el asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía de Mineápolis en 2020.

El gobierno de Trump ha citado la investigación de fraude que llevó a cabo Thompson para justificar el aumento de agentes, que los funcionarios federales han calificado como la operación de control de la migración más grande de la historia.

La mayoría de los acusados hasta la fecha son de ascendencia somalí, pero son ciudadanos estadounidenses por nacimiento o naturalización.

El presidente Trump y varios de sus principales colaboradores han aprovechado el asunto para argumentar que los somalíes están estafando a la nación. Trump ha llamado "basura" a los somalíes y dijo que su gobierno estaba considerando desnaturalizar a algunos porque, dice, "odian a nuestro país".

La frustración de Thompson creció en las últimas semanas cuando el aumento de la migración se convirtió en una distracción para el trabajo de la oficina sobre el fraude, socavando el objetivo que el gobierno dijo que estaba tratando de perseguir, según personas familiarizadas con su manera de pensar.

Los casos de fraude --que implican complots para facturar a organismos estatales servicios de seguridad social que nunca fueron prestados-- han costado a los contribuyentes varios miles de millones de dólares, según Thompson.

Después de que este otoño salieran a la luz nuevas facetas de la investigación, el escándalo se convirtió en una crisis importante para el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien se ha esforzado por explicar por qué tanto dinero ha sido robado durante su mandato.

Walz, un demócrata que esperaba ganar un tercer mandato en noviembre, intentó durante meses capear el escándalo reforzando las salvaguardias.

Pero este mes, ante las amenazas e investigaciones de las agencias federales, el gobernador suspendió su campaña. Walz dijo que había llegado a la conclusión de que la labor de erradicar el fraude exigía toda su atención durante el último año de su mandato, que concluirá poco después de finales de este año.

Walz lamentó el martes la salida de Thompson, diciendo que es un "servidor público de principios que dedicó más de una década a conseguir justicia para la gente de Minnesota". Y añadió: "También es la última señal de que Trump está expulsando del departamento de Justicia a profesionales de carrera no partidistas, sustituyéndolos por sus aduladores".

La salida de Thompson es un golpe duro. Thompson, autodenominado adicto al trabajo, tiene un conocimiento enciclopédico de decenas de investigaciones que implican una compleja red de acusados y transacciones.

Más de 90 personas han sido acusadas desde 2022 y al menos 60 han sido condenadas por defraudar programas destinados a alimentar a los niños durante la pandemia, ayudar a personas en riesgo de quedarse sin hogar y tratar a menores con autismo.

A medida que el escándalo atraía la atención nacional, Thompson se convirtió en una figura destacada, ganándose los elogios de funcionarios electos de todo el espectro político. Varios lo instaron a que se postulara a las elecciones, algo que Thompson --quien se niega a hablar de sus preferencias políticas-- ha descartado.

Thompson, un abogado formado en Stanford que nació y creció en Minnesota, se incorporó al departamento de Justicia hace casi 17 años. Antes de ingresar a la fiscalía de Minnesota, trabajó en Chicago entre 2009 y 2014 procesando a bandas callejeras, cárteles de la droga, corrupción pública y casos de terrorismo nacional.

En 2023, fue asignado al equipo que investigó al expresidente Joe Biden por guardar documentos clasificados en su residencia y en su despacho tras finalizar su mandato como vicepresidente. Ese equipo decidió no acusar penalmente a Biden, tras llegar a la conclusión de que su deterioro cognitivo probablemente impediría el éxito de la acusación.

Thompson fue fiscal en funciones de Minnesota durante varios meses a partir de principios de junio, y supervisó casos que incluían el enjuiciamiento del hombre acusado de asesinar a Melissa Hortman, expresidenta de la cámara de representantes del estado.

Glenn Thrush y Devlin Barrett colaboraron con reportería.

Ernesto Londoño es reportero del Times en Minnesota y cubre noticias del Medio Oeste estadounidense, así como el consumo de drogas y las políticas antidroga.

Glenn Thrush y Devlin Barrett colaboraron con reportería.