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Prosur y el mito de la integración latinoamericana

Por Christopher Sabatini y Nicolás Albertoni

El embajador de Guyana en Chile, George Talbot; la vicecanciller de Bolivia, Carmen Almendra; el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez; el presidente de Colombia, Iván Duque; el mandatario de Argentina, Mauricio Macri; el presidente de Chile, Sebastián Piñera; el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro; el presidente de Ecuador, Lenín Moreno; el presidente de Perú, Martín Vizcarra; el vicecanciller de Uruguay, Ariel Bergamino, y el embajador de Guyana en Chile, George Talbot (EFE/ Alberto Peña)
El embajador de Guyana en Chile, George Talbot; la vicecanciller de Bolivia, Carmen Almendra; el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez; el presidente de Colombia, Iván Duque; el mandatario de Argentina, Mauricio Macri; el presidente de Chile, Sebastián Piñera; el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro; el presidente de Ecuador, Lenín Moreno; el presidente de Perú, Martín Vizcarra; el vicecanciller de Uruguay, Ariel Bergamino, y el embajador de Guyana en Chile, George Talbot (EFE/ Alberto Peña)
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El 13 de marzo, Ecuador se sumó a la decisión de otros siete países latinoamericanos y se retiró de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 2008 por doce naciones de la región. Hoy en la Unasur solo quedan Uruguay, Bolivia, Surinam, Guyana y Venezuela. Desde hace varios años, Unasur viene perdiendo credibilidad debido a su silencio, complicidad y, en algunos casos, hasta defensa del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En respuesta a la notoria decadencia de la Unasur, que integra la lista de los numerosos proyectos regionales en América Latina, un grupo de países —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú— decidieron hace pocos días crear el Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina (Prosur). Nadie niega las buenas intenciones de sus fundadores por promover una integración más dinámica y con una mirada que apunte al desarrollo de la región, pero más allá de servir como un bloque alternativo a la Unasur, los objetivos de Prosur aún no son claros.

Haciendo a un lado las diferencias ideológicas, Prosur se podría transformar fácilmente en lo que fue la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), organización lanzada por el fallecido ex presidente de Venezuela Hugo Chávez para reunir a los miembros de su proyecto socialista de siglo XXI y creada en contra del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un acuerdo auspiciado por Estados Unidos. Cuando un bloque tiene como único objetivo implícito de nacimiento ser respuesta a otro bloque con el cual no comparte visión, no hace más que seguir emparchando una integración que necesita un liderazgo real y no diversificado.

En definitiva, la energía genuina que existe hoy en la región para la integración debería estar basada en una mirada estratégica, pragmática y dinámica, no en un esfuerzo refundacional sustentado en la creación de nuevas instituciones. El impulso integrador debería concentrarse en cómo unificar el entramado de bloques políticos y comerciales que ya existen. En América Latina, solo en el área comercial, existen aproximadamente treinta acuerdos. Si a estos les sumamos los acuerdos políticos, la región cuenta con un listado de más de cuarenta pactos cuyas reglas muchas veces se yuxtaponen entre sí.

La creación de Prosur abre de nuevo un viejo debate sobre la integración en América Latina: ¿hasta cuándo se seguirán creando bloques regionales en el continente? ¿Logrará un nuevo bloque crear las bases necesarias para una soberanía compartida y el compromiso con las normas colectivas que estuvieron ausentes en los esfuerzos anteriores, como Unasur?

Vale resaltar que los proyectos de integración regionales basados en pilares políticos son una herramienta muy utilizada en América Latina, pero no así en otras partes del mundo. No es necesario crear instituciones para reafirmar valores políticos. En otras latitudes, la diplomacia que ejercen este tipo de bloques se hace más bien a través de los canales formales de los Estados. Quizá por lastres del pasado reciente, en la región parece necesario reafirmar cada tanto "que se defienden los valores democráticos y las instituciones".

Para ejercerse, los valores políticos no deberían necesitar de acuerdos. O se ejercen o no. Y para que sean el eje de la misión de una organización multilateral, se requieren convenciones, instituciones y compromisos reales que los defiendan mediante la acción colectiva, incluidas las sanciones.

Contar con un foro político que convoque a los países a debatir temas más allá de los económicos y comerciales, tiene sentido. Pero, ¿para qué son necesarios una docena de ellos (Aladi, Alba, Alianza del Pacífico, Caricom, Celac, Comunidad Andina, Grupo de Lima, Mercosur, Parlatino, Sistema de Integración Centroamericano, Unasur y ahora Prosur)?

Seguir creando nuevos acuerdos —más allá de la ideología a la que se adscriban— como la solución para la integración de América Latina retrasa la definición de políticas para enfrentar los problemas que hoy vive la región. Es difícil imaginar que un bloque que surge como respuesta a la inminente desaparición de la Unasur no tenga también aspectos ideológicos entre las razones de su creación. Pero la ideología no es el punto central. El principal desafío a enfrentar es la superposición de objetivos de integración que hoy existe en la región.

Hay que centralizar y hacer más eficientes los esfuerzos para trazar objetivos comunes que conduzcan hacia una integración latinoamericana dinámica e inteligente. Una integración efectiva requiere al menos tres elementos. El primero, y más importante, como ha demostrado el colapso de Unsaur, es que su pilar fundacional no sea solo un proyecto ideológico o partidario, sino que esté orientado a objetivos específicos que la región pueda abordar colectivamente, independientemente de la ideología de sus fundadores. El segundo es que los miembros estén dispuestos a renunciar a un cierto grado de soberanía nacional en pos de objetivos colectivos.

Compromisos sobre derechos humanos, política económica y responsabilidad fiscal y migración deben ser objetivos conferidos a una organización multilateral que tenga la autoridad de monitorear a los Estados miembros y, como mínimo, influir, si no actuar, en casos de que estos no se cumplan. Por último, estos compromisos deben existir en forma de convenciones y tratados, no en una mera retórica supeditada a los gobiernos de turno.

Prosur, como ha sido definido por sus miembros fundadores, no cumple con estos requisitos.

Christopher Sabatini es profesor adjunto en la Universidad de Columbia y director ejecutivo de Global Americans. Nicolás Albertoni es Investigador Asociado de la Universidad Católica del Uruguay y candidato de doctor en ciencias políticas y relaciones internacionales en University of Southern California.

Copyright: 2019 New York Times News Service

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