Estados Unidos bajo el mando del presidente Donald Trump —en una extraordinaria operación que reafirma su liderazgo democrático, militar y tecnológico global— ha capturado y sometido a la justicia a Nicolás Maduro, jefe del cartel que usurpa la soberanía de Venezuela, pero la dictadura/narcoestado castrochavista sigue detentando el poder.
La aprehensión y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores para someterlos a la justicia, acusados de “Conspiración de narcoterrorismo, conspiración de importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, está hecha, pero sin duda es solo el primer paso para cesar la agresión contra los Estados Unidos y las democracias por parte del crimen organizado que tomó el poder político en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia como dictaduras del socialismo del siglo 21 e instaló gobiernos para dictatoriales en Brasil con Lula, México con López Obrador/Sheinbaum, Colombia con Petro, Chile con Boric y Uruguay con Orsi.
La acusación contra Maduro “también imputa a Diosdado Cabello, al ex ministro Ramón Rodríguez Chacín, al hijo de Maduro Nicolás Maduro, y a Héctor Rusthenford Guerrero, más conocido como “el Niño Guerrero”, presunto líder de la mega banda venezolana Tren de Aragua”. Aunque sin acusación formal en tribunales, es “hecho público y notorio” que todo el entorno del poder, ministros, jueces, fiscales, autoridades electorales, jefes de instituciones del Estado, encargados de la represión, mandos militares, servicio exterior y toda la jerarquía de la Venezuela usurpada, es la dictadura/narcoestado que sigue en control del país subordinada a dictaduras extra hemisféricas de China, Rusia, Irán.
Con narrativa de “transición” lo que el castrochavismo hace son retiradas tácticas, parciales y siempre limitadas a la presión que le impone la realidad: cede el gobierno pero no el poder, pierde al dictador pero no la dictadura, entrega espacios pero mantiene el sistema y de esa manera permanece. Los ejemplos de Nicaragua 1990 y Bolivia 2019 son dramáticas pruebas de que a título de transición la dictadura y el crimen mantuvieron su sistema, tuvieron impunidad, preservaron su aparato, para más pronto que tarde retomar el control absoluto del poder.
Para desmontar una dictadura/narcoestado la transición a la democracia no es suficiente, urge la “restitución de la democracia”. La diferencia está entre el gradualismo y el shock, en los tiempos y el control, el cambio no puede ser paulatino, debe ser fulminante y decisivo.
La restitución de la democracia consiste en poner en vigencia de inmediato, sin demora y sin pretextos los “elementos esenciales de la democracia” realizando por lo menos tres acciones fundamentales: 1, cesar el sistema jurídico de la dictadura/narcoestado; 2, no permitir la impunidad procesando de inmediato a los usurpadores del poder por violación de derechos humanos, narcoterrorismo y corrupción cuanto menos; 3, ilegalizar los instrumentos políticos del crimen que detentó el poder.
Si aceptamos el objetivo de restituir la democracia en lugar de transitar a la democracia conviviendo en la dictadura/narcoestado, la pregunta es quién lo hace. Definido el “qué”, la pregunta a responder es “con quién” y la respuesta en Venezuela está dada por el resultado de las elecciones del 28 de julio de 2024, que probaron la usurpación total del poder por parte de Nicolás Maduro y su grupo delictivo el 10 de enero de 2025.
Las dudas sobre el presidente electo Edmundo Gonzales Urrutia que debió jurar como presidente de Venezuela el 10 de enero 2025 y que es en realidad el suplente forzado (peor es nada) de la injustamente inhabitada y verdadera líder María Corina Machado, no pueden ser justificativo para —una vez capturado Maduro— mantener el poder en manos de la dictadura/narcoestado y continuar desconociendo el mandato popular y soberano del pueblo de Venezuela y pensar que la vice dictadora Delcy Rodríguez es opción. Gonzales debe asumir y posesionar como vicepresidenta a Machado para que dirija el gobierno y NO hay otra contraparte para Estados Unidos y para el mundo democrático.
La increíble operación de los Estados Unidos por la determinación del presidente Trump y su gobierno sometiendo a la justicia a Maduro no puede servir para que el sistema dictatorial del socialismo del siglo 21 dirigido por Cuba se dé vitalidad y legalidad “manejando una transición” manteniendo el crimen en el poder.
Es obligación de Gonzales Urrutia/Machado formar gobierno, tomar posesión y control de la situación y ejecutar la “restitución de la democracia”. Si optan por acomodarse en una transición, se estarán condenando a coexistir con el crimen, a ser cómplices de la impunidad y lo que es peor a traicionar el mandato del pueblo venezolano que votó por ellos para retirar la dictadura y recuperar su libertad.
*Abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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