Parlamentarismo a la peruana o la herencia de Fujimori

El deceso de Alberto Fujimori nos retrotrae a la América Latina de los años ochenta cuando sucedieron dos fenómenos continentales. Las naciones de la región entraron en cesación de pagos de su deuda externa, al tiempo que las dictaduras caían atrapadas en el callejón sin salida de la ausencia de libertad y de desarrollo.

El escenario fue uno de logro de la libertad dentro de una crisis económica de proporciones continentales.

En este contexto, el ingreso de Alberto Fujimori a la política peruana no pudo ser más espectacular. Ganó las elecciones en la segunda vuelta, derrotando al favorito de los medios, la intelectualidad y los pueblos latinoamericanos: Mario Vargas Llosa.

El hasta entonces desconocido profesor de una universidad pequeña y poco relevante comenzó su presidencia asumiendo como prioridad fundamental la derrota de los grupos violentos de la izquierda radical peruana que seguían el modelo de Cuba o de China. Y esa prioridad se vio alcanzada cuando Abimael Guzmán, el jefe de Sendero Luminoso, la más violenta de las agrupaciones guerrilleras, fue a tener a la cárcel.

También estabilizó la economía relanzando el crecimiento del Perú que llegó a alcanzar el 12%.

Pero como toda represión genera autoritarismo y este colisiones criminales, la estrategia de Fujimori, si bien logró el objetivo de derrotar la violencia, pisoteó los derechos humanos en el mejor estilo Gengis Khan.

Decidido entonces a acaparar el poder, disolver el congreso y autoproclamarse dictador, Fujimori inició su participación en el deporte favorito de más de un jefe de Estado latinoamericano: la corrupción.

La respuesta de las élites domésticas y la comunidad hemisférica no se hizo esperar. Fujimori fue separado de la presidencia y ante la fuerte posibilidad de terminar en la cárcel decidió marcharse al Japón, tierra de sus antepasados donde vivió con el beneficio de ciudadanía doble hasta el 2005 cuando se trasladó a Chile con miras a participar en las elecciones del Perú del 2006.

A petición de las autoridades peruanas fue apresado, extraditado a Perú y juzgado por delitos de lesa humanidad y corrupción. A partir de 2009 estuvo preso cumpliendo una sentencia de 25 años.

La experiencia Fujimori llevó a las élites peruanas a fraguar un modelo de estabilización democrática hasta ahora inédito en el continente. Se trata de alcanzar la gobernabilidad por la vía parlamentaria. Y si bien aún no se modifica la Constitución para establecer un sistema parlamentario de jure, en Perú el poder lo ejerce el Congreso.

Este esquema se distancia del resto de la región en la que todavía sobreviven instituciones feudales con culturas caudillistas que le otorgan un poder inmenso al Ejecutivo.

Perú, por el contrario, ha logrado maniatar al Ejecutivo a tal punto que los últimos treinta años han sido teatro de procesamiento y encarcelamiento de todos los presidentes terminando los mandatos los primeros ministros.

Si bien el modelo peruano tiene la virtud de haber mantenido el funcionamiento democrático sin crear sobresaltos domésticos o internacionales, la ausencia de codificación de este parlamentarismo instituido a las carreras ha abierto conductos incontables a la corrupción y el estatismo. Pero, sobre todo, ha eliminado los conductos de formulación de políticas económicas de largo alcance.

Como es bien sabido el empresariado latinoamericano es extractor de rentas y poco inclinado a la creación de riquezas. Para alcanzar el desarrollo es necesario cambiar de lente. Y así como los empresarios mexicanos confrontados con un tratado de libre comercio con Estados Unidos decidieron aprovechar este canal para internacionalizarse, los peruanos deben hacer lo propio. Pero para ello es necesario formular las políticas económicas públicas que creen incentivos para el cambio de visión. Sin un poder Ejecutivo estable este objetivo es difícil de lograr.

La ausencia de este puesto de comando económico explica el pobre desempeño de la economía peruana en tiempos recientes.

Quizás la muerte de Fujimori haga reflexionar a las élites peruanas sobre esta falencia y suspendan el antídoto Fujimori que los llevó a desmantelar el poder Ejecutivo sin reglamentar el modus operandi parlamentario que impera de facto.