El 2024 despunta como uno de los años más complejos para la humanidad desde el punto de vista de la libertad. Seis mil millones de seres humanos habitan territorios donde no existe o levemente tiene presencia el estado de derecho. Esos territorios alojan naciones creadas a partir de 1945 en las que el marco institucional y el sentido de nación estaban en estado embrionario. Así, el menor asomo de crisis provoca la toma del poder por los estamentos más fuertes de la sociedad o por actores no estatales con recursos propios para someter a la población. Este ultimo es el crimen organizado transnacional (COT).
Según el Global Organized Crime Index 2023, de las 190 naciones que existen 63 están tomadas in toto por el COT. Los estados con alta criminalidad, por su parte, representan el 82% de las naciones del mundo.
En América Latina existen cuatro narco estados con diversos grados de consolidación. Estos son Bolivia, Colombia, México y Venezuela. Ecuador, que había contado con la protección institucional que otorga la posesión del petróleo por el estado, influido por el modelo de Venezuela, va camino de consolidar la quinta narco república del continente.
La toma de puertos y aeropuertos por las organizaciones criminales es evidente en el país suramericano. Las cifras de uso de criptomonedas se han disparado. Y la inversión en depósitos de químicos trasciende las necesidades de la industria petrolera ecuatoriana. En tanto, el ingreso de armas al país es mayor que el de naciones en abiertos conflictos armados, como es el caso de Sudán.
La administración de Correa llevó las relaciones con el COT de igual forma como llevaron las relaciones entre sí las familias de la Cosa Nostra en Nueva York. Lenín Moreno y Guillermo Lasso prefirieron fijar sus miradas en otros horizontes. El resultado ha sido un crecimiento seguro y visible de la penetración del COT en Ecuador.
La administración Noboa ha decidido enfrentar el reto con toda la fuerza de su aparato institucional. El Presidente ha declarado la imposición de un estado de excepción denominado “Conflicto Armado Interno”, manera elegante de denominar una guerra civil. Y si bien esta medida es la correcta, Ecuador va a necesitar de una decidida cooperación internacional para poder sostener esta batalla por el restablecimiento del estado de derecho.
En efecto, se calcula que los arsenales y posesiones materiales de las 60 bandas criminales que operan el Ecuador son superiores a los recursos de que dispone el gobierno para cubrir un año de operaciones. En términos logísticos, las bandas criminales gozan de santuarios en el territorio norte del Perú y sur de Colombia donde bandas amigas les dan refugio cuando el gobierno comienza a hacer valer el estado de derecho. También han desarrollado vínculos con las mafias de Italia, Siria, Bulgaria y Corea.
Por tanto, si las naciones de América Latina no apoyan al Ecuador invocando la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, esta lucha desigual contra uno de los más poderosos y letales enemigos de la humanidad bien podría convertir al país bien, en cinco años, en el quinto narco estado del continente americano.
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