Las dictaduras en América Latina y los gobiernos de corte autoritario son una pandemia silenciosa que, al igual que el COVID-19, han tomado desprevenida a las Naciones Unidas y a un Consejo de Seguridad cada vez más propenso a hacer uso de su derecho al veto.
En Nicaragua, por ejemplo, Daniel Ortega lleva 15 años en el poder y ha nombrado a su esposa Rosario Murillo como vicepresidente de la república. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ortega es responsable del asesinato de 355 nicaragüenses, 27 de ellos fueron niñas y niños. Un hecho imperdonable. El régimen de Nicaragua mantiene a más de 200 presos políticos y a casi una decena de sacerdotes bajo arresto ilegal.
Por otro lado, Cuba y Venezuela han sido señalados por Estados Unidos como países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. La organización Prisioners Defenders denunció que en la isla existen más de 1,250 presos políticos que incluyen hombres, mujeres, niños y niñas menores de edad. Cabe destacar que Amnistía Internacional ha señalado las serias violaciones a la libertad de expresión, así como la persecución, hostigamiento y vigilancia a defensores de derechos humanos y periodistas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que el uso de internet en la isla es censurado y limitado para generar apagones informativos forzados.
Por su parte, en Venezuela existen al menos 250 presos políticos secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro, mientras la libertad de expresión sigue siendo víctima de ataques cotidianos como la eliminación de licencias de medios de comunicación, confiscación de equipos y adjudicación de propiedad privada. Venezuela también implementa la censura de medios opositores o sitios críticos en el ciberespacio y sistemas de televisión por cable para acallar las verdades incómodas.
El riesgo de la irrelevancia
Si bien es cierto que el cambio climático, la crisis alimentaria y la educación son temas apremiantes, no debemos olvidar que la Carta de las Naciones Unidas, firmada en junio de1945, establece en sus primeras líneas la importancia de “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”. Es por esto que la 77 UNGA no puede ignorar los asesinatos de mujeres y niños, el encarcelamiento político, las desapariciones, las torturas y exilios forzados que sufren hoy día los ciudadanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Estos temas deben preocupar y ocupar a las naciones del mundo, deben por la tanto tener un sitio relevante en la Asamblea General de Naciones Unidas y no únicamente un lugar marginal en los llamados eventos paralelos en la acera de enfrente de calle 42 de la hermosa ciudad de New York.
*El autor fue embajador de Nicaragua en la OEA y ex miembro del Cuerpo de Paz de Noruega.
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