Frente al hambre: propuestas conversadas en la Comunidad de IPAE

En los últimos meses hemos sido testigos, de manera más enfática, de cómo la crisis alimentaria es una realidad ineludible en el Perú y promete agravarse sino se toman medidas idóneas oportunamente. Más de 1.3 millones de peruanos ya sufren hambre.

En la Comunidad de Líderes de Desarrollo Nacional de IPAE Asociación Empresarial sostuvimos un conversatorio donde se plantearon posibles soluciones para enfrentar esta crisis, abordando, principalmente, la urgencia de que el Estado garantice y agilice la compra de fertilizantes, a la par de que tome medidas oportunas y eficaces para enfrentar el hambre. Este conversatorio contó con la participación especial de Gabriel Amaro y Carolina Trivelli.

Por un lado, si bien es cierto que estamos atravesando una crisis en el sector agrario debido a la escasez de fertilizantes, principalmente a causa de la guerra Rusia-Ucrania, los factores externos e internos que han causado esta crisis vienen de larga data y fueron alertados al Ejecutivo, que no ha actuado oportuna ni eficazmente para enfrentarlos.

Esta crisis tiene efectos negativos tanto para productores, pues resta productividad y eso trae consigo menores ingresos; como para los consumidores, pues el incremento de precios y escasez de alimentos desencadenará en el aumento de la pobreza y desnutrición.

Es lamentable la tardía reacción del Ejecutivo y que las pocas medidas dispuestas no hayan resultado efectivas a la fecha. Por ejemplo, pronto se cumplirán dos meses desde la emisión del Decreto de Urgencia N°013-2022, que incorporó medidas para facilitar y garantizar el abastecimiento de fertilizantes. Sin embargo, estos aún no se adquieren ni se tiene claro cómo se distribuirán y a qué costo.

Frente a esta grave problemática, el gobierno debe tomar medidas para el corto, mediano y largo plazo: (i) establecer acuerdos de Gobierno a Gobierno o mecanismos de urgencia más expeditos para la compra de volúmenes agregados de fertilizantes; (ii) acortar la cadena de comercialización; (iii) incentivar el uso de bioinsumos; (iv) establecer fondos de garantía para disminuir el costo del crédito; y, (v) apoyar a la pequeña agricultura mediante riego tecnificado y otros mecanismos que les permita mejorar su productividad.

Por su parte, para enfrentar la crisis de seguridad alimentaria, se deben tomar medidas urgentes, temporales y focalizadas, habilitando los recursos necesarios para evitar que las personas, y en especial los niños, pasen hambre, pues su situación se agravará en los próximos meses.

Lamentablemente, esta crisis tampoco es reciente. Los niveles de inseguridad alimentaria venían incrementándose desde antes de la pandemia COVID-19, y tienen un impacto mayor en la población en situación de pobreza donde la participación del gasto en alimentos es mayor y, en consecuencia, se ven obligados a reducir su consumo de alimentos —especialmente proteína animal— lo que afecta significativamente, en especial, el desarrollo infantil.

Hoy, es urgente: (i) implementar un bono alimentario temporal a población focalizada; (ii) actualizar los montos de las transferencias de programas sociales; (iii) aumentar el número de raciones que brinda Qali Warma; y, (iv) consolidar el apoyo a ollas comunes y comedores populares.

Frente a esta situación, la ciudadanía y la sociedad civil debemos continuar demandando un Ejecutivo y un Congreso que atiendan oportuna y adecuadamente la crisis alimentaria. Recordemos que, si bien no se tiene control sobre los shocks externos, sí se tiene sobre las políticas locales para enfrentarlos, y en ese aspecto tenemos que continuar exigiendo se superen las muy graves deficiencias mostradas hasta ahora.

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