Educación Sexual Integral: La llave para reducir la violencia basada en género y embarazos no deseados

En el Perú, desde hace más de dos décadas, la tasa de embarazo adolescente se mantiene alrededor del 13%. Así, de cada 100 adolescentes, 13 personas entre 15 y 19 años, ya son madres o se encuentran embarazadas por primera vez, reveló el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Asimismo, durante el año 2020 se registraron, a nivel nacional, 48,546 nacimientos, cuyas madres tenían el rango de edad de 0 a 19 años; 1,158 en el caso de las niñas menores de 14 años y 9 en niñas menores de 11 años, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud.

Las cifras se están incrementando, lamentablemente, pese a los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esto tiene asidero en que no estamos trabajando con énfasis en la Educación Sexual Integral (ESI), que se debe impartir, de acuerdo con la edad de los niños y niñas, con un enfoque de derechos y de género.

Pese a que se habla de educación sexual en los colegios, desde el 2008 con la aprobación de los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral (R.D. Nº 0180-2008-ED) en el Ministerio de Educación, recién en el 2021 se inició su implementación (RVM 169-2021-MINEDU), lo que obliga al Estado a impartirla a nivel nacional y considera que la formación docente es una condición necesaria para brindar una Educación Sexual Integral de calidad científica, ética y con equidad en las instituciones educativas. La ESI no solo previene el embarazo adolescente, sino también las infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA y la violencia en sus múltiples formas: hostigamiento, tocamientos, acoso y violación sexual.

Lamentablemente, un sector de la población y autoridades considera, erróneamente, que la ESI promueve la promiscuidad y homosexualidad, entre otras conductas que consideran ‘inmorales’. Nada más lejano de la realidad. Y como consecuencia de estas creencias es que se aprueban leyes desfasadas como el PL 904-2021-CR, que plantea la intervención obligatoria de grupos de padres de familia organizados en la supervisión de materiales educativos. Esto atentaría contra los derechos de niñas, niños y adolescentes que, al no recibir una educación integral de calidad, se expondrían a diferentes tipos de violencia, pues no se les formaría en autocuidado, autoconocimiento y a reconocer actitudes de agresión.

Los padres de familia tienen que intervenir en la educación de sus hijos e hijas, pero el desarrollo y supervisión de los materiales especializados con criterios técnicos y pedagógicos deben recaer en el Ministerio de Educación y, son los maestros y maestras quienes deben utilizar estos recursos en el aula, de acuerdo con la edad de las y los infantes y adolescentes, basándose en la evidencia científica y el currículo escolar.

Cuando las y los menores no son educados adecuadamente en los ámbitos escolares, recurren a Internet o a preguntar a sus pares, quienes no siempre ofrecen información adecuada que les proteja. En cambio, cuando la Educación Sexual Integral es promovida a través de las instituciones oficiales, les estamos cuidando de circunstancias que puedan perjudicarles en su proyecto de vida presente y futuro.

Las niñas, niños y adolescentes que reciben una adecuada educación sexual se empoderan, toman decisiones responsables y seguras. Además, aprenden a defender sus derechos y a respetar los ajenos, así como a rechazar estereotipos de género que promueven conductas machistas y desiguales. En este momento, el PL 904-2021-CR se encuentra en manos del presidente Pedro Castillo, y desde la sociedad civil le pedimos observarlo y con ese rechazo, garantizar que se implemente la ESI en todas las instituciones educativas del país. Unamos fuerzas por construir un país más igualitario, tolerante y en el que prevalezca la equidad de género.

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