Un hombre sostiene una bandera de Chile en medio de una protesta contra el Gobierno. (REUTERS/Jorge Silva)
Un hombre sostiene una bandera de Chile en medio de una protesta contra el Gobierno. (REUTERS/Jorge Silva)

Fue el año de las grandes revueltas, me refiero a 1968. Praga, París, Ciudad de México, Chicago y las ocupaciones de los campus universitarios de Estados Unidos, Columbia, Wisconsin y Howard, entre otros. Mucha de la activación era protagonizada por estudiantes, pero no únicamente.

La agenda era variada, no se trataba tan solo de “la imaginación al poder”, como decían los anarquistas franceses. Se protestaba contra el comunismo, el capitalismo, el autoritarismo, la segregación racial y la Guerra de Vietnam, todo ello mezclado y en diferentes proporciones. Dicen que 1968 cambió la historia.

Causó sorpresa, si bien sorpresa relativa para el observador familiarizado con la historia europea y americana, y para los expertos en movimientos sociales. Es que la protesta social tiende a ocurrir por ciclos, a través del contagio y con un importante grado de sobredeterminación. Es decir, factores diversos que pueden causar un mismo efecto, de manera independiente y siendo cualquiera de ellos condición suficiente para su ocurrencia.

De ahí el carácter espontáneo de dichas protestas, muchas veces sin liderazgos identificables y sin una estrategia definida para la toma del poder. Pues no son revoluciones, son solo protestas. Subrayo lo de los “ciclos”, precisamente, porque así como comienzan—explosivamente—luego decaen y concluyen también de manera repentina y, a primera vista, inexplicable.

Volviendo a 1968, ese mismo año Samuel Huntington publicó su gran El orden político en las sociedades en cambio. Su contribución significó un giro copernicano en nuestra comprensión de la protesta social. Constituyó un ataque frontal a la llamada “ecuación optimista” que asociaba la modernización económica y social a la creación de sistemas políticos estables y democráticos.

Por el contrario, Huntington problematizó dicha relación postulando que la modernización es en realidad causa de inestabilidad. La urbanización rápida, los avances en educación y empleo, y la diseminación de las comunicaciones y la información generan expectativas crecientes. De no ser satisfechas, y nunca pueden todas ellas ser satisfechas, ello producirá frustración en diversos grupos sociales. En definitiva, es la mismísima prosperidad que explica la protesta.

Esto como prefacio acerca de la sorpresa por las actuales revueltas, las de 2019. No son la consecuencia de la pobreza sino de las expectativas frustradas, políticas, económicas o de tipo aspiracional. Que además la tecnología usada en Hong Kong, Beirut, Barcelona, Quito o Santiago sea la misma tampoco debería sorprender. Si un grupo terrorista enseña a fabricar bombas en redes sociales, mucho más fácil es dar cátedra de protesta urbana. Y si el contagio siempre ha sido un factor importante en toda revuelta social, este es mucho más poderoso cuando se puede ver en tiempo real por Twitter.

Todo ello porque, si estas proposiciones tiene validez general, el argumento es aún más robusto en América Latina, particularmente en Chile. Veamos.

La región tuvo en la primera década de este siglo los términos del intercambio más favorables de su historia. Superciclo, boom de las commodities o como se lo llame, con ello creció el producto y el empleo, disminuyó la desigualdad, se masificó la educación terciaria y el acceso a los servicios sociales, se expandieron las comunicaciones y las tecnologías informáticas y aumentaron las clases medias, 70 millones de personas dejaron de ser pobres. Un comprehensivo proceso de modernización que fue más amplio en Chile, donde dichas tendencias se aprecian desde fines de los ochenta en realidad.

El problema en la región es que a pesar de los avances en empleo y distribución del ingreso, el modelo de crecimiento económico ha fracasado en términos de movilidad social. La baja movilidad ascendente es un dato histórico y estructural en América Latina, un factor que no varía aunque el ciclo económico sea favorable. En condiciones de crecimiento, la baja movilidad exacerba la conflictividad social porque mayores son las expectativas. Si estas permanecen insatisfechas, la frustración social aumentará.

En otras palabras, en América Latina el producto per cápita podrá crecer, el coeficiente de Gini bajar, y la educación superior masificarse. Pero son el color de la piel y el origen social, sino la banalidad del atuendo y el apellido—o el estigma del colegio, como en Chile—lo que continúa definiendo el lugar que uno ocupa en la estructura social.

La constante en la región es la “inconsistencia de status”, parafraseando a la sociología de los años cincuenta, una marcada disonancia entre la objetividad de los datos demográficos y la subjetividad del prestigio y el reconocimiento social. Ese contraste es hoy tan importante como siempre, el status está cristalizado en percepciones socio-culturales. No es extraño entonces que esa conflictividad social derive en violencia.

Quienes se alarman hoy no prestaron similar atención a la proliferación de la inseguridad y el crimen, fenómenos de largo aliento y desconectados de consideraciones de tipo político. América Latina representa el 13 de la población mundial pero da cuenta de un 37 por ciento de los crímenes violentos en el planeta. Su tasa de homicidio es 17.2 víctimas por cien mil habitantes, la más alta de todas las regiones.

Dicha realidad afecta particularmente a los jóvenes, víctimas y victimarios por igual. Como demuestra la biología evolutiva, el control de la agresión juvenil masculina ha sido un desafío para cualquier colectividad humana en todo tiempo y lugar. Abrumadoramente, el crimen violento ha sido cosa de varones de entre 15 y 30 años de edad, y ser joven en este siglo parece ser en extremo complicado.

En América Latina, la población joven —que es mayoría— es más educada que sus mayores, pero también más desempleada. Es decir, está más informada, tiene acceso a instrumentos para coordinar la acción colectiva —Iphones— pero está menos integrada que generaciones anteriores. El desempleo debajo de los 30 es invariablemente más alto que el promedio de sus respectivas sociedades. Por allí debe leerse también este virtual incendio de América Latina.

En Chile, además, el voto voluntario incentiva la desafección de los jóvenes con la democracia. De hecho, sus tasas de participación electoral son abismalmente bajas; muchos de ellos “votan” protestando.

Todo ello explota hoy. El ciclo de precios ha cambiado: lo que la región exporta vale en 2018 la mitad de lo que valía en 2012. Las economías se han desacelerado, afectando el empleo y el ingreso. El ahorro fiscal es a su vez exiguo. Las voces que más se escuchan en estas protestas son de las nuevas clases medias, justamente, esos 70 millones de personas que dejaron la pobreza pero que son especialmente vulnerables ante cambios bruscos en la economía y el empleo. La estructura tributaria no está particularmente capacitada para atender esta reversión del crecimiento.

Y por supuesto no puede dejarse de lado un nuevo actor: el crimen transnacional organizado. Narcos, guerrillas, minería ilegal, traficantes de personas y contrabandistas, sino un conglomerado de todos esos negocios, compiten con el Estado por el control territorial, o sea, por la soberanía, y muchas veces lo hacen con éxito. Las fronteras porosas, a su vez, facilitan la internacionalización de las actividades criminales.

El alto desempleo juvenil constituye un mercado laboral cautivo. Una cocina de cocaína requiere tan solo de lavandina y un horno de microondas, es la flexibilidad del capitalismo post-industrial. No hay actividad económica más global que el narcotráfico, y al mismo tiempo con una capilaridad tan profunda que se la encuentra en la política, a nivel estatal en Venezuela y a nivel subnacional en casi todos los demás países.

Desde luego que, capturando el Estado, este actor político subvierte el orden democrático por definición. Por accidente o por diseño, ello conecta con la izquierda ingenua y la perversa. La ingenua porque ante cualquier protesta social siempre concluye con el absurdo razonamiento que “las condiciones objetivas de la crisis del capitalismo son tales que estamos en una situación pre-revolucionaria”. Cliché obligado de todo aquel que se precie.

La izquierda perversa, por su parte, porque no tiene problema en financiarse con ilícitos. A propósito, el Grupo de Puebla, supuesto nuevo progresismo pero mero reciclaje de los fracasados Unasur y CELAC, se reunió en Buenos Aires para apoyar al presidente electo Alberto Fernández. La reunión concluyó con un discurso de Ernesto Samper —a propósito del financiamiento de la política por medio de ilícitos— quien sentado junto al anfitrión lo bautizó como “la antorcha del progresismo latinoamericano”.

Indudablemente, son tiempos difíciles para América Latina.