En Darfur, la violación se volvió parte de la vida cotidiana: “Hay algo que quiero contarte”

Antes de salir a buscar agua, algunas mujeres del campamento de Zamzam, uno de los campos de desplazados más grandes de Darfur, pedían anticonceptivos de emergencia. No porque fueran a tener relaciones. Sino porque sabían lo que les esperaba en la carretera. Esa carretera controlada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), ese trayecto de pocos kilómetros que separa la supervivencia de la agresión, se había convertido en una certeza tan brutal que habían aprendido a anticiparla como parte de su estrategia de supervivencia. Nadie iba a detenerla por ellas.

Esta imagen —brutal en su cotidianidad, reveladora de una normalización forzada que ninguna mujer eligió— resume lo que Médicos Sin Fronteras (MSF) ha documentado en un informe publicado esta semana sobre la violencia sexual en Darfur: que la violación ha dejado de ser únicamente un arma de guerra para convertirse en la condición ordinaria de la vida de millones de mujeres y niñas en una de las regiones más devastadas del planeta. Cuatro años después del inicio del conflicto entre el Ejército sudanés y las FAR —el aniversario se cumplió el pasado 15 de abril—, el informe, titulado “Hay algo que quiero contarte”, ofrece la radiografía más detallada hasta la fecha de una crisis que el mundo ha preferido no mirar de frente.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 cuando las Fuerzas Armadas sudanesas y las FAR —una milicia paramilitar creada en 2013 a partir de los janjaweed, responsables de las atrocidades de la primera guerra de Darfur— se enfrentaron por el control del país tras el fracaso de una transición política negociada. En cuatro años, el conflicto ha provocado la mayor crisis de desplazados del mundo: más de doce millones de personas han abandonado sus hogares. Darfur, donde los janjaweed ya sembraron el terror a principios de la década de 2000, volvió a convertirse en el epicentro de las peores atrocidades. Las FAR tomaron el control de gran parte de la región y con ello se desató una nueva ola de violencia contra la población civil, en particular contra las comunidades no árabes.

Más allá del frente

Entre enero de 2024 y noviembre de 2025, más de 3.396 supervivientes de violencia sexual buscaron atención en centros apoyados por MSF en Darfur Norte y Sur. El 97% eran mujeres y niñas. Los datos, recogidos con consentimiento informado por personal médico de la organización, no pretenden —ni pueden— reflejar la magnitud real del fenómeno. Son solo lo que aflora cuando alguien se atreve a hablar, cuando existe un lugar adonde ir, cuando la distancia no es insalvable ni el estigma aplastante. El informe señala explícitamente que hombres y niños también figuran entre las víctimas, pero están casi completamente ausentes de los registros: las normas culturales, la incomodidad de hablar en entornos mixtos y la ausencia de programas específicos los dejan, en su mayoría, sin acceso a atención y sin voz en los datos. Son, en otras palabras, la punta de un iceberg cuya base nadie pudo medir.

Lo que sí revelan es un patrón que desafía la lógica habitual del conflicto armado: la violencia sexual no decrece cuando los combates se alejan. En Darfur Sur, donde el frente de guerra está a cientos de kilómetros desde finales de 2023, MSF atendió a 2.334 supervivientes en el mismo periodo. El 68% de los agresores identificados eran hombres armados, no civiles. Las agresiones ocurrieron mientras las víctimas recogían leña o buscaban agua —522 casos, el 22% del total—, mientras trabajaban en el campo o se dirigían a tierras de cultivo —803 casos, el 34%—. No en medio de la batalla. En medio del día.

“Cada día, cuando la gente va al mercado, hay cuatro o cinco violaciones. Cuando vamos a cultivar, ocurre lo mismo”, relató al personal de MSF una mujer de 40 años del sur de Jebel Marra. “No hay forma de detener las violaciones. La única solución es intentar quedarse en casa y no salir mucho.”

Esa frase condensa una de las consecuencias más silenciosas y duraderas de esta crisis: la reclusión forzada a la que muchas mujeres se someten voluntariamente para reducir el riesgo. Una reclusión que, paradójicamente, tampoco garantiza la seguridad. Entre los casos documentados por MSF, el 15,3% de las agresiones en Darfur Sur fueron perpetradas por parejas íntimas u otros miembros del hogar. El hogar, para muchas, tampoco es un refugio.

Las niñas

Uno de los datos más perturbadores del informe es la edad de las víctimas. En Darfur Sur, el 20% de las supervivientes eran menores de 18 años. Entre ellas, 41 tenían menos de cinco años. En Tawila, la ciudad del norte adonde han llegado decenas de miles de personas que huían de El Fasher y del campamento de Zamzam, el 27% de las supervivientes atendidas entre septiembre y octubre de 2025 eran menores de edad.

Una mujer de 25 años en Nyala, Darfur Sur, recordó ante el personal de MSF el día en que cayó la ciudad: “Desgraciadamente, el día de la caída de Nyala estaba con nosotros la hija de mi hermana. Tenía 13 años. Vivía con nosotros y la violaron. Nos desplazaron hasta aquí. Se llevaron a la hija de mi hermana, la llevaron cerca del agua y allí la violaron. Tuvimos que ir a buscarla y traerla de vuelta. Murió unos días después. Creo que dos días después.”

El colapso de El Fasher

El informe dedica un capítulo a los episodios en que la violencia sexual alcanzó sus cotas más extremas, siempre en coincidencia con las grandes ofensivas militares. El 26 de octubre de 2025, las FAR tomaron El Fasher tras más de 500 días de asedio que habían provocado una hambruna severa y el colapso de los servicios básicos. Era la última gran ciudad de Darfur que permanecía fuera de su control. Su caída desencadenó, según los testimonios recogidos por MSF, una oleada de violencia de una brutalidad difícil de describir.

Las personas que lograron huir a Tawila llegaron traumatizadas, exhaustas y hambrientas. Muchas habían sido atacadas en las carreteras durante días. Los relatos describen agresiones cometidas por varios agresores a la vez, con frecuencia a plena luz del día. El informe las sitúa en un patrón deliberado de humillación y castigo colectivo: las agresiones se perpetraron de forma abierta como táctica para aterrorizar a comunidades enteras, no como actos individuales.

“Durante todo el camino, la milicia FAR pedía a las mujeres que las siguieran e insistían cuando las mujeres se negaban, y también las amenazaban diciendo que las matarían. Esto sucedía en todas partes. En el bosque: dos milicianos allí, otros tres al cabo de un rato. Estaban por todas partes pidiendo a las mujeres que las siguieran. Esto ocurría a plena luz del día, por la mañana”, declaró una mujer de 26 años en Tawila en noviembre de 2025.

El informe documenta también una dimensión étnica explícita en la violencia. Las comunidades no árabes —zaghawa, massalit, fur— han sido objetivo sistemático de las FAR, en una dinámica que remite a los crímenes cometidos durante el conflicto de Darfur de principios de la década de 2000 y que algunos organismos internacionales han calificado de genocidio. En varios testimonios recopilados en abril de 2025, durante el ataque al campamento de Zamzam —que entonces albergaba a casi medio millón de desplazados—, aparece esa dimensión con una claridad escalofriante. “Buscan a mujeres zaghawa para hacerles cosas malas”, declaró un hombre de 35 años.

Lo que piden las que sobreviven

Frente a la magnitud de la crisis, las propias supervivientes han desarrollado redes de respuesta donde el Estado y la comunidad internacional han fallado. MSF organizó grupos de discusión con 56 lideresas comunitarias, parteras, investigadoras y activistas —varias de ellas supervivientes de violencia sexual— para recoger sus demandas. Sus prioridades son concretas: el cese inmediato de la violencia, mecanismos comunitarios de protección, atención médica gratuita y confidencial, espacios seguros, programas de medios de vida y, por encima de todo, el fin de la impunidad.

Son estas mismas mujeres las que, en ausencia de respuesta institucional, sostienen las redes de derivación informales, acompañan a otras supervivientes a las clínicas y mantienen viva la documentación de lo que ocurre. Su liderazgo es, en muchos casos, lo único que funciona sobre el terreno.

Una respuesta que no llega

El fracaso humanitario que describe el informe es tan sistemático como la propia violencia. MSF denuncia que las vías de derivación hacia servicios no médicos —protección, refugio, asistencia legal, atención infantil— “rara vez funcionan de manera eficaz”. Las agencias de la ONU mantienen una presencia “solo parcial e intermitente” sobre el terreno. Las organizaciones sudanesas, que sí están presentes y conocen el contexto, sobreviven con recursos mínimos tras haber perdido oficinas, personal y financiación desde 2023. Muchas enfrentan intimidaciones de las propias autoridades.

Las barreras para que una superviviente acceda a atención médica son además múltiples y a veces mortales: el estigma social, el desconocimiento de los servicios disponibles, la distancia a los centros de salud, la falta de dinero para el transporte, los ataques a instalaciones sanitarias. Y, de manera especialmente perversa, el riesgo de ser agredida de camino a la clínica. El estudio de caso del campo de desplazados de Daba Naira ilustra con cifras la magnitud del problema: entre diciembre de 2025 y enero de 2026, MSF proporcionó apoyo básico a 732 supervivientes. Solo 206 llegaron después a la clínica. Y de esas 206, únicamente 68 —el 33%— pudieron regresar para consultas de seguimiento.

“Lo que hemos visto no es fácil; necesitamos olvidar lo que hemos visto. Por eso necesitamos apoyo psicosocial. También necesitamos atención para la violencia sexual. Y apoyo para los derechos humanos”, dijo una mujer de 26 años en Tawila en noviembre de 2025.

Su voz es la de decenas de miles de personas que han pedido, a quienes tienen el poder de escuchar, exactamente lo mismo: que alguien actúe. Hasta ahora, la respuesta internacional ha sido, en palabras de la propia MSF, “esporádica, inconsistente y extremadamente insuficiente”. El liderazgo político no ha reunido la voluntad necesaria para poner fin a la guerra. Las instituciones humanitarias no han respondido a la escala de la crisis. Y las supervivientes cargan, una vez más, con el peso de una violencia que otros perpetúan y otros permiten.

“El coste de este fracaso no es abstracto”, concluye el informe: “se refleja en traumas sin tratar, en un sufrimiento evitable y en el silencio prolongado en el que la mayoría de las supervivientes se ven obligadas a vivir.”

EL INFORME COMPLETO