Alí Shaath, economista palestino y director de la Comisión Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), anunció el jueves durante la reunión inaugural de la Junta de Paz en Washington el despliegue de una fuerza policial palestina de 5.000 agentes en un plazo de 60 días.
El anuncio se enmarca en la segunda fase del plan de 20 puntos del presidente Donald Trump para Gaza, que busca trasladar el control del enclave devastado desde el grupo terrorista Hamas hacia una estructura de gobernanza internacional supervisada directamente desde Washington.
Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, reconoció que la CNAG opera en condiciones extremadamente difíciles. Gran parte de la Franja resultó gravemente dañada tras dos años de guerra que dejaron al menos 70.000 palestinos muertos, según cifras de organismos palestinos confirmadas también por Israel.
La nueva fuerza policial responde a la primera de cuatro prioridades definidas por la comisión tecnócrata: restaurar la seguridad bajo una sola autoridad, una sola ley y una sola arma. Las otras tres áreas prioritarias incluyen reactivar la economía, garantizar ayuda humanitaria sostenible y restablecer servicios básicos como electricidad, agua, salud y educación.
El director de la Junta de Paz, el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov, informó que unas 2.000 personas ya solicitaron unirse a esta fuerza de transición, que será entrenada en Egipto y operará bajo la autoridad civil de la CNAG. Mladenov estableció como condición esencial que todas las facciones armadas en Gaza sean desmanteladas y que las armas queden bajo control de una autoridad civil única. Para ello, afirmó, resulta imprescindible la implementación completa del plan de 20 puntos de Trump.
La Junta de Paz, presentada por Trump como una alternativa a Naciones Unidas, celebró su primera reunión con la participación de casi 50 países, superando los 27 miembros fundadores. Sin embargo, la ausencia de potencias europeas occidentales y el rechazo del Vaticano, México y varios países latinoamericanos evidencian las fisuras en el respaldo internacional al mecanismo impulsado por Estados Unidos.
La junta está dirigida por una estructura ejecutiva que incluye al secretario de Estado Marco Rubio, el yerno de Trump Jared Kushner, el exprimer ministro británico Tony Blair y el enviado especial Steve Witkoff, entre otros.
El plan de 20 puntos, presentado por Trump en septiembre de 2025 junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, establece un alto el fuego condicionado al desarme completo de Hamas, la liberación de rehenes israelíes y la creación de una zona libre de terrorismo en Gaza.
El documento contempla la formación de un gobierno de transición bajo supervisión internacional, un programa masivo de reconstrucción y, eventualmente, la posibilidad de avanzar hacia un Estado palestino, aunque Netanyahu ha rechazado categóricamente esta última perspectiva.
El principal obstáculo para la implementación del plan radica en el desarme de Hamas, que mantiene el control efectivo de Gaza desde 2007. Israel fijó un plazo de 60 días para que el grupo terrorista entregue todas sus armas, incluidas las ligeras como fusiles AK-47. El Departamento de Estado estadounidense reconoció que la desmilitarización constituye el desafío central del proceso.
Sin embargo, Khaled Meshaal, alto dirigente de Hamas, rechazó el desarme total y propuso únicamente un congelamiento de las armas, argumentando que desarmarse equivaldría a despojar al pueblo palestino de su alma.
La tensión se agrava por las continuas violaciones del alto el fuego. El ejército israelí mantiene el control de más del 50% del territorio gazatí y ha dejado claro que no renunciará al objetivo de desmilitarización total de la Franja. El ministerio de Salud de Gaza, operado por Hamas, reportó al menos 601 palestinos muertos por fuerzas israelíes desde el inicio de la tregua en octubre de 2025.
Mladenov advirtió que enviar al comité tecnócrata mientras persisten los enfrentamientos solo garantizará su inefectividad. El diplomático búlgaro anunció la creación de una Oficina del Alto Representante para Gaza, que él mismo encabezaría provisionalmente, con el objetivo de eliminar los obstáculos que enfrentará la CNAG al asumir el control civil y administrativo del enclave.
Trump anunció que Estados Unidos contribuirá con 10.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza, mientras que nueve países árabes comprometieron otros 7.000 millones. Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán ofrecieron tropas para la Fuerza Internacional de Estabilización prevista en el plan, aunque ningún gobierno ha formalizado compromisos definitivos sobre el número de efectivos ni el alcance de su mandato.
El modelo propuesto recuerda experiencias de administración internacional en Timor Oriental, Kosovo, Bosnia e Irak. Sin embargo, la ausencia de representación palestina en la junta ejecutiva internacional y la imposición vertical de estructuras de gobernanza han generado escepticismo sobre la viabilidad del proyecto. La historia demuestra que cuando el diseño es excesivamente vertical y la legitimidad local resulta limitada, la estabilidad suele ser precaria.
La CNAG, integrada por 15 tecnócratas palestinos, carece de función política y se limitará a la gestión logística y administrativa civil.
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