Australia declara emergencia sanitaria por bicicletas eléctricas ante el aumento de accidentes y muertes juveniles

El Ministerio de Salud de Australia declaró una emergencia real ante el auge de las bicicletas eléctricas y el aumento de accidentes graves y víctimas mortales asociados a estos vehículos, especialmente entre adolescentes. Las autoridades advierten sobre la proliferación de unidades ilegales en las principales ciudades y la falta de control técnico, mientras comerciantes y entidades educativas buscan estrategias para afrontar el fenómeno.

Según el diario británico The Guardian, en Nueva Gales del Sur se reportaron 226 heridos en 2024 y 233 durante los primeros siete meses de 2025, además de cuatro muertes. En Queensland, las cifras preliminares registran 239 siniestros y cuatro fallecidos en el mismo período. Las autoridades reconocen que el número real podría ser superior debido al subregistro de incidentes menores.

El repunte de accidentes desató un debate nacional sobre la conveniencia de prohibir estos vehículos o endurecer su regulación y reforzar la educación vial. Registros policiales y asociaciones ciclistas admiten que, aunque las bicicletas eléctricas contribuyeron a la movilidad y al cuidado ambiental, el contexto actual revela consecuencias preocupantes.

El ministro de Salud, Mark Butler, calificó estos vehículos como "una verdadera amenaza en la vía pública" y subrayó la urgencia de “detener la entrada de estos vehículos al país”, otorgando a la policía autoridad para “retirarlos, destruirlos y eliminarlos”.

El crecimiento de su uso se aceleró con la relajación de normas de importación en 2021, lo que permitió la llegada de modelos con motores más potentes y aceleradores sin restricciones. Ben Boucher, estudiante de 16 años, señaló que la bicicleta eléctrica le proporciona independencia y facilita su trayecto escolar: "Simplemente es más fácil moverse“, declaró a The Guardian.

Sin embargo, advirtió sobre el peligro de que menores desconozcan las normas de tránsito. Max, otro estudiante de 15 años, compartió su experiencia en clases de educación vial, donde comprendió la importancia del casco, aunque manifestó preocupación porque muchos compañeros y sus padres ignoran que estos vehículos pueden superar los 50 km/h.

En 2025, el gobierno federal fijó una potencia máxima permitida de 250 vatios y una velocidad límite de 25 km/h. No obstante, comerciantes y expertos aseguran que numerosos modelos eluden el control oficial.

Nueva Gales del Sur, que había permitido motores de hasta 500 vatios, debió alinearse con los límites nacionales. Aún así, los usuarios pueden modificar técnicamente sus bicicletas para alcanzar velocidades superiores.

El debate escaló a la política nacional. "Los niños siempre han cometido imprudencias con las bicicletas, pero ahora las lesiones son mucho más graves“, advirtió Butler. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, reconoció que los gobiernos buscan “cerrar la puerta del establo” cuando el problema ya se ha desbordado.

Por su parte, la líder opositora Natalie Ward exigió “sacar las bicicletas eléctricas de las calles”, alertando sobre el avance de agrupaciones juveniles denominadas en medios como ebikie gangs. Estas posiciones reflejan el desacuerdo sobre la gestión de una potencial emergencia sanitaria.

El fenómeno repercutió en el comercio. Francisco Furman, dueño de Manly Bikes en Sídney, relató a The Guardian que, tras la muerte de un usuario en diciembre, las ventas cayeron durante una temporada normalmente activa: "Tuvimos muchas cancelaciones, lo que afecta gravemente nuestro negocio“, explicó. Además, redujo su inventario ante la incertidumbre sobre futuros cambios regulatorios.

Otros comerciantes, como Tadana Maruta, propietario de la tienda Pedl, sostienen que las nuevas restricciones no bastarán para resolver el problema, ya que muchas bicicletas pueden ser modificadas para superar los límites legales.

Asimismo, afirma que persiste la venta de modelos ilegales para uso privado, que superan los 25 km/h o carecen de pedales, y que muchos compradores los utilizan igualmente en la vía pública. "Todo lo que se necesita es un adolescente ingenioso, y siempre hay uno capaz de hacerlo“, aseguró.

La policía australiana intensificó los operativos contra bicicletas eléctricas y motocicletas ilegales. Durante una inspección en Melbourne en agosto, más de la mitad de los vehículos confiscados no cumplían con la normativa vigente. El comisionado adjunto de la policía de Victoria, Glenn Weir, declaró a The Guardian que existe “una falta clara de comprensión, o un desinterés evidente, por cumplir la ley”.

Además, los denominados rideouts, encuentros de ciclistas adolescentes organizados por redes sociales, son objeto de nuevas restricciones. En Sídney y Melbourne, estas reuniones han convocado a cientos de jóvenes y suscitado quejas de residentes y autoridades.

Las alternativas futuras incluyen el refuerzo de los operativos policiales y la expansión de la educación vial. Bicycle NSW, principal organización de ciclistas de Nueva Gales del Sur, impulsa un programa piloto de formación en escuelas con la intención de extenderlo a todo el estado.

La entidad sostiene que la intervención policial debe ser el último recurso y promueve la información a adolescentes, padres y comerciantes sobre la normativa vigente. Paralelamente, colectivos como Bike Life Australia colaboran con la policía para organizar salidas legales y prevenir incidentes.

El reto de equilibrar la movilidad sustentable con la seguridad pública permanece abierto en Australia. Para numerosos comerciantes, la adopción de estas bicicletas ya es irreversible y sus consecuencias, tanto positivas como negativas, forman parte de la dinámica urbana nacional.