
El Parlamento Europeo autorizó este miércoles que los países de la Unión Europea puedan poner en marcha un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para los años 2026 y 2027, aunque sin la participación de Hungría, Eslovaquia y República Checa. La votación, que avaló la medida con 499 votos a favor, 135 en contra y 24 abstenciones, constituye el paso previo para que la iniciativa se concrete mediante un mecanismo de cooperación reforzada.
Este procedimiento, contemplado en el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea, permite que un mínimo de nueve Estados miembros avancen en iniciativas concretas cuando no existe consenso entre todos los socios comunitarios. El instrumento legal se aplica en ámbitos donde la Unión en su conjunto no puede alcanzar los objetivos en un plazo razonable. La cooperación reforzada no permite la ampliación de competencias más allá de lo recogido en los tratados europeos, y está diseñada para superar puntos muertos sin perjudicar a quienes deciden no participar.
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La decisión de los tres países de Europa Central de quedar al margen del préstamo fue formalizada en la cumbre del Consejo Europeo del 18 de diciembre. Según el acuerdo aprobado por los líderes, la movilización de recursos del presupuesto comunitario como garantía del crédito no tendrá impacto en las obligaciones financieras de Hungría, Eslovaquia y la República Checa. No obstante, las empresas de estos países podrán participar en las licitaciones financiadas con estos fondos.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, señaló en su momento que la exclusión permite evitar que sus ciudadanos soporten la carga de este préstamo, que calificó de dinero perdido. Hungría y Eslovaquia, considerados los gobiernos más cercanos a Moscú entre los Veintisiete, han rechazado cualquier tipo de ayuda militar a Ucrania. La posición de la República Checa difiere ligeramente: su primer ministro, Andrej Babis, aclaró que Praga respalda las conclusiones de la cumbre y apoya a Ucrania, pero no está dispuesta a garantizar el préstamo.
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El mecanismo financiero acordado por los líderes europeos en diciembre se financiará mediante la emisión de deuda común respaldada por los márgenes del presupuesto comunitario. Esta alternativa se impuso después de constatar que no había acuerdo para financiar el préstamo con los activos rusos inmovilizados, una opción que había sido rechazada principalmente por Bélgica. Bruselas mantiene congelados cerca de 210.000 millones de euros del Banco Central de Rusia, pero las exigencias belgas de garantías ilimitadas para compartir responsabilidades legales y financieras resultaron inaceptables para otros socios.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el 14 de enero el diseño concreto del préstamo. Propuso que dos tercios del total, es decir, 60.000 millones de euros, se destinen al gasto militar, con prioridad para las compras a la industria ucraniana y europea. Los 30.000 millones restantes cubrirán las necesidades presupuestarias de Kiev y garantizarán el funcionamiento de la administración pública.
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El plan establece que Ucrania recibirá el préstamo sin intereses y solo deberá devolverlo una vez que Rusia pague reparaciones de guerra. La Unión Europea se reserva el derecho de usar los activos rusos inmovilizados para apoyar a Kiev si fuera necesario. Mientras tanto, la deuda será colocada en los mercados internacionales con el respaldo del presupuesto europeo. Bruselas estima que los intereses ascenderán a unos 3.000 millones de euros anuales, que deberán presupuestarse en el próximo marco financiero plurianual.
El dispositivo también contempla que las adquisiciones militares se realicen en los países de la Unión Europea, Ucrania, Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. Solo cuando estas compras no sean posibles en esta región geográfica o no puedan realizarse con la rapidez necesaria podrá recurrirse a proveedores de otros Estados.
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El Parlamento Europeo aprobó además esta semana tramitar por procedimiento de urgencia las propuestas legislativas necesarias para poner en marcha el préstamo. El objetivo de la Comisión Europea es que los eurodiputados y los Estados miembros las aprueben antes de finales de marzo para que el primer desembolso pueda producirse en abril.
Como en anteriores programas de ayuda a Kiev, los pagos estarán condicionados a que Ucrania cumpla un programa de reformas destinadas también a allanar su camino a la adhesión a la Unión Europea. Estas reformas abarcan áreas como la lucha contra la corrupción y el refuerzo del Estado de Derecho.
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La decisión de la Eurocámara se produce en un contexto en el que la Unión Europea busca garantizar el apoyo financiero y militar a Ucrania en un momento crítico. Según las estimaciones de la propia Unión, Kiev necesita 135.000 millones de euros adicionales para sostener sus finanzas durante los próximos dos años, con una crisis de liquidez prevista a partir de abril de 2026.
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