El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que vetará la ley aprobada por el Senado que reduce las penas para los condenados por el intento de golpe de Estado de 2022, entre ellos el ex presidente Jair Bolsonaro.
“Ya lo he dicho hace tiempo, las personas que cometieron un crimen contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos cometidos”, reiteró Lula en una rueda de prensa celebrada en el Palacio del Planalto. “Cuando llegue a mi mesa, lo vetaré. No es un secreto para nadie”, añadió.
La propuesta, avalada el miércoles por el Senado, contempla una rebaja sustancial de las penas para los implicados en el asalto a las instituciones ocurrido el 8 de enero de 2023, con reducciones de hasta un 70% en algunos casos. Según Lula, es fundamental esclarecer todos los detalles de lo sucedido, antes de considerar cualquier medida de clemencia. “Todavía no ha acabado el proceso”, indicó el mandatario, reafirmando la necesidad de preservar la memoria democrática para evitar riesgos futuros.
“Todavía no sabemos quiénes lo financiaron. Tenemos que tomarnos muy en serio lo que pasó en enero de 2023 y hay personas que quieren que se olvide, pero no nos podemos olvidar porque si nos olvidamos de la importancia que tiene la democracia para una nación, perderemos la partida”, exclamó.
El propio Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión como cabecilla de la trama golpista, podría ver reducida su pena mínima a dos años y cuatro meses en régimen cerrado si el proyecto legislativo entra en vigor. Actualmente, el expresidente cumple condena en una sala especial de la sede de la Policía Federal de Brasilia.
La iniciativa fue impulsada originalmente por sectores de la oposición que promovían una amnistía general, pero en el Congreso fue reformulada para acotar su alcance exclusivamente a los crímenes contra el Estado Democrático de Derecho. El senador Esperidião Amin, relator del proyecto, enfatizó que no se trata de un perdón indiscriminado, sino de una revisión de la proporcionalidad de las penas para evitar castigos excesivos. “La intención siempre fue corregir distorsiones en las condenas vinculadas a los hechos del 8 de enero”, explicó durante la sesión.
La norma fue aprobada con 48 votos a favor y 25 en contra, y llegó al pleno tras un acuerdo de procedimiento entre oficialismo y oposición para acelerar su tratamiento antes del cierre del año legislativo. En caso de ser promulgada, la ley aún podría enfrentar impugnaciones ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF).
(Con información de Europa Press)
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