
La mañana del martes, las fuerzas de seguridad de Bélgica desplegaron un operativo que concluyó con la detención de ocho personas señaladas por participar en un supuesto plan para atentar contra el fiscal jefe de Bruselas, Julien Moinil. La acción, confirmada por la Fiscalía Federal mediante un comunicado difundido, incluyó registros en 18 domicilios ubicados en Bruselas y Lovaina.
Las autoridades detallaron que los detenidos poseen antecedentes vinculados al tráfico organizado de drogas y estarían relacionados con el entorno de la criminalidad albanesa.
Desde julio, Moinil permanece bajo resguardo policial debido a amenazas directas procedentes de redes de narcotráfico, reconocimiento asumido públicamente por la Fiscalía. De acuerdo con Reuters, una alerta sobre este eventual complot fue recibida durante el verano, lo que desencadenó la apertura de una investigación bajo la tutela de un juez de instrucción.
Durante los registros, la Fiscalía precisó que aún resulta prematuro confirmar si el atentado se encontraba en una fase avanzada; la continuidad de la privación de libertad de los arrestados será determinada por el juez.
Por otra parte, Ann Fransen, fiscal federal, destacó en el mismo comunicado la exposición de los profesionales judiciales y de seguridad, quienes integran el blanco de estos grupos delictivos y requieren protección institucional reforzada.

Los arrestos fueron viabilizados por datos obtenidos en cuatro meses de investigaciones, con labores de inteligencia y vigilancia sobre varios puntos estratégicos de la ciudad. La fiscalía explicó que los principales sospechosos mantenían vínculos con la mafia criminal albanesa.
Euro News señaló que los allanamientos respondieron a un trabajo conjunto entre fiscalía y policía, quienes accedieron a informes concretos de los servicios de inteligencia que alertaban sobre una conspiración para asesinar a Moinil. Desde enero ocupa el cargo de fiscal jefe y desde julio permanece bajo custodia policial.

Las autoridades atribuyeron a estas disputas recientes tiroteos y ataques, con 92 casos reportados en 2024, dejando nueve fallecidos y 48 heridos, conforme a estadísticas de la policía local.
El refuerzo de la seguridad para magistrados y funcionarios policiales constituye una inquietud creciente. Ann Fransen subrayó la vulnerabilidad de quienes enfrentan el narcotráfico y solicitó fortalecer su protección: “Es necesario proteger mejor a los agentes de policía y magistrados que combaten el crimen organizado, ya que se encuentran en el punto de mira de estas organizaciones”, manifestó en un comunicado.
En septiembre, el ministro de Defensa Theo Francken comunicó que militares reforzarían la vigilancia de las calles de Bruselas para apoyar a la policía en el combate al narcotráfico, una medida implementada tras episodios graves que incluyeron el cierre de estaciones de metro por tiroteos y persecuciones.
(Con información de Reuters y Europa Press)
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