António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, condenó el golpe militar en Madagascar, donde el coronel Michael Randrianirina asumió el control tras el derrocamiento de Andry Rajoelina, cuyo paradero se desconoce.
Además, exigió la restauración del orden constitucional y la legalidad en el país africano, que enfrenta un nuevo episodio de inestabilidad tras la intervención militar.
La toma del poder siguió a tres semanas de protestas multitudinarias encabezadas por jóvenes bajo el lema Gen Z Madagascar, quienes denunciaron el deterioro de los servicios públicos y acusaron a la élite gobernante de corrupción y nepotismo.
Unidades de las fuerzas armadas, incluida la élite CAPSAT dirigida por Randrianirina, apoyaron la revuelta y proclamaron el control militar, consolidando una transición forzada en la nación del océano Índico.
Randrianirina anunció la creación de un consejo integrado por oficiales militares que dirigirá el país durante un máximo de dos años, período tras el cual se prevén nuevas elecciones.
Los militares argumentaron que la medida responde a la creciente presión social y política en una nación afectada por pobreza crónica, sequía, hambre y crisis institucional.
La reacción internacional fue inmediata. La Unión Africana (UA) suspendió a Madagascar de todas sus actividades y rechazó enérgicamente la toma militar. Según la agencia EFE, la UA decidió enviar una delegación de alto nivel para dialogar con las fuerzas políticas, la sociedad civil, la juventud y las autoridades de facto, con el objetivo de recuperar la estabilidad constitucional.
La misión diplomática, respaldada por el presidente de la UA, João Manuel Gonçalves Lourenço (Angola), se coordina con la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC), que también anunció el envío de una misión técnica a Antananarivo y calificó el golpe como una amenaza para la estabilidad regional.
El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, reafirmó la solidaridad del organismo con la población de Madagascar y convocó a todos los actores a alcanzar un acuerdo de paz para restaurar la gobernabilidad democrática.
Este es el cuarto golpe militar desde la independencia del país en 1972, 1975, 2009 y ahora 2025 y que, en ambos episodios recientes, el CAPSAT desempeñó un rol decisivo en el cambio de poder.
A estas posturas realizadas por la ONU y la Unión Africana, se sumaron los gobiernos de Francia y Estados Unidos, que llamaron a las autoridades militares a respetar el Estado de derecho y la democracia en el país africano.
El Ministerio de Asuntos Exteriores francés instó a que se “preserven escrupulosamente la democracia, las libertades fundamentales y el Estado de derecho”, remarcando la importancia de que tanto actores institucionales como políticos y sociales actúen con “responsabilidad, moderación y diálogo”. En un comunicado oficial emitido en París, la diplomacia francesa subrayó que esos principios son esenciales para toda sociedad justa y pacífica.
Por su parte, el gobierno estadounidense también solicitó que se respeten los derechos fundamentales y las normas democráticas tras la toma del poder por parte de las fuerzas militares.
(Con información de AP y EFE)
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