Decenas de personas, entre ellas estudiantes universitarios, fotoperiodistas y reporteros, fueron llamadas este sábado a comparecer ante un tribunal de Estambul, acusadas de participar en manifestaciones no autorizadas tras el arresto y posterior suspensión del alcalde de la ciudad y líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Ekrem Imamoglu.
Según el diario Hurriyet, los acusados forman parte de un grupo de más de 2.000 personas detenidas en el marco de las protestas que estallaron luego de la detención de Imamoglu el pasado 19 de marzo. Entre los procesados se encuentran cuatro fotoperiodistas y tres reporteros que cubrían las movilizaciones y que están siendo igualmente juzgados.
Un total de 189 personas —la mayoría estudiantes universitarios— comenzaron este sábado su defensa en un primer juicio relacionado con estos hechos. A las acusaciones por participación en protestas ilícitas se suman, en algunos casos, cargos por desacato a la autoridad y tenencia de armas.
La Justicia turca determinó el viernes separar este proceso del juicio principal, mientras que los abogados de los acusados solicitaron la absolución de todos sus representados. Aunque buena parte de los estudiantes detenidos han sido liberados recientemente, se estima que al menos medio centenar de ellos continúa bajo custodia.
Las protestas que originaron estas detenciones surgieron tras el arresto de Ekrem Imamoglu, quien fue enviado a prisión pocos días después, acusado de corrupción.
Su detención desencadenó movilizaciones masivas en distintas ciudades del país, que desafiaron las restricciones impuestas por las gobernaciones locales, las cuales prohibían concentraciones públicas, lo que derivó en una ola de arrestos.
Las imágenes de estas manifestaciones circularon ampliamente en redes sociales y mostraron la presencia de fuerzas de seguridad dispersando a los manifestantes y deteniendo a participantes, incluidos profesionales de la prensa que se encontraban cubriendo los acontecimientos.
En paralelo, el alto funcionario Murat Abbas, director del departamento de asuntos culturales del municipio de Estambul e implicado en la misma investigación por corrupción, fue liberado el viernes tras casi un mes en prisión. La Justicia dispuso que Abbas permanezca bajo arresto domiciliario y le prohibió salir del país.
Durante su detención, Abbas se acogió a la figura legal del “arrepentimiento efectivo”, una disposición contemplada en la legislación turca que permite obtener reducciones de pena si se colabora activamente con la investigación judicial.
La situación judicial tanto de los manifestantes como de los funcionarios vinculados al caso Imamoglu se convirtió en un foco de atención nacional e internacional. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado la represión contra quienes participaron en las protestas, mientras que sectores de la oposición han calificado las detenciones y los procesos judiciales como parte de una ofensiva política contra líderes y simpatizantes del CHP.
(Con información de AFP y Europa Press)
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