El Parlamento húngaro aprobó este lunes una controvertida enmienda constitucional que blinda la prohibición de las marchas del Orgullo LGTBI+ en el país al anteponer “la protección de la infancia” a derechos fundamentales como el de reunión y la libre expresión.
La reforma, aprobada por 140 votos en un Parlamento de 199 escaños, fue impulsada por el primer ministro húngaro, el ultranacionalista, Viktor Orbán, y respaldada por la mayoría absoluta de dos tercios de su partido, el Fidesz.
La enmienda aprobada establece en la Constitución que “el derecho del menor al adecuado desarrollo físico, mental y espiritual prevalecerá sobre todos los demás derechos fundamentales, con la excepción del derecho a la vida”, lo que supone que el derecho de reunión se subordina a esta “protección de la infancia”.
El texto de la enmienda constitucional señala que “todo niño tiene derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su correcto desarrollo físico, mental y moral”, y agrega que este derecho de los menores constituye “una protección de carácter prioritario”.
La votación de este lunes se produjo entre escenas de tensión, cuando diputados y activistas del partido liberal Momentum intentaron bloquear parcialmente la plaza Kossuth, donde se sitúa el edificio del Parlamento, como protesta contra la aprobación de la enmienda.
A mediados de marzo, la mayoría de dos tercios del Fidesz aprobó por vía de urgencia en el Parlamento una enmienda a la ley de reuniones para vetar “las asambleas que vulneren las prohibiciones previstas en la ley de defensa de los menores”.
Esa reforma señala que para hacer valer la defensa de menores y su desarrollo “adecuado”, no se permitirán “las reuniones que promuevan o exhiban el cambio de sexo de nacimiento o la homosexualidad”, así como la participación en ellas.
También prevé multas de hasta 490 euros (556 dólares) y el uso de tecnologías de “reconocimiento facial” para identificar a los participantes de estos encuentros.
Desde que se aprobó la enmienda miles de ciudadanos han protestado cada semana y 22 embajadas europeas, entre ellas las del Alemania, Francia, Reino Unido y España, expresaron su profunda preocupación por las “restricciones al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión”.
Las nuevas disposiciones han sido criticadas con dureza tanto por la comunidad LGTBI+ del país, como por parte de ONG, políticos opositores y activistas.
Dorottya Rédai, activista de la Comunidad Lesbiana Labrisz, declaró recientemente en una protesta contra la enmienda que el objetivo del Gobierno de Orbán es “eliminar a las personas LGTBI+ del discurso público”.
Por su parte, Ákos Hadházy, político independiente y organizador de varias manifestaciones por los derechos LGTBI+, advirtió que el Gobierno no solo “prohíbe las marchas por los derechos de los homosexuales”, sino que, al redefinir la ley de reuniones, busca impedir cualquier protesta seria que incomode al poder.
El 2 de abril, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, recordó que el derecho a manifestarse pacíficamente es un valor fundamental de la Unión Europea y afirmó que Bruselas está investigando la enmienda que, en la práctica, blinda la prohibición de la marcha del Orgullo.
Ahora se espera que cuando los organizadores de la marcha de Orgullo soliciten oficialmente, un mes antes del evento, el permiso adecuado, ésta será rechazada por las autoridades.
A pesar del nuevo marco legal, los organizadores de la marcha del Orgullo en Budapest anunciaron que siguen decididos a llevar adelante la marcha prevista para el 28 de junio.
“Esto no es protección de la infancia, esto es fascismo”, afirmaron en un comunicado reciente.
Por otra parte, otra enmienda aprobada este lunes establece el reconocimiento constitucional de dos sexos, masculino y femenino, lo que exime a otras identidades de género.
En los últimos 15 años, el Gobierno de Orbán ha impulsado leyes que restringen los derechos de la comunidad LGTBI+, incluyendo la prohibición del reconocimiento legal del cambio de género, la adopción para parejas del mismo sexo y la definición constitucional del matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer.
(con información de EFE)
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