Varios de los 193 Estados miembro y ONG de la ONU reiteraron este jueves sus condenas a China por la sistemática violación de los derechos humanos en su territorio, como quedó nuevamente expuesto en el último Exámen Periódico Universal realizado en el país.
El EPU del pasado enero -de carácter obligatorio para todos los países participantes, cada cuatro o cinco años- corroboró que en China persisten las maniobras represivas contra las libertades civiles, destacando el caso de la región del Tíbet, donde las autoridades intensifican sus esfuerzos por borrar la identidad cultural y religiosa, y la noroccidental Xinjiang, donde se acusa al Gobierno de encarcelar a más de un millón de uigures y otras minorías musulmanas.
Asimismo, el informe alertó sobre la ley de seguridad que rige en Hong Kong desde 2020, que habilita a la persecución de la disidencia pro democrática.
A raíz de estas observaciones, los países críticos elaboraron un documento con 428 recomendaciones para que Beijing implemente en pos de modificar estas acciones, así como también proyectos que se enfoquen, por ejemplo, en “seguir protegiendo los derechos culturales de las minorías étnicas”.
China aseguró haber adoptado el 70% de estas recomendaciones aunque rechazó con contundencia las iniciativas por considerarlas una jugada política.
“Algunas recomendaciones que están políticamente motivadas y basadas en la desinformación, ideológicamente sesgadas o que interfieren en la soberanía de China… China las rechaza firmemente. Dejen de utilizar los derechos humanos como pretexto o como arma para atacar a China”, dijo el embajador del país, Chen Xu, ante los miembros de la ONU, reunidos en Ginebra.
Su homóloga de Estados Unidos, Michele Taylor, repudió la postura del gigante asiático y lo acusó de haberse “negado a tomar medidas en medio de los constantes llamamientos de la comunidad internacional para que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales”, así como de “rechazar numerosas recomendaciones constructivas formuladas a través del EPU”.
A la par, el embajador británico, Simon Manley, sostuvo que Beijing “ha rechazado hoy todas y cada una de las recomendaciones del Reino Unido”. “Al hacerlo, el Gobierno chino no ha reconocido sus graves violaciones de los derechos humanos y ha vuelto a intentar afirmar que la evaluación autorizada de la ONU sobre Xinjiang es -y cito- ‘ilegal y nula’. No es ni una ni la otra”, sumó.
“China desestimó el 30% de las recomendaciones recibidas. La fachada de Beijing como actor constructivo en la ONU se ha hecho añicos”, expresó, en tanto, Raphael Viana David, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos.
No obstante, China consiguió que un grupo de los allí presentes diserte en su favor, contraponiéndose a estas opiniones y críticas. Inclusive, muchos diplomáticos señalaron que la parte acusada había estado presionando y haciendo lobby antes del ingreso a la sala.
Gracias a ello, consiguió contar por sí solo con un total de 20 minutos para hablar y defenderse, mientras que todo el resto de los actores debieron repartirse un tercio de la hora, quedando muchos sin la posibilidad de expresarse. De hecho, presentaron sus ideas los representantes de apenas 15 países.
Uno de ellos fue Rusia, cuyo diplomático elogió el “enfoque constructivo” de su aliado durante el EPU y criticó los ataques “políticamente motivados” en su contra. También, varias ONG pro gubernamentales tomaron la palabra y respaldaron a Xi.
El Exámen Periódico Universal de principios de este año fue la primera investigación conducida en China desde que, en 2022, la ex jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, publicó el demoledor informe en el que respaldaba las denuncias que la Organización había realizado sobre los abusos en Xinjiang y los posibles “crímenes contra la humanidad”.
(Con información de AFP)
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