
El proyecto de reforma jubilatoria planteado por el gabinete de Emmanuel Macron ya está en la recta final. Este miércoles, la comisión paritaria de la Asamblea Nacional -el Senado- se reunirá para acordar un texto común que posteriormente, el jueves, será debatido y votado en ambas cámaras.
A horas de conocerse el resultado definitivo, la sociedad y los sindicatos se mantienen firmes en su postura y rechazan tajantemente la propuesta.
Esto ha llevado a una ola de marchas que iniciaron el 19 de enero y a una inusual imágen en las calles de todo el país: pilas de bolsas de basura sin recoger.
Según autoridades locales, más de 7.000 toneladas de residuos se acumulan en las aceras de la capital y generan un olor desagradable y aumentan la presencia de ratas. Esta situación podría empeorar en los próximos días ya que los trabajadores recolectores de basura han decidido extender nuevamente el paro hasta el 20 de este mes.

La huelga comenzó en París pero rápidamente se extendió a todo Francia, desde grandes ciudades como Nantes, Rennes y Niza, hasta más pequeñas como Montpellier, Le Havre, Saint-Brieuc y Vallauris.
Esta situación ha elevado el nivel de tensión en las calles, donde por octava jornada consecutiva, la gente se manifiesta en contra del proyecto, a lo que el presidente Emmanuel Macron parece hacer oídos sordos.
“La situación es deplorable”, denunció el primer teniente de alcalde de París, Emmanuel Grégoire, en solidaridad con la gente y responsabilizó al Gobierno por “hacer oídos sordos a un frente sindical histórico” y a gran parte de la sociedad.

“Somos víctimas de la cabezonería del Gobierno” y su “incapacidad para encontrar una solución” a la situación, insistió.
Al igual que estos sectores, otro tanto de sindicatos se han sumado a las medidas de fuerza y más se esperan para los próximos días clave.
Entre ellos están los controladores aéreos, cuya suspensión de tareas obligará a la cancelación del 20% de los vuelos del aeropuerto parisino de Orly durante el miércoles.
También, continuará la huelga en las cuatro terminales francesas de importación de gas licuado transportado en barco, que seguirán paradas -en principio- hasta comienzos de la próxima semana.

En este clima de tensión, la presidente de la Asamblea Nacional, la macronista Yaël Braun-Pivot, anunció hoy que el pedido para que el debate de las próximas horas sea transmitido por televisión había sido rechazado. La medida era un intento de la oposición de izquierda para dejar al descubierto la postura adoptada por cada miembro de la comisión.
De todas formas, a pesar de los esfuerzos que el oficialismo lleva realizando hace semanas para conseguir la luz verde sobre este proyecto -el cual señala de súmamente necesario para conseguir un presupuesto viable-, nada garantiza que efectivamente consiga aprobarlo en los próximos días.
El bloque macronista ha conseguido el respaldo del grupo conservador Los Republicanos (LR), por lo que suma mayoría absoluta en ambas cámaras, con 287 escaños. Sin embargo, un importante número de sus legisladores aún no han garantizado su voto favorable al proyecto, lo que ha hecho temblar a Macron y ha encabezado desde el sábado mesas de negociación con distintos actores.

Medios franceses estimaron en 281 los diputados en favor de la reforma, a lo que la primera ministra Elisabeth Borne respondió asegurando que “la mayoría existe” y que, igualmente, el voto afirmativo “no supone un apoyo al Gobierno”.
Por último, de darse un resultado desfavorable sobre el proyecto, el Ejecutivo aún podría recurrir al controvertido artículo 49.3 de la Constitución, que lo avalaría a aprobar el texto sin una votación. Sin embargo, esta medida podría generarle un costo político muy alto y una crisis social más aguda de la que actualmente se vive en el país.
(Con información de AFP y EFE)
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