Amnistía Internacional denunció este jueves que el régimen iraní impone la pena de muerte y el miedo para oprimir a la población, que sigue haciendo frente a la brutal represión de las fuerzas de seguridad tras la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini y ante las políticas abusivas de Ebrahim Raisi.
“Estas acciones ponen en evidencia la continua violación de Derechos Humanos por parte de Irán hacia quienes luchan por un sistema que respete la igualdad”, advirtió la organización.
De acuerdo con Amnistía Internacional, los manifestantes que ejercen su derecho legítimo a la protesta “continúan siendo detenidos y condenados mediante juicios injustos y largas penas de prisión”.
“Las personas que reclaman son, en su mayoría, jóvenes y estudiantes que luchan por un cambio hacia un sistema que respete la igualdad y los derechos humanos. En respuesta, las autoridades iraníes están haciendo un uso ilegítimo de la fuerza y ya son más de 480 las personas que han muerto a manos de las fuerzas de seguridad, incluyendo niños y niñas”, agregó.
Según cifras que maneja la organización, al menos 5 personas han sido ejecutadas desde finales del año pasado, mientras que otras 14 corren peligro de ser sentenciadas a la horca.
Recientemente, las fuerzas represoras de Irán ejecutaron al ex viceministro de Defensa Alireza Akbari, ciudadano británico-iraní condenado a muerte por presuntamente espiar para los servicios de inteligencia del Reino Unido.
Su ejecución se llevó a cabo a pesar de los llamados de la comunidad internacional para que fuese detenida.
Irán ha sido acusado de usar a presos con doble nacionalidad en especial, pero también de otros países, como medida de presión o para intercambio de prisioneros con otros países.
Esto ha sido denominado como la “diplomacia de los rehenes” por otros países y organizaciones de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional también denunció que Irán mantiene un sistema institucionalizado de opresión, donde las mujeres pueden ser castigadas con penas de prisión, azotes o multas por dejarse ver en público sin velo. Como el caso de Yasaman Aryani, otra joven que se encuentra encarcelada desde 2019 por hacer campaña en contra del uso obligatorio del velo.
“A pesar de la condena mundial y de la tendencia global de abolir la pena de muerte, en Irán se sigue condenando a muerte y ejecutando personas por su vinculación con las protestas, después de juicios manifiestamente injustos, muy breves, en los que se usan como prueba confesiones obtenidas bajo tortura”, indicó.
En su primera edición de boletines internacionales del año denominada “Contexto Internacional: crisis de derechos humanos en Irán” la organización expone el caso del futbolista Amir Nasr Azadani, quien corría peligro de ser ejecutado y sobre él hoy pesa una pena de 25 años de prisión.
Nasr-Azadani, que ha defendido públicamente los derechos y libertades de las mujeres en Irán, fue acusado de participar en el asesinato de tres oficiales de seguridad, incluidos dos miembros voluntarios de la milicia Basij, durante las protestas en Isfahan del pasado 16 de noviembre, según la agencia estatal iraní IRNA.
El pasado martes, la Unión Europea (UE) aseguró que mantiene sobre la mesa “todas las opciones” contra Irán, incluidas nuevas sanciones contra la Guardia Revolucionaria Islámica, según el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
El político europeo recordó que en los últimos tres meses los países de la UE han añadido a 60 personas y 8 entidades a la lista de personas sujetas a medidas restrictivas por su papel en la muerte de Amini y la violenta respuesta a las manifestaciones posteriores.
“Este enfoque continuará tanto tiempo como sea necesario”, añadió.
(Con información de nota de prensa y EFE)
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