El Viejo Continente tiembla ante la idea de tener que hacer frente a un movimiento masivo de partida de empresas cuando no terminan las consecuencias del COVID-19 y, menos aún, de la guerra que se desarrolla en Europa. Las advertencias coinciden en señalar la amenaza de desindustrialización que podría provocar el apogeo de la ley “proteccionista” lanzada por el gobierno de Joe Biden.
La “Ley de Reducción de la inflación” (IRA), una normativa aprobada por la administración Biden en agosto y que prevé inversiones masivas para la transición energética - acompañadas de generosos subsidios para vehículos eléctricos, baterías y energías renovables producidas en Estados Unidos - encendió la furia europea. Para los Veintisiete se pondrán sobre la mesa cientos de miles de millones de dólares de inversión que se manifestarán, por ejemplo, en ayudas a particulares que comprarán coches eléctricos “Made in USA”.
Pero la respuesta arriba desde Bruselas. El gobierno europeo devela una nueva reforma de las ayudas estatales destinada a simplificar y acelerar los procesos, así como a proporcionar un apoyo más rápido y específico a la producción en sectores clave estratégicos para la transición verde.
El presidente francés Emmanuel Macron intentó, en su pasada visita a Washington frente a su par Joe Biden, detener esta ley que la Unión Europea (UE) considera “proteccionista” y que vuelca 369.000 millones de dólares en subvenciones a las americanas. El galo argumentó que corre el riesgo de “fragmentar Occidente” y preocupó que “Europa y Francia se conviertan en una suerte de variable de ajuste” de la rivalidad entre ese país y China.
Por eso, de acuerdo a las fuentes de la Comisión Europea, su presidenta Ursula Von Der Leyen, aprovecha la cumbre de Davos, para descubrir los próximos pasos en la respuesta de Europa al IRA, algunas adelantas sobre finales del año 2022.
En ese marco, un documento de diez páginas, del que ha informado el diario parisino “Les Echos” - al igual que otros medios, en particular el económico alemán “Handelsblatt”-, el Palacio del Elíseo defiende una líneas fuerte para desarrollar una estrategia “Made in Europe” destinada a dar batalla a los millones de dólares en subsidios de la Casa Blanca.
También este martes, durante una reunión económica en Madrid, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, aseguró que estaba “trabajando” en medidas “comparables” a las estadounidenses pero dirigidas a las compañías europeas. El funcionario, previniendo el riesgo de un plan que podría “distorsionar” la competencia, defendió la necesidad de reaccionar: “No es demasiado tarde. Necesitamos enviar un mensaje fuerte a nuestra industria“, explicó.
La iniciativa europea, en primer lugar, busca crear “un fondo de emergencia” que se sostenga en la financiación existente, para luego dar paso a otro paquete “soberano” que debería estar operativo antes de finales de 2023. Aunque el segundo no tiene el aval suficiente, Francia recuerda los 365.000 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia (FRR) “asignados y aún no desembolsados” que podrían reasignarse a sectores estratégicos de la UE. En todos los casos, se trata de imponer para el reparto los mismos esquemas utilizados para luchar contra la pandemia del coronavirus.
“Todos los días me cuentan ejemplos” de empresas que han renunciado a “invertir en Europa”, admitió Thierry Breton el martes. Este argumento se extiende entre los Veintisiete, quienes exigen una “coordinación” de Bruselas frente al temor que sus empresas puedan relocalizarse al otro lado del Atlántico.
Los europeos consideran al IRA una amenaza. El ministro de Industria checo, Jozef Sikel, sostuvo que es ”inaceptable”. La ministra de Comercio Exterior de Países Bajos, Liesje Schreinemacher, la calificó como “preocupante”, mientras que para el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, es “desequilibrada”. En algunos casos, la cantidad de subsidios que propone Washington es de cuatro a diez veces el importe máximo autorizado por la Comisión Europea.
Para explicar el posible impacto se repite el riesgo para la industria automotriz. Uno de los máximos puntos de tensión es el subsidio de hasta 7.500 dólares que se otorga para la compra de un vehículo eléctrico fabricado en Estados Unidos, Canadá o México. Esta subvención deja afuera a los fabricantes europeos, produciendo grandes pérdidas. “Esto creará una barrera comercial inaceptable y contraria a las reglas de la Organización Mundial del Comercio“, juzgó Breton.
En detalle, la respuesta presentada por la Comisión a la IRA constará de “tres partes”, precisó este martes la comisaría europea. Un componente regulatorio, orientado a acelerar el desarrollo de la “tecnología verde” del mercado común; un aspecto financiero, para que todos los Estados miembros tengan acceso a recursos para apoyar este sector; y finalmente la creación de un “fondo soberano” capaz de invertir en proyectos industriales europeos.
Segun adelantó Breton, las dos primeras partes se presentarán en el Consejo Europeo del 9 de febrero y la tercera podría definirse más bien durante la segunda mitad del año.
En tanto, von der Leyen estimó a principios de diciembre que la UE debería tomar medidas de “reequilibrio” para limar las “distorsiones” generadas por el plan norteamericano. A pesar de los temores, los socios están divididos en el volumen de la respuesta, abogando a un mayor diálogo, y recordando que son aliados para enfrentar a Rusia en la invasión desatada sobre Ucrania, es decir en tierra europea.
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