
Irán afirmó este viernes que no reconoce la misión independiente aprobada este jueves por la ONU para investigar violaciones de las libertades fundamentales en las protestas desatadas tras la muerte en septiembre de la joven Mahsa Amini.
“La República Islámica de Irán considera innecesaria y una violación de la soberanía nacional la formación de cualquier mecanismo para examinar los hechos de los dos últimos meses en Irán y no reconoce la misión establecida para ello”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este jueves la creación de una misión independiente de investigación que tendrá como objetivo “recoger y analizar evidencias” de violaciones de los derechos humanos en la represión que ha causado ya más de 300 muertos -entre ellos 40 niños- y cerca de 15.000 detenidos.
La resolución que incluye este nuevo mecanismo de investigación se aprobó con 25 votos a favor, 16 abstenciones y seis en contra, entre estos últimos el de China, que intentó previamente sin éxito que se retirara de la resolución el texto que aludía a la creación de la misión investigadora.
Irán condenó y rechazó la resolución “impuesta por algunos países occidentales al Consejo de Derechos Humanos de la ONU” y defendió su actuación ante las movilizaciones que piden el fin de la República Islámica.

“Las fuerzas de seguridad iraníes han tratado a los alborotadores con la máxima moderación y docenas de policías y efectivos de seguridad han muerto y miles de personas han resultado heridas”, indicó la cartera de Exteriores.
Además, subrayó que las autoridades del país persa han mostrado “el máximo apaciguamiento y bondad humana a los arrestados y especialmente la máxima tolerancia a las mujeres”.
Irán señaló directamente a Alemania, uno de los principales promotores de la resolución, a quien acusó de cometer “un error histórico” movido por objetivos políticos y “noticias falsas”.
“Esta manera de actuar no solo no promueve los derechos humanos, además los convierte en víctima de cierto grupo de países”, aseguró.
Las manifestaciones comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, pero han evolucionado y ahora los que protestas piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.
Las autoridades han respondido con una fuerte represión policial a las protestas, en las que han muerto al menos 342 personas, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.

Además, más de 15.000 personas han sido detenidas en las movilizaciones, de las que al menos 2.000 han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las mismas.
Hasta ahora, seis de los acusados han sido condenados a muerte.
El régimen iraní acusó a Estados Unidos, Israel y a países europeos de tratar de provocar una guerra civil para “desintegrar” el país persa con las protestas.
Teherán también señaló a países europeos como Alemania, cuya embajada es el supuesto centro de la conspiración, según algunos medios iraníes, y Francia, que ha enviado espías para fomentar las movilizaciones.
(Con información de EFE)
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Mientras se enfrenta a Irán, Israel despliega más recursos militares para su guerra con Hezbollah en el Líbano
El jefe del Estado Mayor israelí reconoce un fallo en las alertas civiles durante el mayor ataque de Hezbollah desde el inicio del conflicto, mientras el ministro de Defensa amenaza con ampliar la ocupación territorial
Trump afirmó que la guerra en Irán avanza “muy bien” y dijo que es un país de “terror y odio”
El presidente aseguró que el conflicto avanza “muy rápidamente”; el balance de víctimas en suelo iraní supera los 1.200 muertos según las autoridades de Teherán

Sudáfrica interceptó cuatro pesqueros chinos que habían manipulado sus sistemas de rastreo
Pretoria acusa a las embarcaciones de haber entrado en su zona económica exclusiva sin autorización mientras tramitaban un permiso de tránsito, y de haber desconectado repetidamente el sistema obligatorio de identificación automática

Más de un millón de autos ilegales circulan en Francia por un fraude en la matriculación tras la digitalización del sistema
El Estado perdió 550 millones de euros y enfrenta graves riesgos de seguridad y evasión fiscal

