
El Kremlin endureció en 2021 la campaña de represión de las voces rusas más críticas con leyes contra la oposición, las ONGs y la prensa libre, según el informe anual de Human Rights Watch (HRW) sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
El punto culminante fue la detención y condena a principios de año del líder opositor, Alexéi Navalni, que regresó a Rusia tras ser envenenado meses antes supuestamente por agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).
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Varios defensores de los derechos humanos tuvieron que abandonar Rusia debido a las presiones de las autoridades y los servicios de seguridad como es el caso del abogado Iván Pávlov y los activistas estadounidense, Vanessa Kogan; uzbeka, Valentina Chupik, y tayiko, Izzat Amon, que fue detenido tras ser deportado a su país.
Rusia endureció aún más la ley de agentes extranjeros, que se otorga a personas y organizaciones financiadas desde el exterior, y que incluye ahora a casi cien medios, personas y ONG.
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La prensa fue uno de los sectores más afectados por la represión, desde medios críticos como Project Media, VTimes u Open Media, a periodistas de investigación como Román Dobrojótov, ahora exiliado.
Las autoridades también recortaron la libertad de manifestación con nuevas enmiendas y aprovecharon la pandemia del coronavirus para prohibir cualquier acto público convocado por la oposición extraparlamentaria.
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Miles de personas fueron detenidas, contra las que se abrieron numerosos casos administrativos, pero también penales, por la participación en protestas antigubernamentales sin autorización oficial.
El informe de HRW critica los abusos en las cárceles rusas, que incluyen muertes sospechosas bajo custodia, y aludió a los vídeos con imágenes de torturas y violaciones publicados por la organización Gulagu.net, cuyo jefe, Vladímir Osechkin, está exiliado en Francia.
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La legislación sobre extremismo permitió a las autoridades prohibir varias organizaciones vinculadas con Navalni, entre ellas el Fondo de Lucha contra la Corrupción, y perseguir a los seguidores de los Testigos de Jehová.

Según el informe, Rusia también incrementó su presión sobre las redes sociales rusas y extranjeras en un intento de limitar el acceso a la información en la red.
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Se aprobaron leyes que restringieron la libertad digital, además de que las autoridades conminaron a las redes sociales a censurar la información relacionada con Navalni y las protestas antigubernamentales, e incluso ralentizaron Twitter hasta que cumplió con sus demandas de censura.
Según HRW, Chechenia y su líder, Ramzán Kadírov, siguen persiguiendo toda forma de disidencia, incluido a través de secuestros.
Además, cargó también contra Moscú por perseguir a los críticos en la anexionada península de Crimea, especialmente a la minoría tártara, y también por su apoyo a los ataques indiscriminados contra civiles en Siria.
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El informe no incluye la liquidación a finales de diciembre de la organización de derechos humanos Memorial, la más importante y antigua de Rusia, fallo judicial que provocó una unánime repulsa occidental.
(Con información de EFE)
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