La Audiencia Nacional española confirmó la extradición de la ex jefa del Tesoro de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos, reclamada por blanqueo y organización criminal.
Supuestamente favoreció al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó ganancias de cientos de millones de dólares.
Los magistrados, en un auto conocido este viernes, desestimaron el recurso de súplica que presentó Díaz Guillén, conocida también como la enfermera de Hugo Chávez, contra su entrega, aprobada el pasado mes de octubre.
El tribunal argumenta que los hechos que atribuye la justicia norteamericana a la reclamada y que tipifica como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios, tienen un equivalente en España, requisito para la extradción.
Las autoridades de Estados Unidos sospechan que Gorrín pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho a participar en transacciones de cambio de moneda que le reportaron ganancias millonarias.
Según la demanda de extradición, para ocultar los pagos que permitían que Raúl Gorrín efectuase cambios de moneda extranjera para el Gobierno venezolano y asegurarse una ventaja indebida en la adquisición del derecho de realizar dichas transacciones de cambio de moneda, los implicados utilizaron cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias.
“Y se disfrazó numerosos pagos de sobornos a beneficio de Claudia Patricia Díaz Guillén”, añade la reclamación, efectuando pagos a su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, que fue guardaespaldas de Hugo Chávez y a cuya extradición por estos mismos delitos, pero tramitada en un procedimiento aparte, también dio luz verde la Audiencia Nacional.
Los magistrados españoles destacan que el enmascaramiento de los importes transferidos a través de sociedades ficticias es lo que implica el lavado del dinero del soborno a Claudia Patricia Díaz Guillén.
De acuerdo con la reclamación del Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 a 2017 Gorrín Belisario, junto a Díaz Guillén y su marido, participaron con otros en un “estratagema corrupta” en relación al cambio de moneda extranjera efectuado por el gobierno venezolano a cambio de sobornos.
Adicionalmente, el empresario del país latinonamericano también habría comprado y pagado gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes y una marca de diseñador de modas en el distrito sur de Florida y distrito sur de Texas.
Por su parte, el pasado 5 de noviembre la Sección Segunda aprobó la extradición a Estados Unidos de Velásquez Figueroa por delitos de blanqueo y organización criminal en un supuesto fraude en el canje de divisas.
La decisión definitiva de la Audiencia Nacional con respecto a Díaz Guillen llega después de que la Policía Nacional la detuviese el pasado 23 de diciembre en España junto a Velásquez Figueroa después de que Estados Unidos los reclamase por delitos relacionados con el blanqueo de capitales.
Ambos ya fueron detenidos en abril de 2018 después de que la Embajada de Venezuela emitiera una orden de detención por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito contra la también ex directora de la Oficina Nacional del Tesoro y su pareja que, según la prensa venezolana, ejerció como jefe de seguridad del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, rechazar sus extradiciones a Venezuela debido a la “posible vulneración de derechos fundamentales” de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados.
(Con información de EFE y Europa Press)
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