El Partido Comunista de China (PCCh) nombró nuevo jefe de la rama del Partido en Tíbet a Wang Junzheng, un funcionario chino sancionado por varios países occidentales por su rol como jefe de seguridad en la polémica región noroccidental china de Xinjiang.
La agencia estatal de noticias Xinhua informó este martes que “Wang Junzheng ha sido nombrado secretario del comité regional del PCCh en la región autónoma de Tíbet, en sustitución de Wu Yingjie”, quien está previsto que se jubile en breve.
El pasado mes de marzo, la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, entre otros, anunciaron sanciones contra varios funcionarios chinos -entre ellos, Wang- por supuestos abusos contra los derechos humanos en Xinjiang que Beijing ha negado en repetidas ocasiones.
Wang, de 58 años, fue nombrado jefe de la seguridad de Xinjiang en febrero de 2019 y también vicesecretario del PCCh en esta región en la que, según varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, desde 2017 se ha llevado a cabo el internamiento forzoso de cientos de miles de integrantes de minorías de confesión mahometana, entre la que los uigures es la más numerosa.
Según el diario hongkonés South China Morning Post, “la promoción de Wang subraya el desaire de Beijing a la respuesta de Occidente a sus políticas en Xinjiang”, así como “su creciente interés en el equipo de funcionarios que han trabajado en la región” por considerar sus aptitudes “ejemplares” a la hora de lidiar “en zonas pobladas con grandes minorías étnicas”.
La región de Tíbet es de alta importancia para el régimen de Xi Jinping. Desde los disturbios antichinos de 2008, Beijing ha invertido sumas millonarias con la esperanza de contrarrestar la influencia del Dalái Lama. El descontento no ha desaparecido y se han producido inmolaciones esporádicas de monjes budistas leales al Dalái Lama.
Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado los supuestos atropellos cometidos por las autoridades en Xinjiang, y basan sus argumentos en imágenes por satélite que atestiguan la expansión de centros de detención, entrevistas con uigures exiliados y familiares en el extranjero que han perdido el contacto con su parientes en China, o documentos oficiales del Gobierno chino, tanto públicos como filtrados.
En una rueda de prensa celebrada la semana pasada en Beijing, representantes del Gobierno de Xinjiang consideraron que se trata solo de “falsedades”.
Las restricciones a la hora de informar sobre esta región son múltiples y los periodistas extranjeros que viajan de manera independiente a Xinjiang son sometidos a vigilancia e intimidación continua, tal y como recoge el último informe del Club de Corresponsales Extranjeros de China.
(Con información de EFE)
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